¡Basta de impunidad! Conceden libertad condicional al carabinero que dejó ciega a Campillai: crece la indignación por la impunidad del 18-O
A siete años de la revuelta, la Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió el beneficio a Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de cárcel por el ataque que dejó ciega a Fabiola Campillai. La senadora rechazó la decisión y anunció acciones judiciales nacionales e internacionales. El caso se suma a la absolución de Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.
Teresa MelipalSantiago de Chile
Sábado 17 de octubre 01:56
La impunidad vuelve a estar en el centro del debate sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la revuelta de 2019. Este viernes 16 de octubre, la Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió por unanimidad el beneficio a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado por disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai.
La resolución se adoptó pese a la oposición de la senadora, quien compareció ante la comisión para expresar su rechazo. Tras conocerse la decisión, anunció que recurrirá a todas las instancias judiciales disponibles y que no descarta acudir a organismos internacionales.
“Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad”, sostuvo Campillai.
La parlamentaria también cuestionó el mensaje que esta resolución envía a quienes han sufrido la violencia estatal: “Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado”.
Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La libertad condicional comenzará a regir el 2 de diciembre de 2026, de acuerdo con la resolución.
“No me quedaré de brazos cruzados”: Campillai anuncia acciones judiciales
La senadora anunció que recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para intentar revertir la decisión y que, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales.
“No me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, afirmó.
Su denuncia va más allá de su propia experiencia. Campillai reivindicó una lucha que comparte con todas las víctimas de la violencia estatal en Chile.
“Soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país: nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella”, señaló.
El ataque contra Campillai ocurrió el 26 de noviembre de 2019, cuando esperaba locomoción en San Bernardo para dirigirse a su trabajo. Una bomba lacrimógena disparada por Maturana impactó en su rostro y le provocó lesiones que la dejaron ciega y le hicieron perder el gusto y el olfato.
“Este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía”, concluyó la senadora.
Campillai y Gatica: dos casos emblemáticos de la represión del 18-O
La decisión sobre Maturana se conoce meses después de que la justicia confirmara la absolución de Claudio Crespo, el exteniente coronel de Carabineros acusado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante una manifestación en Santiago, en noviembre de 2019.
En agosto de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y los querellantes, dejando firme la absolución dictada en el juicio. La resolución cerró la posibilidad de anular esa sentencia por la vía intentada.
Los desenlaces judiciales son distintos: Maturana fue condenado y ahora obtuvo el beneficio de la libertad condicional; Crespo fue absuelto y esa absolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, ambos casos remiten a una herida que sigue abierta desde la revuelta: la impunidad a las violaciones de los derechos humanos y la prisión política para los luchadores sociales.
Gustavo Gatica y Fabiola Campillai se convirtieron en símbolos de las graves lesiones oculares provocadas durante la represión. Sus casos condensan una experiencia compartida por numerosas víctimas: las secuelas permanentes de la violencia estatal y una larga disputa judicial para establecer responsabilidades.
A siete años del 18 de octubre, estos procesos vuelven a poner sobre la mesa qué garantías existen para las víctimas y cómo se enfrenta la responsabilidad de los agentes del Estado. La discusión no puede desligarse de la defensa del derecho a la protesta ni de las demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Frente a Kast, una alternativa independiente y organizada desde abajo
A siete años de la revuelta, enfrentar al gobierno de Kast exige sacar lecciones de aquel proceso. No basta con que las dirigencias del progresismo busquen recomponer sus fuerzas ni con confiar en los mismos partidos que administraron el modelo cuestionado en las calles y que, con el Acuerdo por la Paz, contribuyeron a encauzar la movilización hacia una salida institucional. Una oposición que se limite a la disputa parlamentaria corre el riesgo de volver a separar la política de las necesidades y la fuerza de quienes viven de su trabajo.
Frente a la ofensiva del Gobierno, se vuelve necesario construir un polo independiente de los partidos que pactaron con el Chile de los últimos treinta años: una alternativa que se apoye en las y los trabajadores, las organizaciones estudiantiles, las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios y las comunidades que enfrentan los efectos de las políticas de ajuste y los ataques a sus derechos. No se trata de desconocer la importancia de cada lucha, sino de articularlas en una perspectiva común, con independencia política y capacidad de movilización.
Esa coordinación no puede construirse únicamente desde las cúpulas ni resolverse en acuerdos entre dirigencias. Necesita levantarse desde abajo, a partir de asambleas en los lugares de trabajo, los establecimientos educacionales, las universidades y los territorios; con espacios democráticos donde las bases puedan discutir un programa de demandas, definir acciones comunes y decidir cómo dar continuidad a las movilizaciones. La experiencia del 18-O mostró la fuerza que puede alcanzar la acción colectiva cuando desborda los cauces establecidos.
Ante los ataques del Gobierno, necesitamos impulsar un plan de lucha que unifique los reclamos contra los despidos, el deterioro de las condiciones de vida, los recortes sociales y los retrocesos en derechos, junto con la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos. Un plan que no se agote en jornadas aisladas ni en declaraciones, sino que avance en organización y movilización, preparando las condiciones para una huelga general capaz de enfrentar los ataques en su conjunto.
¡Ni perdón ni olvido! ¡Justicia para Fabiola Campillai, Gustavo Gatica y todas las víctimas de la represión! Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la represión.
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