Opinión. Acuerdo entre Damasco y Rojava: ¿cuál es el futuro de la autodeterminación kurda?
Tras varias semanas de combates en el noreste de Siria, provocados por la intervención del ejército sirio y sus auxiliares, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre el gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). ¿Qué significa?
En declaraciones separadas, el gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaron el 30 de enero la firma de un acuerdo de alto el fuego que incluye varios puntos clave relativos a la "integración" de las fuerzas armadas en el ejército nacional y el futuro de las instituciones dirigidas por las organizaciones kurdas en el noreste de Siria.
Este acuerdo prevé, en particular, la integración de las FDS en las instituciones estatales sirias y la extensión del poder del gobierno sirio a todo el territorio de Rojava. Impuesto en un contexto de terror implementado por el régimen de Erdoğan y bajo la presión política de Ankara y Washington, este acuerdo constituye una grave violación del derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación.
El texto firmado por ambas partes anuncia "la retirada de las fuerzas militares de los puntos de contacto, la entrada de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior en los centros de las ciudades de Hassakeh y Qamishli", "la formación de una división militar compuesta por tres brigadas de las fuerzas de las FDS, además de la formación de una brigada para las fuerzas de Kobane dentro de una división afiliada a la Gobernación de Alepo", pero también "la integración de las instituciones autónomas en las instituciones del Estado sirio y la regularización de la situación de los funcionarios públicos".
En la práctica, el acuerdo exige que las Fuerzas Democráticas Sirias abandonen las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor —dos regiones predominantemente árabes— donde el ejército y el gobierno sirios ya han avanzado en las últimas semanas, así como que cedan pasos fronterizos y recursos estratégicos, incluidos yacimientos de petróleo y gas. En la provincia de Hasaka, corazón de una región predominantemente kurda, Damasco pretende tomar el control de la administración civil y de las agencias kurdas responsables de la gestión de las prisiones y campamentos donde se encuentran retenidos miles de combatientes del Estado Islámico y sus familias. Estas medidas socavan directamente las estructuras de autogobierno establecidas por los kurdos y representan una clara violación de los compromisos políticos que rigen el alto el fuego.
Este acuerdo llega tras meses de disputas entre el nuevo régimen sirio y el liderazgo de Rojava, representado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Tras la caída del régimen de Bashar al-Asad y el ascenso al poder de Ahmed al-Sharaa —exlíder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y exmiembro de ISIS y Al-Qaeda—, en marzo de 2025 se iniciaron importantes negociaciones con la Administración Autónoma de Rojava.
Estas conversaciones preveían la integración de ciertas instituciones civiles y militares kurdas en el Estado sirio, lo que reflejaba una estrategia de recentralización del poder y abandono de las demandas de autonomía política. Sin embargo, a pesar de este acuerdo inicial, las negociaciones sobre el futuro político e institucional de los kurdos se estancaron rápidamente, antes de estallar de nuevo hace unas semanas bajo la presión regional y militar, ejercida principalmente por Turquía y Estados Unidos.
El nuevo acuerdo llega tras un mes de combates durante el cual las FDS perdieron gran parte del territorio que controlaban hasta diciembre pasado, retirándose a zonas predominantemente kurdas. En comparación con el acuerdo de marzo de 2025, las FDS han perdido terreno en cuestiones fundamentales. De hecho, el acuerdo estipula el despliegue de fuerzas del Ministerio del Interior sirio en ciudades kurdas como Hasaka y Qamishli, que anteriormente estaban fuera del control de Damasco, y la integración de las instituciones civiles kurdas en el Estado sirio, poniendo fin de hecho a la autonomía política de Rojava.
Si bien el régimen sirio afirma estar estabilizando y unificando el territorio, el acuerdo allana el camino para nuevas tensiones. De hecho, aunque ha entrado en vigor un alto el fuego, la situación sigue marcada por reiteradas violaciones, tensiones persistentes sobre el terreno y una profunda ansiedad entre las poblaciones civiles kurdas y yazidíes. El riesgo de que la tregua se rompa rápidamente sigue siendo alto mientras no se resuelvan realmente los problemas políticos y de seguridad subyacentes.
