La última Agenda Criteria, publicada este 1 de noviembre, confirma lo que la calle ya venía diciendo: la aprobación de José Antonio Kast cayó a un 25%, dos puntos menos que la semana anterior, mientras la desaprobación sube a un 65%. El 22 de marzo, recién instalado en La Moneda, el mismo Presidente marcaba un 50% de aprobación y apenas un 37% de rechazo. En menos de ocho meses, el gobierno perdió la mitad de su respaldo.
La caída tampoco es tibia. Según Criteria, un 59% de quienes desaprueban lo hace «con mucha intensidad», frente a solo un 21% de quienes aprueban. La emoción que más despierta el gobierno es la decepción (54%), seguida de la rabia (32%) y el miedo (27%); la «esperanza» que prometía la campaña republicana queda en un 23%, y la alegría, en un 3%.
Desfondado incluso en casa
El dato más revelador está en la propia base de la derecha. La encuesta Cadem de esta misma semana, que ubica a Kast en un 26%, registra que la aprobación cayó siete puntos entre quienes se identifican con la derecha y diez puntos entre quienes votaron por él en segunda vuelta. El Partido Republicano, aun siendo el mejor evaluado en Criteria, apenas obtiene opinión positiva de un 22% de quienes lo conocen.
Mientras el oficialismo insiste en que se trata de un mal momento comunicacional, el desgaste ya alcanza a su propio electorado. El gobierno que llegó prometiendo orden, seguridad y crecimiento hoy no logra convencer ni siquiera a quienes lo pusieron ahí.
Rabat: la defensa de lo indefendible
La crisis por las rebajas de condena es el golpe más duro del último mes. Un 90% de los encuestados por Criteria conoce el caso de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas de pena firmadas por el Ministerio de Justicia desde que asumió este gobierno. Según la prensa, el ministro Fernando Rabat aprobó al menos dos de esos decretos pese a las advertencias de la Seremi de Justicia del Biobío, que había alertado sobre la prohibición legal aplicable a esos casos.
La respuesta de La Moneda fue reconocer un «error» y blindar al ministro. Kast ratificó a Rabat el 26 de octubre, asegurando que «el Estado les falló» a las víctimas, mientras el propio Rabat se defiende diciendo que su cartera solo formaliza lo que deciden las comisiones evaluadoras.
Cuatro días después, el gabinete mostró su descomposición interna. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, publicó por su cuenta un video en redes sociales para exculparse: aseguró que firmó los decretos «aplicando el criterio fijado por el propio ministro» y reconoció que no estimó necesario consultarlo con Rabat. En La Moneda el gesto se leyó como una «deslealtad», y el Gobierno lo removió el 30 de octubre. Silva actuó como la rata que abandona el barco que se hunde: intentó salvarse solo, cargándole el costo a su jefe directo.
El país no le cree al Gobierno: un 72% está en desacuerdo con que Rabat siga en el cargo, y solo un 17% respalda la decisión presidencial. Incluso entre quienes se identifican con la derecha, un 54% rechaza su continuidad.
El gobierno de la «mano dura» terminó firmando beneficios para abusadores de menores y defendiendo al ministro responsable. A ocho meses de asumir, arrastra una crisis política de envergadura que no logra cerrar, y la oposición ya anuncia una acusación constitucional contra Rabat.
Un millón de desocupados y un Presidente que pide por favor
A la crisis política se suma el fracaso económico. Según el INE, la desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, con 1.007.976 personas sin trabajo, un aumento de 14% en doce meses, mientras el total de ocupados cayó un 1,1%. El Imacec retrocedió 1,5% en julio y 1,0% en agosto, y el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25% y 0,75%.
En ese escenario, Kast llegó a la ENADE con un mensaje que sonó más a súplica que a programa. «El empleo no lo crea el Estado, lo crean ustedes», dijo ante el gran empresariado, y pidió que los recursos liberados por la rebaja del impuesto corporativo, del 27% al 23%, se destinaran a contratar: «Si cada uno de los que está aquí (…) contrata una persona más, vamos a empezar a dar vuelta las malas cifras del desempleo».
