Internacional. Qué es el ICE y cómo su brutalidad policial ha traído de vuelta las grandes movilizaciones al interior de EE.UU
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la agencia federal encargada de ejecutar las políticas migratorias represivas en Estados Unidos. Su accionar violento, marcado por redadas, deportaciones y asesinatos de civiles, fue el detonante de la huelga general del 23 de enero en Minneapolis, donde trabajadores, comunidades migrantes y organizaciones populares paralizaron la ciudad al grito de “abolir el ICE”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país: busca, detiene y deporta a personas que viven sin autorización legal y supervisa centros de detención para inmigrantes. Fue creada en 2003 tras el 11-S y, con el tiempo, su papel se fue enfocando cada vez más en operativos dentro de comunidades, redadas en hogares y lugares de trabajo, y la deportación masiva de inmigrantes. Bajo la actual administración estos operativos se intensificaron, con miles de detenciones y hasta muertes de civiles durante acciones policiales, lo que provocó una fuerte reacción popular. Muchas personas y organizaciones consideran que el ICE no solo persigue a migrantes sino que genera miedo, viola derechos humanos y actúa sin control ni responsabilidad, y por eso la demanda de “abolir el ICE”, es decir, disolver esa agencia, ha ganado fuerza en las protestas y el debate social en Estados Unidos.
Desde hace semanas, Estados Unidos vive un salto autoritario sin precedentes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), creado originariamente como una agencia para “investigar” delitos migratorios y aplicar las leyes de inmigración, se ha transformado bajo esta Administración en un brazo represivo del Estado con “inmunidad absoluta”, desplegado para amedrentar y atacar comunidades enteras.
Este patrón quedó brutalmente expuesto en lo que ya es un episodio de represión estatal histórico en Minneapolis:
El 24 de enero de 2026, Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, fue abatido a tiros por agentes federales durante un operativo de ICE en la ciudad. Los videos que circulan muestran cómo Pretti, con un teléfono móvil en la mano, -no un arma empuñada, como salió a decir la administración de Trump-, fue acechado, gasificado y derribado por varios agentes antes de recibir una ráfaga de balas mientras estaba en el suelo, en un acto que para muchas y muchos observadores constituye derechamente una ejecución policial.
Alex Pretti era enfermero en el hospital de veteranos de Minneapolis, sin antecedentes penales, con licencia legal para portar armas, pero los videos no muestran que siquiera hiciera uso de ella en los momentos previos al disparo. Su asesinato se produjo en medio de una jornada de protestas contra las tácticas agresivas del ICE, cuando se acercó para grabar el operativo y aparentemente ayudar a otras personas que estaban siendo reprimidas por los agentes.
Este es al menos el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense por agentes federales en las últimas semanas, después de que el 7 de enero la poeta y madre de familia Renée Nicole Good, también de 37 años, fuera baleada mortalmente por un agente de ICE durante una incursión en Minneapolis. Las autoridades federales justificaron públicamente aquel disparo como defensa propia, una versión que fue rápidamente cuestionada por testigos y organizaciones de derechos civiles. Miles de manifestantes se reunieron en Minneapolis para denunciar la violencia estatal, colocando memoriales y carteles que condenan la militarización de la inmigración y el uso desproporcionado de la fuerza. Las imágenes de viejas luchas por justicia, como la de George Floyd en 2020, vuelven a resonar en las calles, precisamente en el mismo espacio urbano donde la brutalidad policial dejó una marca.
La combinación de estos hechos: asesinatos de civiles, tácticas de miedo, y la erosión institucional de garantías básicas como el derecho a la privacidad y a un debido proceso, no se puede leer fuera de su contexto: la Administración Trump y sus fuerzas represivas han expandido la violencia estatal bajo la bandera de la “seguridad migratoria”, agudizando la precarización, la xenofobia y el autoritarismo, y provocando una respuesta social que crece en las calles de Minneapolis y más allá.
Una huelga general contra la represión y el racismo de Estado.
