Chile. Nueva provocación contra la familia y la memoria de Julia Chuñil: la justicia quiere demoler la casa donde vivía la defensora territorial
Una resolución inédita se hizo pública en los últimos días: la justicia chilena ha dado lugar al pedido de la fiscalía para avanzar con la demolición de la casa donde habitaba Julia Chuñil.
Por corresponsal popular.
El martes 27 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia judicial por el caso de la desaparición de Julia Chuñil. En esta instancia la fiscal Tatiana Esquivel, reconocida por el racismo explícito y el hostigamiento constante a la familia de Julia Chuñil, ha dado un nuevo paso en su ensañamiento por borrar la memoria de la abuela Mapuche. En esta oportunidad ha solicitado la destrucción de la casa donde habitaba.
En pocos días se cumplirán 15 meses de la desaparición de la Presidenta de la Comunidad Putreguel. Desde su desaparición no se avanzó ni un solo paso en la investigación sobre el empresario forestal Carlos Morstardt, señalado como principal sospechoso por la familia de Julia. Morstardt se adjudica la propiedad del fundo que Julia defendía para frenar el avance de las especies exóticas (pino y eucalipto), que son una de las principales causas de los incendios devastadores que arrasan la Patagonia Argentina y la región del sur de Chile.
Por el contrario, se viene construyendo un montaje sobre la familia que tiene como objetivo construir un operativo de impunidad. Buscan desviar la responsabilidad del empresario en la desaparición. Hace sólo unos días la causa dio un vuelco sorprendente con la realización de allanamientos en las viviendas de varios de los familiares, deteniendo a 3 de sus hijxs y el yerno de Julia. La abogada de la familia ha denunciado que los testimonios para construir la acusación contra la familia se contradicen entre sí. El principal testimonio sobre la responsabilidad familiar en el asesinato de Julia Chuñil fue aportado por el yerno de Julia, uno de los detenidos en los allanamientos. Su declaración, pieza fundamental para la construcción del montaje, fue realizada en aislamiento y sin abogado defensor presente.
El operativo de impunidad no solo busca desligar al empresario forestal en la desaparición de Julia Chuñil, sino que también persigue el objetivo de desligar la responsabilidad del Estado en su búsqueda. Así fue explicitado por la fiscal Tatiana Esquivel, quien en su alegato en una de las últimas audiencias señaló que la pregunta sobre donde se encuentra la abuela Mapuche ya no debe ser dirigida hacia el Estado, sino hacia la propia familia. Todo esto ha sido acompañado desde el mismo momento de los allanamientos por una intensa campaña mediática que se ha dedicado a sembrar todo tipo de elucubraciones para construir un chivo expiatorio en Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia señalado por la fiscalía como el responsable material del asesinato.
El pedido de destrucción de la casa de la dirigente de la Comunidad ubicada en Máfil es parte de una larga cadena de acciones de hostigamiento que persiguen el objetivo de aniquilar su memoria. Desde el mismo momento de su desaparición la familia ha denunciado todo tipo de amenazas y distintas formas de amedrentamiento, que incluyen el asesinato de varios animales pertenecientes a Julia y que llegaron al intento de obtener la confesión sobre la responsabilidad en el crimen de una de sus hijas mediante apremios ilegales. A ambos lados de la Cordillera avanza el fuego arrasando los bosques nativos, fauna, viviendas y vidas humanas. Los montajes mediáticos y judiciales son la herramienta que los Estados de Chile y Argentina utilizan para desviar la atención del colapso ambiental en el que nos encontramos sumergidos y así seguir garantizando el despojo. A ambos lados de la Cordillera, los Estados y sus instituciones (sin importar el signo político que gobierne) buscan construir falsas acusaciones sobre las Comunindades para desviar la atención sobre la responsabilidad que la industria forestal tiene en el avance del fuego sobre los territorios.
El caso de Julia Chuñil demuestra hasta qué punto opera la complicidad y la coordinación de Gobiernos, instituciones estatales y empresarios forestales para reproducir un sistema que solo trae a los territorios del sur destrucción y muerte. La orden de destruir la casa de Julia es una muestra más de la orientación política con que intentan digitar una memoria dócil, que sea funcional al negocio y la impunidad de las forestales. Pese a cualquier orden judicial arbitraria; pese al fuego, la criminalización, la prisión, los desalojos y el despojo nuestra memoria no podrá ser borrada. Como el pañil, volverá a brotar de las cenizas para seguir defendiendo la vida.
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