Política. A siete años de la rebelión, la derecha busca imponer su relato: violencia, orden y olvido de las demandas
A siete años de la rebelión popular de octubre de 2019, los partidos del oficialismo vuelven a instalar un relato que busca asociar la movilización con la violencia. Bajo la defensa de la democracia y el Estado de derecho, su declaración intenta convertir el 18 de octubre en una advertencia sobre los peligros de la protesta social. Pero detrás de esa operación hay una disputa política por la memoria de uno de los procesos de movilización más importantes de los últimos años. ¿Qué lo provocó?, ¿Qué fuerzas lo enfrentaron?, y ¿por qué sus principales demandas siguen sin resolverse?.
Domingo 18 de octubre 00:35
La declaración “Chile sin violencia: compromiso para no retroceder”, firmada por la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile y Demócratas, presenta el proceso abierto en octubre del 2019 como el inicio de un período de violencia, deterioro económico e inseguridad, estos partidos buscan instalar una interpretación política de la rebelión que pone en segundo plano sus causas y convierte la movilización popular en una advertencia contra futuras protestas.
La rebelión no surgió de la nada. Fue la expresión de un hartazgo acumulado durante décadas contra las condiciones de vida impuestas por el modelo neoliberal heredado de la dictadura: pensiones miserables, endeudamiento, salarios insuficientes, precarización laboral y acceso a derechos básicos como la salud y la educación. Millones salieron a las calles y pusieron en cuestión no solo al gobierno de Sebastián Piñera, sino también los pilares económicos y políticos sobre los que se había sostenido el régimen durante décadas.
La derecha busca invisibilizar la participación de trabajadores, estudiantes, pobladores y mujeres que ocuparon las calles para cuestionar un orden social que no daba respuestas a sus necesidades y que puso en crisis al gobierno abriendo la posibilidad de conquistar transformaciones profundas. El 12 de noviembre de 2019, con una huelga general que paralizó amplios sectores del país, esa fuerza alcanzó uno de sus momentos más importantes.
Piñera declaró que Chile estaba en guerra y desplegó militares en las calles, estados de excepción y toques de queda para enfrentar una movilización social que cuestionaba su gobierno. La represión dejó personas asesinadas, cientos de víctimas de trauma ocular, miles de heridos y denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Fueron las propias instituciones del Estado las que recurrieron a la fuerza para intentar contener una rebelión que no lograban controlar políticamente.
El Acuerdo por la Paz y el desvío institucional
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 por representantes de distintos partidos, fue una respuesta del régimen para enfrentar esta crisis. Al comprometer una salida institucional mediante un itinerario constituyente, trasladó el centro de la discusión desde la movilización en las calles hacia un proceso regulado por las instituciones y sus mecanismos de representación. De esta manera, las demandas de transformación que habían irrumpido con la rebelión quedaron encauzadas en un proceso cuyo resultado dependía de las reglas y los acuerdos de la política institucional y los límites del acuerdo. El problema fue que esa salida no solo tenia las reglas del juego ya listas para no cambiar nada fondo, sino que dejo fuera la lucha y movilización para conquistar directamente nuestras demandas.
La llegada de Gabriel Boric al gobierno profundizó las expectativas de que el ciclo de movilización se tradujera en cambios. Sin embargo, su administración terminó mostrando los límites de una estrategia que depositó las posibilidades de transformación en la negociación institucional y en los acuerdos con los mismos sectores políticos que habían administrado el modelo durante décadas.
El balance de estos siete años no puede limitarse, entonces, a la ofensiva de la derecha. También debe examinar cómo se desarticuló la fuerza social que había irrumpido en 2019, qué papel jugaron las direcciones políticas y sindicales y por qué no se logró convertir aquella movilización en conquistas. La derrota de la rebelión no fue inevitable: estuvo atravesada por decisiones políticas, por la represión y por la falta de una estrategia capaz de profundizar la movilización y enfrentar al conjunto del régimen.
Las demandas siguen presentes: el desgaste de Kast y un malestar que comienza a expresarse
Siete años después de la rebelión, las demandas sociales vuelven a chocar con las prioridades del Gobierno. Mientras José Antonio Kast impulsa una reforma tributaria que beneficia a los empresarios y recorta recursos para programas sociales, crece el malestar frente al desempleo, la precarización y el alza del costo de la vida. El desgaste del Gobierno también se expresa en las encuestas, mientras existe un rechazo mayoritario a los recortes de programas sociales y subsidios.
Al mismo tiempo, las movilizaciones estudiantiles y las protestas contra los recortes en educación muestran que ese malestar comienza a encontrar formas de expresión colectiva. Las luchas en universidades y liceos, con demandas por recursos, infraestructura y condiciones dignas de estudio y trabajo, son una señal de que la juventud vuelve a ocupar un lugar activo frente a los ataques del Gobierno. La experiencia de octubre del 2019 plantea una cuestión central: ¿Cómo evitar que estas luchas queden aisladas y avanzar en la coordinación desde las bases entre estudiantes y trabajadores?. El desafío no es esperar a que el descontento crezca por sí solo, sino construir una fuerza capaz de enfrentar los recortes y conquistar las demandas que siguen pendientes.
Prepararse para el futuro, no solo disputar el pasado
La derecha busca convertir el 18 de octubre en una lección sobre los "peligros" de la movilización y protesta. Pero la experiencia del 2019 muestra la potencia que puede alcanzar cuando millones irrumpen en la escena y ponen en cuestión los intereses de quienes gobiernan.
Recuperar esa experiencia no significa idealizar cada episodio de la rebelión ni suponer que las condiciones de entonces se repetirán de la misma manera. Significa discutir sus conquistas, sus límites y las razones por las que no logró triunfar. También implica sacar conclusiones sobre la necesidad de una organización independiente de los partidos del régimen y de una estrategia que permita articular la fuerza de los trabajadores con la de los estudiantes y los sectores populares, como se dio en el Comité de Emergencia y Resguardo en la ciudad de Antofagasta.
A siete años de la rebelión, la disputa por su significado sigue abierta. Frente a quienes buscan reescribir la historia para justificar la represión y deslegitimar la protesta, es necesario recuperar las razones que llevaron a millones a las calles y mantener vivas las preguntas que aquel proceso dejó planteadas: ¿Cómo enfrentar los ataques y la represión?, ¿Cómo conquistar nuestras demandas?, y ¿Cómo impedir que nuevas fuerzas de movilización terminen nuevamente subordinadas a acuerdos por arriba?.
La rebelión de octubre de 2019 fue una experiencia histórica de la que todavía es necesario aprender. Su legado no está en la nostalgia ni en la repetición de sus formas, sino en la posibilidad de prepararse para futuras luchas con una estrategia capaz de superar los límites que impidieron que aquella enorme fuerza social conquistara sus más profundas demandas.
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