La respuesta empresarial fue elocuente. Al día siguiente, el INE publicó el millón de desocupados; desde el mundo gremial, el exgerente de la CPC Fernando Alvear advirtió que «las empresas la están pasando reguleque» y condicionó cualquier contratación a más cambios en «regulaciones, permisos y normas». Traducido: el empresariado recibe la rebaja de impuestos, pero exige más «flexibilidad» antes de contratar a nadie. Mientras los grandes grupos económicos embolsan el alivio tributario, la clase trabajadora paga la crisis con cesantía.
El relato se cae a pedazos
Ahora sí, el discurso oficial se cae a pedazos. Las redes sociales se llenaron de memes, tuits antiguos y videos del propio Kast, que como candidato prometía exactamente lo contrario de lo que hoy hace su gobierno. Desde cuentas de todo tipo, en TikTok y en reels de Instagram, esos registros se comparten masivamente y se han vuelto el comentario obligado de cada nuevo traspié oficial.
El problema de fondo es que la realidad desmiente la promesa central de la campaña: el candidato del «orden» y del «crecimiento» gobierna con un millón de cesantes, una economía estancada y un ministro de Justicia que firmó rebajas de pena para abusadores y violadores de derechos humanos.
Un gobierno débil desde el inicio
De conjunto, este escenario expone al gobierno tal como es: un gobierno que siempre fue débil, que ganó la elección con el voto de rechazo a la administración anterior y sin el consenso social necesario para imponer su programa de ajuste. La caída de las encuestas, el desgaste en su propia base y la incapacidad para cerrar la crisis de Rabat muestran que su proyecto no tiene la fuerza para aplastar las resistencias que inevitablemente va a encontrar.
Dos años sin elecciones: el plan de La Moneda
Sin embargo, la debilidad del gobierno no significa que vaya a retroceder por sí solo. Kast ya dejó claro que tiene «más de dos años sin elecciones» por delante, y su apuesta es mantener el plan. Eso significa seguir haciendo concesiones para que los grandes empresarios ganen, como la rebaja del impuesto corporativo; endurecer la agenda represiva, con detenciones por publicaciones en redes sociales contra el Presidente, como la de una estudiante de 17 años en Linares, cuyo procedimiento el tribunal declaró ilegal; y subordinar la política exterior y la soberanía nacional a Donald Trump, con la adhesión al llamado «Escudo de las Américas» y la presión de republicanos y la UDI para sumarse a la coalición militar «anticárteles» de Washington.
El ajuste, además, tiene fecha. El Presupuesto 2027 contempla un recorte de 3,6% en las horas docentes de los Servicios Locales de Educación y de 4,1% en asistentes de la educación, lo que podría afectar a cerca de 2.000 empleos. Los despidos en educación se anuncian para fines de este año, y los recortes se harán carne desde el próximo.
Prepararnos para enfrentarlo
Por eso es importante mirar el ejemplo de Francia, donde los principales sindicatos convocaron a una huelga general para este 5 de noviembre contra el presupuesto de austeridad, tras la jornada nacional del 29 de septiembre. Allí, como en otros países de Europa, la clase trabajadora está mostrando que los planes de ajuste se pueden enfrentar en las calles y en los lugares de trabajo.
En Chile, los trabajadores y los sectores populares tenemos que prepararnos desde ahora para enfrentar las políticas del gobierno. La Confech y el Colegio de Profesores ya anunciaron movilizaciones contra los recortes en educación, y ese debe ser el punto de partida. Articular la fuerza de trabajadores y estudiantes será clave para frenar a Kast, Quiroz y compañía, con asambleas en cada lugar de trabajo y estudio, coordinación entre sindicatos y federaciones, y un plan de lucha que no espere las elecciones para defender el empleo, la educación pública y las libertades democráticas.
