Decisiones israelíes que legalizan la colonización y abren la puerta al desplazamiento forzoso de los palestinos
En un desarrollo de extrema gravedad, que refleja un claro tránsito de la administración de la ocupación hacia la consolidación de una anexión de facto, el gobierno de ocupación israelí ha aprobado un amplio paquete de decisiones que reconfiguran el panorama jurídico y político en Cisjordania de una manera sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Oslo. Estas medidas, sobre las que la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos ha advertido reiteradamente como antesala de una fase más dura de confiscación de tierras y desplazamiento de la población, no se limitan a socavar lo que queda de los acuerdos provisionales, sino que rompen en la práctica las líneas divisorias entre ocupación y anexión, convirtiéndolas en una sola realidad en la que la tierra palestina es administrada bajo la lógica de la plena soberanía israelí.
La Organización Al-Baidar subraya que la peligrosidad de estas decisiones no radica únicamente en su dimensión jurídica o administrativa, sino en que afectan al núcleo mismo del conflicto, mediante un ataque directo a la tierra, a la población y a la identidad nacional, especialmente en las comunidades beduinas y en las aldeas palestinas más vulnerables, que constituyen el primer eslabón en los planes de evacuación y desplazamiento forzoso. Según las advertencias de la organización, estas medidas abren la puerta a una nueva etapa de imposición de hechos consumados por la fuerza y por la ley a la vez, lo que amenaza con provocar un cambio profundo y permanente en la estructura de Cisjordania y coloca a los palestinos ante desafíos existenciales que van más allá de una mera disputa por competencias, para convertirse en una lucha por la supervivencia y el derecho a la tierra.
Desmantelamiento de las normas existentes y cambio en la naturaleza del control:
Las decisiones aprobadas por el Consejo de Ministros israelí constituyen un cambio radical en la naturaleza de la gestión de Cisjordania, ya que desmantelan de hecho las bases sobre las que se sustentaba la fase transitoria desde los Acuerdos de Oslo y redefinen la forma del control israelí sobre el territorio. Las decisiones relativas a la tierra, la planificación y la construcción no se limitan a las zonas de influencia israelí tradicionales, sino que se extienden a las áreas clasificadas como (A), que se supone están sujetas al control civil y de seguridad palestino completo. Permitir la demolición de viviendas palestinas en estas zonas implica en la práctica la anulación de uno de los pilares más importantes de Oslo y convierte las clasificaciones geográficas en un marco formal carente de contenido político o jurídico. De este modo, Israel pasa de una política de control parcial a imponer una hegemonía total que alcanza el corazón de las ciudades y de las comunidades palestinas.
En el mismo contexto, la desclasificación de los registros de tierras en Cisjordania constituye un paso clave en esta transformación, ya que permite revelar los nombres de los propietarios de las tierras y facilitar el contacto directo con ellos, lo que abre la puerta a presiones sistemáticas dirigidas contra la propiedad privada palestina. Este procedimiento no puede analizarse aisladamente del que constituye la decisión más grave, consistente en la derogación de la ley jordana que prohíbe la venta de tierras a no árabes, así como la eliminación del requisito de aprobación previa de las transacciones de venta. Como resultado, los colonos pueden adquirir tierras con total libertad, como si se tratara de territorio dentro de la Línea Verde, sin restricciones legales ni procedimentales.
Con este nuevo sistema, la colonización pasa de ser un proyecto dirigido por el Estado a través de instrumentos oficiales y planes gubernamentales, a convertirse en un proceso social de amplio alcance, gestionado por la ley y protegido directamente por la autoridad política y la institución militar. Esto significa, en la práctica, ampliar el alcance de la colonización, profundizar el control israelí sobre la tierra palestina y transformar el conflicto de una confrontación política por la tierra en una realidad impuesta por la fuerza de la legislación y de la ejecución.
Las ciudades de Hebrón y Belén constituyen hoy un ejemplo claro de la política de anexión progresiva que sigue el gobierno de ocupación, donde las decisiones recientes se traducen en medidas prácticas que reconfiguran la realidad administrativa y política sobre el terreno. En Hebrón, la transferencia de las competencias de concesión de licencias de construcción, incluso en los alrededores de la Mezquita de Abraham, desde el municipio palestino a la “administración civil” dependiente del ejército de ocupación, vacía completamente de contenido el Acuerdo de Hebrón firmado en 1997. Esta medida no solo margina el papel palestino, sino que transforma los enclaves coloniales dentro de la ciudad en entidades con carácter municipal independiente, consolidando su existencia como un hecho permanente.
La situación no es diferente en Belén, donde se está separando administrativamente la zona de la Tumba de Raquel de la ciudad palestina, en un paso que allana de facto el camino para su anexión a Israel. Esta separación no debe leerse como una medida técnica, sino como parte de un plan más amplio dirigido a zonas con simbolismo religioso o importancia para la colonización, que pasan a ser tratadas fuera del marco palestino. Estas medidas muestran que lo que sucede en Hebrón y Belén no es una excepción, sino un modelo susceptible de generalizarse y repetirse en otros lugares, según una lógica gradual destinada a modificar el mapa sin una declaración oficial de anexión.
