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Una Corte de Apelaciones niega ampliar la obligación de consultar a los indígenas
En un caso federal clave, relacionado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Corte mantiene la aprobación para la construcción de un vertedero de desechos nucleares cerca del río Ottawa, pese al rechazo de la Primera Nación Kebaowek.
El jefe de Kebaowek, Lance Haymond (centro), aparece rodeado de simpatizantes frente al edificio de la Corte Federal, en el centro de Ottawa. De derecha a izquierda: el diputado del Bloque Quebequense Sébastien Lemire, el concejal de Kebaowek Justin Roy y la anciana algonquina Claudette Commanda.
FOTO: BRETT FORESTER/CBC
Una comunidad algonquina de Quebec perdió un caso crucial en una Corte de apelaciones sobre si el gobierno federal debe implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), consultando debidamente a los pueblos indígenas sobre proyectos que afectan sus derechos.
En una decisión escrita publicada el 16 de octubre, la Corte Federal de Apelaciones confirmó por unanimidad la autorización otorgada por la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear para la construcción de un vertedero de residuos nucleares cerca del río Ottawa, en el laboratorio de Chalk River, en la provincia de Ontario.
La Primera Nación Kebaowek, que se opone al proyecto, impugnó con éxito dicha aprobación ante un tribunal federal argumentando que la legislación canadiense de 2021 sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, exige que los responsables de la toma de decisiones gubernamentales, al aprobar este tipo de proyectos, amplíen su proceso de consulta para que se ajuste a la DNUDPI.
Sin embargo, la Corte de apelaciones no estuvo de acuerdo con ese fallo y revocó una orden de un tribunal inferior que exigía consultas más exhaustivas con los indígenas anishinaabeg de Kebaowek, concluyendo que la ley federal no implementa los artículos de la DNUDPI de inmediato, sino que prevé un proceso para implementarlos eventualmente
.
El proyecto de construcción de un vertedero de residuos nucleares es rechazado por los indígenas anishinaabeg de Kebaowek.
FOTO: RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG
Estas disposiciones contemplan acciones futuras, no una implementación inmediata de los artículos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación canadiense
, escribió el juez Wyman W. Webb en nombre del panel de tres jueces.
En otras palabras, según el tribunal, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no prevalece sobre la legislación canadiense hasta que el gobierno canadiense, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, establezca explícitamente dicho proceso.
Estamos decepcionados, desconsolados y desgraciados. Desde luego, esa no es la decisión que esperábamos
, dijo por teléfono el concejal de Kebaowek, Justin Roy, tras conocerse la decisión.
Incluso cuando hablábamos de eventuales fallos negativos, una decisión de semejante negatividad ni siquiera hacía parte de lo que considerábamos posible.
Robert Janes, asesor legal de los indígenas de Kebaowek, calificó la decisión de decepcionante y desconcertante, afirmando que contradice un fallo del Tribunal de Apelación de Columbia Británica en un caso similar, llamado Gitxaala, relativo a la legislación provincial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ese tribunal dictaminó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de la legislación de la Columbia Británica con efecto jurídico inmediato, lo que los observadores elogiaron como una importante victoria para los pueblos indígenas que aumenta drásticamente su capacidad para utilizar esa declaración para la defensa de sus derechos.
La Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recibió la sanción real el 21 de junio de 2021 y convirtió a Canadá en uno de los primeros países en incorporar formalmente la declaración de la ONU a su marco legal federal.
Esa ley afirma que la Declaración de la ONU es un instrumento internacional de derechos humanos que debe utilizarse para interpretar y aplicar las leyes canadienses, sirviendo como base fundamental para la reconciliación, la justicia y la paz.
También establece que el Gobierno de Canadá tiene la obligación legal de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las leyes federales actuales y futuras sean totalmente consistentes y estén en armonía con los principios de la DNUDPI.
Creo que, en cierto modo, el Tribunal Federal de Apelaciones estaba comunicando que no estaba de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica. Hasta cierto punto, ese es uno de los asuntos que ahora tendrá que abordar la Corte Suprema de Canadá.
Oficinas administrativas del Consejo de la Primera Nación Kebaowek.
FOTO: RADIO-CANADA / TANYA NEVEU
El máximo tribunal de justicia en el país ya aceptó examinar el caso de Gitxaala, y la Primera Nación Kebaowek supo el 15 de octubre que se le permitirá intervenir, aunque aún no se ha fijado una fecha para la audiencia.
Si se mantiene la decisión de la Corte Federal de Apelaciones, esto reducirá la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a una especie de promesa en una lista de tareas pendientes a la que se atenderá en algún momento en el futuro.
Una jueza de la Corte Federal había ordenado una consulta
El basurero de desechos nucleares en cuestión podría llegar a contener hasta un millón de metros cúbicos de residuos radiactivos de baja intensidad, lo que equivale a la talla de unas 400 piscinas olímpicas.
En un comunicado, la entidad Laboratorios Nucleares Canadiense (Canadian Nuclear Laboratories) afirmó que se está tomando el tiempo necesario para evaluar esa decisión.
Dado que existen pocos ejemplos de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Canadá, y ninguno en el sector nuclear, era importante que LNC entienda claramente lo que se requiere para continuar con nuestro trabajo
, dijo la organización, añadiendo que mantiene su compromiso de participar activamente en el camino de la reconciliación.
La disputa legal surgió tras la conclusión original de la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, que afirmó que no tenía jurisdicción para determinar cómo implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación canadiense. El Tribunal Federal no estuvo de acuerdo.
La jueza Julie Blackhawk ordenó a la comisión y al proponente, el consorcio del sector privado Canadian Nuclear Laboratories, que emprendieran un proceso de consulta ampliado, el primero de su tipo, diseñado para implementar el principio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los Estados deben consultar con los pueblos indígenas para intentar obtener su consentimiento libre e informado.
Esas negociaciones fracasaron justo antes de la fecha límite impuesta por el tribunal. La Primera Nación Kebaowek acusó a las otras partes de dilatar el proceso con el objetivo de imponerse en el proceso de apelación.
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Ahora, la Corte de Apelaciones ha revocado la sentencia de la jueza Blackhawk y desestimó la solicitud original de revisión judicial presentada por los indígenas de Kebaowek. El tribunal determinó que la ley federal sobre la DNUDPI no impone nuevas obligaciones a la comisión nuclear en relación con la Primera Nación Kebaowek.
La decisión se produce en medio de un mayor escrutinio político y legal sobre el tema de la consulta debida con los pueblos indígenas sobre proyectos que afectan sus territorios y sus culturas, mientras el gobierno de Carney impulsa la agilización de la aprobación de grandes proyectos de infraestructura y explotación de materias primas.
El primer proyecto de interés nacional designado formalmente como tal por Ottawa, el propuesto oleoducto Pacific Link que transportará combustibles fósiles desde Alberta hasta Columbia Británica, ya enfrenta una impugnación judicial por parte de la Primera Nación Cold Lake en Alberta.
Independientemente de la decisión, Roy y Janes instaron al gobierno canadiense a respetar e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la legislación pertinente.
Ellos mismos se encaminaron por esa senda con el gobierno de Justin Trudeau hace varios años, pero hemos visto durante el último año que este nuevo gobierno liberal no es el gobierno de Trudeau
, dijo Roy.
En un comunicado, la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear afirmó que mantiene su compromiso con la reconciliación, la consulta y la colaboración con las naciones indígenas en el desarrollo de su labor regulatoria.
Fuente: CBC / B. Forester
Adaptación: RCI / R. Valencia
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