A pesar del anuncio oficial de la tregua, se han reportado ataques e incursiones de fuerzas afiliadas al gobierno sirio en varias zonas rurales, especialmente en los alrededores de Kobane. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) perciben estas acciones como pruebas militares o intentos de apoderarse de territorio, más que como incidentes aislados. Para las FDS, esto confirma que Damasco está utilizando el alto el fuego como una pausa táctica, no como un compromiso duradero.
A esta fragilidad se suma el débil control que ejerce el gobierno central sobre ciertas milicias provenientes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), así como el resentimiento alimentado por un nacionalismo sirio reaccionario basado en el mito de la "Gran Siria" y la explotación de las divisiones sectarias alimentadas durante décadas por la dinastía Asad. En este contexto, persisten los prejuicios antikurdos en sectores de las fuerzas armadas y del aparato estatal. Estas dinámicas podrían poner en peligro la implementación concreta del acuerdo.
Del lado kurdo, el profundo resentimiento hacia el gobierno de Damasco y sus fuerzas armadas, que buscan socavar cualquier forma de autodeterminación kurda, alimenta una persistente desconfianza hacia las autoridades sirias. La anunciada toma de Qamishli y Hasaka por parte de las fuerzas gubernamentales sirias, según lo estipulado en el acuerdo, será la primera prueba concreta de su implementación.
Este acuerdo ilustra una vez más las limitaciones estratégicas del liderazgo del movimiento kurdo, obligado a aceptar compromisos que ponen en peligro cualquier forma de autoorganización popular. Al sustituir la lucha del pueblo kurdo por sus derechos por un enfoque estrictamente institucional basado en acuerdos negociados con regímenes que históricamente han oprimido la autodeterminación kurda o con el imperialismo, esta estrategia ha contribuido al debilitamiento progresivo de la base social de la resistencia, a la vez que ha hecho que el movimiento dependa del apoyo estadounidense. Sin embargo, dado que el imperialismo solo busca defender sus intereses reaccionarios, ya no necesita un representante kurdo en Siria, especialmente desde que el régimen de Al-Shara ha colocado al país bajo la esfera de influencia estadounidense. Lejos de allanar el camino para un progreso duradero, este acuerdo representa un importante retroceso. Sin embargo, la experiencia histórica del movimiento kurdo, en particular en la década de 1990, demostró claramente que los logros políticos y sociales del pueblo kurdo solo se lograron mediante el equilibrio de poder, como lo demuestran las huelgas y movilizaciones lideradas por las masas.
Los kurdos nunca han obtenido ningún derecho mediante el reconocimiento voluntario de los estados que los dominan, sino siempre construyendo relaciones de poder mediante la lucha de clases. A principios de la década de 1990, en varias ciudades del sureste de Turquía, huelgas civiles masivas, a menudo conocidas como huelgas de "pueblos fantasma", vieron a trabajadores, comerciantes y municipios suspender toda actividad para protestar contra la militarización, el desplazamiento forzado y la negación de sus derechos políticos. Estas movilizaciones, lideradas por las clases trabajadoras, constituyeron una forma de lucha de clases territorializada, que opuso la fuerza colectiva de la sociedad kurda a un estado fundado en la represión y la asimilación forzada.
En el contexto actual, donde el liderazgo político kurdo se enfrenta a un impasse estratégico, parece más necesario que nunca retomar estos métodos de lucha y revitalizar la autoorganización de los trabajadores y las clases populares en todo el Kurdistán, con total independencia de las potencias imperialistas: desde Turquía hasta Irak, pasando por Irán, donde las regiones kurdas se han movilizado masivamente contra el régimen de Jamenei, denunciando firmemente la idea de una restauración monárquica. La estrategia de conciliación y la sucesión de acuerdos con regímenes autoritarios solo han llevado al desmantelamiento gradual de estas formas de organización colectiva, que, sin embargo, son las únicas garantías de la capacidad de resistencia y emancipación del movimiento kurdo.
A ello se suma la necesidad de masificar la movilización internacional en apoyo al pueblo kurdo, para denunciar la responsabilidad y complicidad de las potencias imperialistas en su opresión, desde los acuerdos Sykes-Picot hasta los actuales realineamientos geopolíticos.
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