El núcleo de los cuestionamientos apunta a la falta de transparencia en la agenda presidencial. Según los documentos presentados ante la Oficialía Mayor, Jerí habría sostenido encuentros fuera de Palacio, en horarios nocturnos y sin registro en la plataforma oficial de visitas, con ejecutivos vinculados a sectores estratégicos como infraestructura y energía. Para los firmantes, esta omisión vulnera el principio de publicidad que rige la función pública e impide el control ciudadano sobre posibles gestiones de intereses.

La cuarta moción fue informada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y promovida por el parlamentario Edward Málaga. En ella se subraya el riesgo de conflicto de intereses por las reuniones con empresarios que contratan con el Estado. A esta iniciativa se sumó la firma de la congresista Gladis Echaíz, de la bancada Honor y Democracia. Posteriormente, se presentaron la quinta y sexta moción: una impulsada por Renovación Popular, con 24 firmas de diversas bancadas, y otra por el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, con 23 adhesiones. Todas superan el mínimo de 20 firmas para su admisión a trámite.

Además de la transparencia, otras mociones incorporan críticas por presunto incumplimiento de funciones y el deterioro de la seguridad ciudadana, con énfasis en el aumento de homicidios y extorsiones pese a los estados de emergencia. También se mencionan designaciones cuestionadas en sectores clave, una creciente crisis de credibilidad institucional y contradicciones en las explicaciones del presidente sobre los encuentros con el empresario Zhihua Yang, figura central del denominado caso “Chifagate”.

En paralelo, dos congresistas —Jaime Quito y Jorge Montoya— han solicitado la convocatoria a un Pleno extraordinario para debatir y votar la censura con carácter de urgencia. De prosperar la iniciativa, se requerirán 66 votos para aprobar la destitución del jefe de Estado.

Jerí ha rechazado las acusaciones. Ante la Comisión de Fiscalización y en declaraciones públicas, sostuvo que los encuentros fueron de carácter personal y que, por ello, no correspondía registrarlos. También negó cualquier intervención en decisiones administrativas y reiteró que no renunciará al cargo, al considerar que hacerlo implicaría admitir un ilícito. No obstante, sus explicaciones no han logrado disipar las dudas en el Parlamento, donde se señala que esta no es la primera vez que su idoneidad es puesta en entredicho por hechos similares.

Con seis mociones en curso y pedidos de sesión extraordinaria, el Congreso deberá definir en los próximos días si reúne los votos necesarios para censurar al presidente, en un escenario de alta polarización y con las elecciones generales de 2026 en el horizonte.

Fuente: La Mula