En una nueva ofensiva contra la clase trabajadora, el Senado aprobó una reforma laboral que habilita jornadas de hasta 12 horas, limita el derecho a huelga y restringe las asambleas sindicales. El gobierno de Javier Milei presenta el paquete como una “modernización” destinada a generar empleo y atraer inversiones, pero para amplios sectores sindicales y políticos se trata de un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
Bajo el argumento de fomentar la competitividad y combatir la informalidad, la iniciativa fortalece el poder patronal para negociar condiciones a la baja y amplía las actividades consideradas esenciales, dificultando la organización de medidas de fuerza efectivas.
Un giro hacia el modelo laboral chileno
Lejos de ser un experimento aislado, la reforma introduce cambios estructurales que distintos analistas comparan con el esquema de flexibilización aplicado durante décadas en Chile, caracterizado por una negociación más descentralizada y mayores márgenes de maniobra para las empresas.
Según el oficialismo, el objetivo es fomentar la contratación —especialmente en pequeñas y medianas empresas—. Sus detractores, en cambio, advierten que el costo recaerá principalmente sobre las condiciones de trabajo y el poder de negociación sindical.
Entre los principales puntos se destacan:
- Flexibilización del despido: se modifica la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos no habituales como vacaciones o aguinaldo, reduciendo el costo final para los empleadores.
- Fondo de cese laboral: se crea un sistema financiado por aportes patronales mensuales para cubrir eventuales despidos, reemplazando parcialmente el esquema indemnizatorio tradicional.
- Vacaciones y jornada laboral: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones y se incorpora un “banco de horas” que permite extender la jornada hasta 12 horas diarias.
- Negociación colectiva más débil: se priorizan los acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales, una característica central del modelo chileno.
- Restricciones al derecho de huelga: se amplían los mecanismos para garantizar la continuidad productiva durante los conflictos, limitando tanto las medidas de fuerza como la actividad sindical.
Para los sectores críticos, más que una modernización, el paquete redefine el equilibrio entre capital y trabajo en favor del empresariado.
Rabia en las calles y resistencia a la represión
Este miércoles, sectores de vanguardia, el sindicalismo combativo y la izquierda salieron a las calles para enfrentar la represión del Gobierno nacional, en un operativo encabezado por la ministra Patricia Bullrich. La jornada reflejó un clima creciente de tensión social frente a una reforma percibida como un ataque directo a las condiciones de vida de millones.
La movilización también estuvo atravesada por una fuerte bronca contra la conducción de la Confederación General del Trabajo, cuestionada por no convocar a un paro nacional mientras sostiene negociaciones con el Ejecutivo. Para muchos manifestantes, la pasividad de la central sindical contrasta con la magnitud del avance oficial.
Frente a este escenario, distintos sectores plantean la necesidad de preparar el camino de una huelga general capaz de derrotar la reforma. La tarea inmediata, señalan referentes del sindicalismo combativo, es organizarse desde abajo, multiplicar reuniones y asambleas en cada lugar de trabajo y exigir a las direcciones sindicales un paro activo y un verdadero plan de lucha.
Dos semanas para organizar una gran lucha
El Gobierno pretende acelerar los tiempos parlamentarios y llevar el proyecto a debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el próximo 25 de febrero. El calendario impone un desafío inmediato: quedan apenas dos semanas para preparar una respuesta a la altura del ataque.
"Hace falta multiplicar encuentros en facultades, terciarios y escuelas secundarias de todo el país, así como promover la organización del movimiento de mujeres, de las y los artistas, del activismo ambiental y de todos los sectores dispuestos a enfrentar el avance gubernamental. La perspectiva que empieza a abrirse paso es la de una coordinación amplia de las luchas, capaz de transformar la bronca en una fuerza social que frene la ofensiva y defienda los derechos laborales", señaló Myriam Bregman, diputada nacional del PTS por el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad.
La pelea empieza en cada lugar de trabajo, con asambleas y reuniones que discutan cómo imponer un paro activo a las conducciones sindicales. Pero la resistencia no puede limitarse al movimiento obrero organizado: también requiere la participación del movimiento estudiantil, llamado a ponerse de pie frente a una reforma que condicionará el futuro de toda una generación.







