El ataque, que se llevó a cabo con drones kamikaze y misiles lanzados desde tierra, mar y aire, impactó instalaciones de la industria militar, siderúrgica y de refinación de petróleo, así como centros logísticos en las ciudades de Kiev, Boríspol, Zaporozhie, Kremenchug, Krivói Rog e Ilichovka, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
He aquí la lista detallada de los objetivos alcanzados en Kiev y la región de Kiev:
Una planta de ensamblaje de drones, donde, entre otras cosas, se fabricaban municionesHornet.
Centro de transporte y logística San-Park: un gran centro de almacenamiento y distribución de drones FPV de ataque.
Centro de transporte y logística Aleksandrovski: un gran centro donde se almacenaban componentes para drones.
En otras regiones:
En Zaporozhie y KrivóiRog: complejos metalúrgicos que suministran productos para la producción militar.
En la ciudad de Kremenchug: una refinería de petróleo que suministraba combustible a las FFAA de Ucrania.
La ofensiva rusa vuelve a poner en jaque la infraestructura portuaria de Ucrania
Las FFAA de Rusia volvieron a atacar la infraestructura portuaria de Odesa, Chernomorsk y Reni, en el sur de Ucrania, utilizada para procesar cargas militares, así como instalaciones energéticas.
En Ilichovka: una planta de ensamblaje de UAV y una planta de producción de salitre.
En los puertos de Odesa y Chernomorsk: 24 almacenes con material de uso militar.
En el puerto de Reni: instalaciones de infraestructura utilizadas para la descarga de cargamentos militares y combustible.
Instalaciones energéticas que garantizan el funcionamiento de los puertos, así como instalaciones de infraestructura de transporte utilizadas con fines militares.
Desde mediados de julio pasado, Rusia ataca a diario instalaciones portuarias del sur de Ucrania y naves implicadas en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro.
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Los europeos pagan casi nueve veces más por el gas natural que los estadounidenses debido a la estupidez de los burócratas de la UE, afirmó el representante especial del presidente de Rusia, Kiril Dmítriev. En sus palabras, esto es consecuencia directa del rechazo a los recursos energéticos rusos.
"El precio de la estupidez burocrática de la UE, expresada en el rechazo a los recursos energéticos rusos: los europeos pagan aproximadamente nueve veces más por el gas natural que los estadounidenses", escribió en la red social X.
Así Dmítriev comentó el mensaje del especialista en inversiones Karel Mercx, quien aportó datos según los cuales los europeos pagan 8,6 veces más por el gas natural que los estadounidenses.
La Asociación de Operadores de Redes Alemanas de Gas (FNB Gas) ya había alertado que los depósitos se encuentran a la mitad de su capacidad. El experto en energía Thorsten Storck, del portal Verivox, estima que, si los precios mayoristas se mantienen elevados, los consumidores finales alemanes podrían asumir costes adicionales de hasta 3.800 millones de euros —unos 4.400 millones de dólares— en 2027.
El Gobierno alemán, según el informe, no está prestando suficiente atención a las advertencias sobre seguridad energética y confía en un invierno benigno. Sin embargo, olas de frío prolongadas o interrupciones en el suministro obligarían al país a competir por el gas precisamente cuando la demanda mundial alcance su pico.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones asestan un duro golpe a toda la economía mundial.
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El Gobierno argentino anunció un programa de unos 1.500 millones de dólares, financiado con fondos jubilatorios, para ampliar el crédito hipotecario y reactivar la construcción. "Es una medida 'rara avis' para un Gobierno que cree siempre en la solución de mercado", dijo a Sputnik un experto.
La Administración del país sudamericano, que construyó buena parte de su identidad discursiva en contra de la intervención estatal, apostó a un fondo público para revivir uno de los sectores más golpeados de la economía: la construcción. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa de dos billones de pesos, unos 1.500 millones de dólares, financiado con las cajas jubilatorias, para ampliar el crédito hipotecario.
El mecanismo, presentado este 26 de agosto, consiste en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), licite plazos fijos entre bancos. El objetivo es darles fondeo de largo plazo para que otorguen más créditos hipotecarios ajustados por inflación, un negocio hasta ahora poco atractivo para las entidades.
El total se irá adjudicando en licitaciones del equivalente a 150 millones de dólares, con dos tramos: uno a un año, con una tasa mínima de referencia más 2,50%, y otro a cinco años, con un piso de 4,50%. Los créditos que otorguen los bancos con esos fondos no podrán superar una tasa de referencia más 7,50%, a un plazo mínimo de 15 años.
El monto máximo por crédito equivale a unos 200.000 dólares y estará destinado exclusivamente a la compra, construcción o refacción de una primera vivienda. Con ese esquema, el Gobierno espera alcanzar a 18.000 familias, aunque funcionarios del equipo económico aclararon que la cifra no constituye un cupo cerrado, sino una estimación sujeta al monto promedio que terminen otorgando los bancos.
