La Administración de Trump sanciona al Tribunal Penal Internacional horas después del Nobel de la Paz a una de sus exjuezas
El presidente de EE UU ha declarado repetidamente que él merece el galardón, que este año ha recaído en Navi Pillay
La Administración de Trump impuso este viernes nuevas sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI), horas después de que una de sus exjuezas ganara el Premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos ha declarado repetidamente que merece.
El TPI, que ya había recibido golpes previos de Washington en forma de castigos económicos a 13 de sus jueces y fiscales, condenó inmediatamente las nuevas sanciones y difundió un comunicado en el que avisa de que estas no impedirán que el tribunal, con sede en La Haya, continúe con su labor.
“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la corte cumpla la función para la que fue creada”, denuncia el texto, que habla de un “ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio básico de que nadie está por encima de la ley”.
Horas antes, el Nobel de la Paz había recaído en la veterana jurista sudafricana Navi Pillay, por sus esfuerzos a la hora de promover la paz y el derecho internacional, según el Comité noruego. Pillay (Durban, 85 años) ha pasado a lo largo de su extensa carrera profesional por las principales instituciones de justicia internacionales. Y sigue en activo.
La noticia de las sanciones la adelantó Reuters, que tuvo acceso a una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, que dice: “El presidente Trump nunca permitirá que el Tribunal Penal Internacional procese a [ciudadanos] estadounidenses”.
La medida es la última de una larga serie de ataques de Washington contra el organismo internacional, que cuenta con 125 Estados socios, entre los que no figura Estados Unidos, el único país de la OTAN, junto a Turquía, que no es miembro del TPI.
Concretamente, las sanciones proscriben al TPI del sistema financiero estadounidense, con el que trabaja la mayoría de los bancos. Alcanzan también a todos aquellos —empresas, instituciones o particulares— que colaboren con la institución y tendrán consecuencias en el apoyo a las víctimas de los delitos perseguidos por el TPI: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y agresión armada. “Prohibiremos las transacciones con este tribunal díscolo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”, añade el comunicado del Departamento de Estado sobre el castigo económico anunciado.
La Unión Europea, que celebró con entusiasmo el premio de Pillay, calificó de “profundamente lamentable” la decisión estadounidense y anunció que “colaborará estrechamente con el TPI para garantizar que siga funcionando con eficacia”, informa Silvia Ayuso. La UE confió en que aún haya “margen para el diálogo”, dado que los castigos tardarán seis meses en entrar en vigor.
Crímenes de lesa humanidad
La Administración de Trump ha criticado con dureza las órdenes de detención emitidas por el TPI, fundado en 2002, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la brutal ofensiva en Gaza. “El TPI no es un tribunal, es un organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias que respetan la ley en todo el mundo”, dijo Netanyahu en un mensaje en la red social X, en la que felicitó a Estados Unidos por su decisión de imponer sanciones.
Pillay trabajó como jueza en la Sala de Apelaciones del tribunal entre 2003 y 2008. Trump ya pidió sin disimulo durante su primera presidencia que le dieran el Nobel de la Paz. Meses antes de la concesión del premio el año pasado, ya metido plenamente en su segundo mandato, arreciaron los comentarios en comparecencias públicas y en las redes sociales en los que se vendía a sí mismo como el más indicado para recibir el galardón por las guerras con las que aseguraba haber terminado (entre ocho y 10, según el día).
Se trata, siendo generosos, de una exageración. En los cálculos que suele hacer el presidente cuenta los conflictos entre India y Pakistán, y Armenia y Azerbaiyán, a cuya distensión colaboró el año pasado en Washington. Son, como mucho, acuerdos parciales. Trump también presume de haber llevado la paz a Gaza, pero la realidad sobre el terreno muestra que el conflicto está lejos de terminar.
Es cierto que Estados Unidos medió en un acuerdo provisional entre la República Democrática del Congo y Ruanda, aunque la violencia se reanudó meses después. Algo similar sucedió con Camboya y Tailandia. Y dar por resuelto el conflicto diplomático entre Egipto y Etiopía por una presa etíope en el Nilo es otra interpretación reñida con la realidad.
Finalmente, el Nobel recayó en 2025 en la opositora venezolana María Corina Machado, que entregó personalmente la medalla del galardón a Trump en la Casa Blanca en enero de este año para agradecerle lo que ella definió como su compromiso con la libertad de Venezuela. Trump lo aceptó con una amplia sonrisa, según la imagen que difundió su Administración. Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos insistió en la idea de que Machado se lo regaló porque él “lo merecía”.
En su comunicado de este viernes, Rubio dice que Estados Unidos no “necesita”, ni “quiere” que haya un tribunal que investigue crímenes de guerra. “Pero a los expertos globalistas del otro lado del océano no les importa lo que piensen los ciudadanos estadounidenses. Quieren que el TPI haga más, incluido el procesamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden a su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que velan por nuestra seguridad nacional. Quieren más poder, y lo quieren a nuestra costa”, escribe el secretario de Estado.
Rubio también advierte de que la Administración de Trump acabará con el tribunal si este no “pone fin a sus amenazas”. A continuación, el texto lanza las suyas propias. “Esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte del TPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— paren los pies al tribunal”. De lo contrario, agrega, “Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar el TPI, ladrillo a ladrillo”.
En su comunicado, que firma su presidenta, Tomoko Akane, sancionada por Estados Unidos en agosto, el TPI defiende que el destino de la institución “recae ahora también en manos de los Estados que la crearon”.
“El Estatuto de Roma [su texto fundacional] es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes”, alerta el texto, que concluye con la advertencia de que “la historia juzgará este momento”. Las generaciones futuras, advierte, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, “se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue blanco de ataques”.
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