En el plano cotidiano, estas políticas se reflejan directamente en la vida de los palestinos a través del aumento de las demoliciones, el endurecimiento de las restricciones a la vivienda y la construcción y la amenaza a la propiedad privada, lo que crea un entorno que empuja a la población a marcharse, especialmente en las ciudades mixtas y en las zonas de importancia para la colonización. Asimismo, la ampliación de las competencias de la llamada “supervisión y aplicación de la ley” para incluir zonas clasificadas como (A) y (B), con el pretexto de proteger el patrimonio o el medio ambiente, otorga a la ocupación una nueva cobertura legal para la intervención de seguridad y administrativa, y socava lo que queda de cualquier margen de soberanía palestina.
En el ámbito político, estas medidas representan un golpe casi mortal a la idea de la solución de dos Estados, ya que la anexión progresiva y la fragmentación de la geografía palestina, junto con la transformación de los asentamientos en entidades permanentes protegidas por la legislación israelí, hacen que la posibilidad de un Estado palestino viable sea cada vez más ilusoria. Así, Israel no anuncia explícitamente el fin de la solución política, pero trabaja para vaciarla de sus condiciones objetivas sobre el terreno y convertirla en una mera propuesta teórica sin base real.
Las recientes políticas israelíes constituyen una contradicción flagrante con las normas del derecho internacional humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante realizar cambios permanentes en los territorios ocupados o trasladar a su población civil a ellos. Estas medidas también contravienen directamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que han reafirmado en repetidas ocasiones la ilegalidad de los asentamientos y el rechazo a la anexión de territorios por la fuerza. A pesar de este consenso jurídico internacional, el gobierno de ocupación continúa promulgando leyes y medidas internas destinadas a proporcionar una cobertura legal israelí a una realidad rechazada internacionalmente, en un intento de imponer hechos consumados y transformar la violación en una norma jurídica de facto.
Frente a esta trayectoria, ya no basta con el rechazo político ni con limitarse a declaraciones diplomáticas, ante la aceleración de las medidas sobre el terreno. Hoy se requiere la elaboración de una estrategia nacional integral basada en la unificación de la posición interna y la activación de los instrumentos jurídicos internacionales, en particular la Corte Penal Internacional, para exigir responsabilidades a la ocupación por sus crímenes. Además, resulta fundamental recuperar el valor de la resistencia popular organizada y apoyar la resiliencia de los ciudadanos en las zonas amenazadas por demoliciones y anexión, como primera línea de defensa frente a estas políticas.
En el plano árabe, la etapa actual exige pasar de posturas simbólicas a una posición colectiva eficaz que vincule las relaciones políticas y económicas con Israel a su grado de cumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de la legalidad internacional, y que devuelva a la cuestión palestina su lugar central en las políticas árabes. A nivel internacional, la credibilidad de la comunidad internacional está en juego, ya que ya no es aceptable limitarse al lenguaje de la “preocupación” y de los “llamamientos a la contención”. La opción es clara: o se adoptan medidas disuasorias que frenen las políticas de anexión y colonización, o se acepta implícitamente la consolidación de un sistema de apartheid y anexión permanente en el corazón de la región, con las graves repercusiones que ello conlleva para la paz y la estabilidad internacionales.
Conclusión:
En síntesis, las recientes decisiones israelíes no pueden considerarse como medidas coyunturales ni como una escalada pasajera, sino que constituyen una declaración explícita del paso de la ocupación a una nueva fase basada en la imposición de la soberanía mediante la ley y la fuerza simultáneamente, con el objetivo de provocar cambios estructurales y permanentes en la geografía y la demografía palestinas. La peligrosidad de esta etapa radica en que apunta a los propios pilares de la existencia palestina, mediante el socavamiento de la propiedad privada, la expansión de la colonización y la legalización de las demoliciones y la anexión, lo que amenaza de forma particular a las comunidades beduinas y a las aldeas palestinas más frágiles, que constituyen el primer objetivo de los planes de evacuación y desplazamiento forzoso.
En este contexto, el papel desempeñado por la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos adquiere una importancia especial, ya que la organización no se ha limitado a documentar estas políticas, sino que ha trabajado en la alerta temprana sobre sus consecuencias y en revelar sus verdaderas repercusiones en la vida de los palestinos, en particular de los beduinos que se enfrentan al riesgo de ser desarraigados de sus tierras históricas. Estas advertencias no se basan en estimaciones teóricas, sino en un conocimiento de campo preciso de lo que se está implementando sobre el terreno y en una experiencia directa con las políticas de demolición, confiscación y restricción.
En consecuencia, hacer frente a este peligroso giro no puede llevarse a cabo con herramientas tradicionales ni mediante respuestas limitadas, porque lo que hoy se está atacando no se limita a la realidad presente, sino que se extiende al futuro de la causa palestina en su conjunto. Lo que está ocurriendo es un intento sistemático de redibujar el futuro del conflicto y de la región, e imponer hechos consumados difíciles de revertir, lo que hace imprescindible unificar los esfuerzos palestinos y reforzar el papel de las instituciones jurídicas y de terreno, en particular la Organización Al-Baidar, como una necesidad urgente en la lucha por la defensa de la tierra, de los derechos y de la existencia palestina.
El Dr. Rasem Bisharat es Comisionado de Relaciones Exteriores de la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Amenazadas
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