Derechos humanos. Caso Julia Chuñil: autorizan demolición de su hogar mientras continúa la criminalización de su familia
El Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición de la vivienda y bodegas ubicadas en el predio de Julia Chuñil, donde aún habitan familiares. Mientras la Fiscalía profundiza diligencias intrusivas sobre el territorio de la víctima y mantiene imputados a sus hijos, el empresario Morstadt Anwandter involucrado en la causa sigue sin ser formalizado.
Este martes se realizó una nueva audiencia en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Julia Chuñil. En la instancia, el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó, a solicitud del Ministerio Público, la demolición de una vivienda y una bodega emplazadas al interior de su predio, como parte de las diligencias destinadas a continuar la búsqueda de su cuerpo.
Durante la audiencia, el propio tribunal advirtió que las medidas solicitadas por la Fiscalía implican una intervención directa sobre el derecho de propiedad, el cual se encuentra garantizado constitucionalmente. “Es evidente que ello conlleva la afectación al derecho de la propiedad que establece nuestra Constitución Política de la República”, señaló el juzgado, subrayando que por esta razón era indispensable contar con autorización judicial previa.
Pese a ello, el tribunal resolvió acoger la solicitud del Ministerio Público, estimando que las diligencias resultan “esenciales para la investigación”, autorizando así la demolición de ambas estructuras, entre ellas una bodega donde Carabineros confirmó el hallazgo de sangre humana tras peritajes realizados en el lugar. Junto con esto, también se autorizó el retiro de vegetación y la realización de excavaciones al interior del predio.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, había confirmado previamente estos antecedentes, señalando que aún se está a la espera de los resultados de laboratorio. “Una posibilidad es que nos confirmen que no es posible amplificar la muestra”, indicó. Asimismo, informó que Carabineros efectuó un rastreo en el fundo La Fritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, quien mantiene la calidad de imputado en la causa, aunque hasta ahora no ha sido formalizado ni enfrenta medidas cautelares.
En paralelo, la abogada Karina Riquelme, representante de los hijos de Julia Chuñil —quienes actualmente enfrentan la investigación en calidad de imputados— aseguró que han colaborado con la Fiscalía desde el inicio del proceso. “Siempre hemos estado a disposición, incluso cuando mis representados eran querellantes y víctimas, para aportar con todo lo necesario que permita encontrar a Julia”, señaló.
La versión de la Fiscalía sostiene que al interior de la vivienda se habría producido una discusión, tras la cual uno de los hijos de Julia, Javier Troncoso Chuñil, la habría ahorcado, causándole la muerte, para luego trasladar su cuerpo y enterrarlo en algún sector del predio. Una hipótesis que ha sido cuestionada por la defensa de la familia de Julia y por diversas organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian un proceso investigativo atravesado por sesgos de clase, criminalización y ausencia de avances reales respecto de la responsabilidad de terceros. El cual, da la posibilidad de encontrarse con un nuevo montaje.
Desde la familia, la nieta de Julia Chuñil, Lyssette Sánchez, expresó el profundo impacto que significa esta medida, subrayando que la demolición afecta un hogar donde aún viven integrantes de la familia: “Como familia no nos oponemos a la demolición, porque no tenemos nada que ocultar y queremos demostrar la absoluta inocencia de la familia. En esta casa viven alrededor de cinco personas y lo único que pedimos es poder recuperar algunos recuerdos de nuestra papay Julia, como fotografías con sus nietos. Uno de ellos, además, hoy está de cumpleaños”, señaló.
Lyssette también denunció el hostigamiento permanente que han vivido: “Duele despertar hoy y volver a ver el contingente policial, el acoso y el hostigamiento de la prensa nacional. Una vez más continúa la criminalización y la persecución hacia la familia Chuñil. Nos duele profundamente despedir la casa que fue de Julia, una casa que ella construyó con amor y esfuerzo para sus nietos. Ya destruyeron las huertas, las semillas, la tierra, secaron las vertientes de agua. Hoy destruyen lo más importante: el hogar de una madre y de sus hijos”.
Que la demolición se realice sobre una vivienda en la que aún habitan integrantes de la familia Chuñil no es un hecho aislado, sino una expresión del carácter de clase y colonial de las leyes y políticas represivas que hoy se aplican contra el pueblo mapuche y los sectores populares. Mientras el Estado despliega toda su fuerza sobre una familia trabajadora, el empresario imputado continúa sin ser formalizado, reafirmando la desigualdad estructural ante la ley.
Lo ocurrido en este caso dialoga directamente con lo que hoy viven cientos de familias en la toma de San Antonio y en distintos territorios del país: desalojos, criminalización de la pobreza y uso del aparato represivo para resguardar la propiedad privada por sobre la vida, la memoria y los derechos colectivos. No se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática que golpea a quienes luchan por tierra, vivienda y dignidad.
Frente a este escenario, se vuelve urgente levantar una respuesta unitaria desde los sectores de la izquierda extra-gobierno, las organizaciones mapuche, el movimiento de pobladores, el sindicalismo combativo y todos los sectores movilizados. Solo la organización y la movilización desde abajo pueden enfrentar la ofensiva represiva del Estado, exigir verdad y justicia para Julia Chuñil, poner fin a la persecución contra su familia y defender los derechos del pueblo mapuche y del pueblo trabajador.
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