Minneapolis fue escenario de una jornada histórica de lucha el 23 de enero, cuando una huelga general paralizó amplios sectores de la ciudad. La medida fue convocada por organizaciones de inmigrantes, colectivos antirracistas, sindicatos locales y redes comunitarias, como respuesta directa al recrudecimiento de las redadas migratorias, la persecución sistemática contra comunidades racializadas y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsables de detenciones violentas, deportaciones y muertes en distintos puntos del país. Bajo consignas como “Fuera ICE de nuestras comunidades”, “Alto a las redadas” y “Abolir el ICE”, el llamado apuntó explícitamente a frenar la normalidad económica como forma de denuncia y presión política. La convocatoria combinó el cierre de lugares de trabajo, escuelas y comercios con marchas multitudinarias en el centro de la ciudad. Sectores sindicales, organizaciones de inmigrantes, activistas antirracistas y colectivos barriales confluyeron en una acción común que buscó golpear con un solo puño.
En el centro de las protestas estuvo el rechazo frontal al ICE, una agencia creada para sostener un régimen migratorio racista y represivo al servicio del capital. En Minneapolis, como en otros estados, las redadas han separado familias, criminalizado a trabajadores indocumentados y sembrado el terror en barrios obreros.
Durante la huelga, una de las consignas más repetidas fue “abolir el ICE”, una demanda que ya no se limita a sectores activistas, sino que empieza a expresarse masivamente en las calles. Lejos de ser una consigna simbólica, apunta a desmantelar un aparato estatal que cumple un rol central en la superexplotación de la mano de obra migrante y en la división de la clase trabajadora.
Una protesta con apoyo popular y proyección nacional
La huelga general contó con un amplio apoyo social y se expresó también como un “apagón económico”: no trabajar, no consumir y no asistir a clases. Este tipo de medidas muestran la enorme fuerza potencial de la clase trabajadora cuando actúa de manera unificada, más allá de su estatus migratorio o su origen.
En los últimos días, nuevas concentraciones y asambleas comenzaron a debatir cómo sostener la movilización, enfrentar la represión estatal y coordinar con otros sectores en lucha en Estados Unidos. La experiencia de Minneapolis se suma a una oleada más amplia de resistencia contra el racismo institucional, la militarización de las fronteras y la violencia del Estado imperialista.
La respuesta ha sido criminalización y represión directa por parte del gobierno de Trump, don del ICE ha cumplido un rol directo en este tema, las denuncias de las últimas jornadas por parte de los manifestantes es que esta policía ha mutilado a quienes se movilizan.
Una lección para la clase trabajadora internacional
Desde una perspectiva internacionalista, la huelga general en Minneapolis deja una lección clara: la lucha contra el racismo y la persecución migrante está íntimamente ligada a la lucha contra el capitalismo. Abolir el ICE implica cuestionar un régimen que necesita fronteras, deportaciones y miedo para sostener la explotación.
La solidaridad internacional y la coordinación de las luchas son claves para enfrentar a un enemigo común que actúa de manera global: el capitalismo imperialista y sus Estados, que utilizan fronteras, leyes migratorias y aparatos represivos para dividir a la clase trabajadora y profundizar la explotación. Lo que se expresó en las calles de Minneapolis no es un fenómeno aislado, sino parte de una misma dinámica que atraviesa a millones de trabajadores y trabajadoras migrantes en Chile, América Latina y el mundo, sometidos a la precarización laboral, la persecución estatal y el racismo institucional. En Chile, esto se ve en las políticas migratorias represivas, las expulsiones administrativas y la criminalización de comunidades migrantes; en América Latina, en la militarización de fronteras y en el uso de la migración como chivo expiatorio frente a las crisis económicas. Estas luchas dialogan entre sí porque enfrentan una misma lógica de dominación, y ponen sobre la mesa la necesidad de superar las respuestas parciales. La experiencia de Minneapolis refuerza la perspectiva de que solo la organización desde abajo, la unidad de la clase trabajadora más allá de nacionalidades y el levantamiento de un programa socialista e internacionalista pueden ofrecer una salida de fondo frente a un sistema que necesita la opresión y la división para sostenerse.
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