El crédito hipotecario viene de un piso muy bajo. Según cifras oficiales citadas por Caputo, el stock de préstamos para vivienda equivale a apenas el 2% del producto interno bruto argentino, contra el 27% de Chile y el 75% de Estados Unidos.
El sector de la construcción, motor tradicional del empleo y el consumo interno, arrastra una recuperación despareja. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la actividad cayó 0,7% interanual en febrero y retrocedió 1,3% frente a enero, aunque el empleo del sector creció 3,6% en un año y los permisos de obra privada subieron 3,1% en el mismo período.
La medida se suma a otra anunciada dos semanas antes, que habilitó a los bancos a prestar en dólares a empresas hasta el 15% de sus depósitos, bajo normas del Banco Central de la República Argentina. El Gobierno busca así combinar el impulso a la oferta de viviendas, a través del financiamiento a desarrolladores, con el estímulo a la demanda, mediante el nuevo crédito para familias.
Llamó la atención que Caputo, referente del ala más ortodoxa del Gabinete y usualmente asociado a un discurso de ajuste fiscal, calificara la iniciativa como "un acto de justicia social", una expresión que el propio Milei rechazó en numerosas ocasiones y llegó a calificar de "aberración" durante su campaña presidencial y buena parte de su gestión de gobierno.
El giro discursivo convive con un dato que el funcionario no exhibió en la conferencia: mientras la cartera hipotecaria mantiene una morosidad baja, de 1,6% según cifras oficiales actualizadas, la mora del crédito a las familias en su conjunto trepó a 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004, casi el triple del promedio regional.
"Esta medida es una rara avis para un Gobierno que se dice libertario y que cree siempre en la solución de mercado", dijo a Sputnik el economista Ramiro Tosi. El experto explicó que el anuncio combina "dos intervenciones, tanto por el lado de la oferta de crédito como por el lado de la demanda: flexibilizar el financiamiento en dólares para empresas y ampliar el crédito hipotecario para compradores. El objetivo es claro: recuperar la actividad".
El especialista relativizó, sin embargo, el impacto real de la medida. "Es más efectista el anuncio que el impacto que tiene en el sector", advirtió, y recordó que la construcción es "de los que menos creció en términos relativos desde el 2023 para acá, con lo cual no sería tan optimista respecto a una recuperación inmediata".
El analista fue categórico sobre los límites del programa. "No creo que esto cambie rotundamente la dinámica de cómo viene la economía general", sostuvo, y agregó que "es positivo que exista, pero no es algo que vaya a cambiar en el corto plazo la dinámica de la situación económica general", concluyó.
Consultado por Sputnik, el economista Francisco Cantamutto situó el anuncio en un cuadro más amplio: "El Gobierno está buscando el ángulo por el cual tratar de presentar el programa sin salirse de los términos de su propio esquema discursivo, en una economía que crece más lento de lo que esperaba y se está quedando un poco sin herramientas para actuar".
El analista explicó que ese margen limitado responde a una decisión de política económica. "Su credibilidad para atraer inversiones y crédito se basa justamente en mostrar que no va a ceder ante las presiones y va a mantener un rumbo", planteó.
Cantamutto identificó el problema estructural detrás del anuncio. "Hay una crisis de morosidad que supera ampliamente a la expansión del crédito y es particularmente relevante en algunos segmentos", refirió, y explicó que el Gobierno busca resolverla "a través de reestructuración con el propio crédito, o sea, masificar el crédito y sanearlo por la vía de nuevo crédito más barato".
Para el economista, ese enfoque tiene un punto débil. "Gran parte de la deuda en mora tiene montos muy bajos y no tiene que ver con la falta de financiamiento barato, sino con la falta de ingresos para sustentarlo", planteó. Según el experto, "la única herramienta que tiene a mano el Gobierno es tratar de incentivar por la vía del crédito", en un contexto de bajo crédito total.
El especialista resumió el alcance real de la medida. "La mayor parte de los anuncios recientes tienen que ver con crédito hipotecario, que llega a un segmento muy limitado de la población, pero tienen un impacto positivo en términos de la demanda de construcción", indicó.
Tosi coincidió en el diagnóstico sobre la mora, aunque puso el foco en otro universo de deudores. "Es un universo de gente mucho más amplio que estas 18.000 familias que evaluó el ministro", remarcó, y consideró que atacar ese problema "tendrá un aspecto multiplicador mucho más potente y más inmediato, porque son créditos de más corto plazo, son créditos para el consumo".
Sobre la lectura política del Gobierno, el economista fue cauto. "Toma nota más allá de la retórica", dijo, aunque advirtió que "si esa situación no se corrige en los próximos seis meses", junto al deterioro del salario real y del ingreso disponible, "necesariamente algún impacto electoral para el gobierno va a tener".
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