La cifra oculta del mercado. Cómo el gran empresariado usa el artículo 161 para blindar su tasa de ganancia
El aumento del 18,5% en los despidos por “necesidades de la empresa” en Chile a julio de 2025 —una cifra que podría alcanzar niveles similares a los de la pandemia— no es un accidente económico es una táctica del gran empresariado para mantener su tasa de ganancia y presionar contra las reformas laborales para no perder pan ni pedazo
Un récord que huele a chantaje
La Dirección del Trabajo informó que los despidos por “necesidades de la empresa” subieron un 18,5% en comparación al año anterior. Una cifra preocupante que, de mantenerse la tendencia, podría alcanzar niveles similares a los de la pandemia. Sin embargo, no existe una crisis generalizada que lo justifique: las principales empresas del país continúan reportando utilidades sólidas, incluso en los sectores donde más despidos se han producido. En el primer semestre de 2025, el grupo Luksic duplicó sus ganancias: Antofagasta Minerals registró utilidades por US$521,6 millones (100,9% más que en 2024) y su holding Quiñenco obtuvo $337 mil millones (un alza de 218,5%). En el mismo periodo, Minera Escondida alcanzó ganancias por US$2.644 millones, un 59% más que el año anterior, impulsadas por el alza del precio del cobre y un aumento del 11% en su producción.
Estas mismas empresas ya habían incrementado sus fortunas durante la pandemia, mientras la mayoría de los trabajadores enfrentaba cesantía y precariedad. Minera Escondida aumentó sus utilidades en más de un 400% entre 2020 y 2021, y el conglomerado Luksic —a través de Antofagasta Minerals, Banco de Chile y Vapores— registró ganancias millonarias en plena crisis sanitaria. En aquel periodo, los grandes grupos empresariales despidieron a miles de trabajadores bajo el argumento de “pérdidas”, cuando en realidad sus utilidades crecían gracias a la reducción de dotaciones y la sobrecarga laboral sobre quienes permanecieron empleados.
Hoy, la historia se repite: no hay pandemia ni recesión, pero las patronales vuelven a usar el artículo 161 como excusa para ajustar plantillas y mantener su margen de ganancia, mientras los costos recaen sobre los trabajadores.
El salario bajo sospecha
Economistas como Duarte y Jones han atribuido este aumento de despidos al débil crecimiento económico, el alza de los costos laborales y la rigidez de la autoridad laboral.
Pero detrás de estos diagnósticos técnicos se esconde una visión de clase: la que considera el salario como un costo a reducir, y no como el valor de la fuerza de trabajo que produce toda riqueza.
Desde una perspectiva crítica, el conflicto es evidente. El aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas los especuladores dicen, que limitan la capacidad del capital para extraer plusvalía, es decir, el valor que el trabajador produce por encima de su salario. Menos horas y aumento de sueldos implican una disminución del margen de explotación directa, aunque en la práctica esto sigue siendo contradictorio, ya que la reducción de jornada continúa bajo la administración de los empleadores. En la mayoría de los casos, los trabajadores no cuentan con sindicatos que fiscalicen ni hagan respetar este derecho, lo que deja la implementación en manos del patrón. A esto se suma que el salario mínimo de $529.000 sigue siendo insuficiente para más del 50 % de los trabajadores dependientes, quienes no logran cubrir el costo de la vida y sobreviven endeudados Frente a esta situación, el empresariado responde con la herramienta que mejor domina: el despido masivo para no perder ni un mínimo de sus ganancias demostrando que en el capitalismo toda conquista laboral siempre es puesta en disputa.
Despidos como táctica de presión
Lejos de ser un fenómeno “natural” del mercado, el alza de despidos es una decisión política del gran capital para disciplinar al mercado laboral y enfriar las reformas progresivas.
Se busca enviar un mensaje al Gobierno y a los trabajadores: si suben los salarios o reducen las horas, se pierden empleos.
En realidad, el empresariado teme que las ganancias de productividad de la reducción de jornada beneficien a los trabajadores y a sus familias porque en verdad quieren esa flexibilidad laboral para generar más capital sin que el trabajador tenga derecho a más tiempo libre. Por eso despiden incluso en empresas con solvencia: no porque no puedan pagar, sino porque no quieren perder poder sobre las condiciones de explotación.
Una salida de clase
El aumento de los despidos no es una fatalidad económica: es un acto político del capital y sus partidos para mantener intacta su dominación.
Frente a esto, la respuesta no puede ser la resignación ni el miedo, sino una salida colectiva y programática desde los trabajadores y trabajadoras.
¡Echar abajo el artículo 161 por “necesidades de la empresa”! Este mecanismo se ha convertido en una herramienta para que las patronales hagan y deshagan a su antojo, despidiendo trabajadores incluso con el objetivo de desarticular sindicatos y frenar la organización obrera. En la práctica, la Dirección del Trabajo —un organismo creado en dictadura para controlar, y no para defender realmente a los trabajadores— cumple un rol meramente administrativo, sin incidir de manera profunda en lo que ocurre en los centros laborales. ¿Cuántas demandas dejan pasar? ¿Cuántas prácticas antisindicales o desleales quedan impunes? Su función de “fiscalizador” es limitada y termina garantizando la impunidad empresarial más que los derechos de la clase trabajadora. Como señaló Daniel Vargas, candidato a diputado por Antofagasta, “el artículo 161 se ha transformado en un instrumento de la patronal para sostener sus ganancias a costa del empleo y la vida de miles de familias. Lo usan para despedir mientras acumulan utilidades récord y precarizan aún más el trabajo a través del subcontrato, sobre todo en la minería. Pero la salida no es seguir esperando a los candidatos de los partidos tradicionales ni tampoco candidatos como Parisi ni Kaiser: la verdadera alternativa es que las riquezas que se producen en este país sean administradas por los propios trabajadores y las comunidades, para crear empleos dignos y fortalecer la salud y la educación pública. Solo así podremos dar vuelta las prioridades y poner la vida por encima de las ganancias”.
