Perú lleva a juicio por terrorismo a líderes sociales de Ayacucho
El Estado peruano avanza el proceso judicial por terrorismo contra ocho integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), para quienes pide penas de hasta 20 años de cárcel.
El martes 31 de marzo, el Poder Judicial inició la etapa de juicio oral de los militantes del Fredepa, criminalizados a raíz de las protestas en rechazo al golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo concretado por la ultraderecha en diciembre de 2022.
Los activistas fueron detenidos en enero de 2023, acusados de pertenecer a una organización terrorista, como un método de amenaza a los luchadores sociales de las regiones andinas del Perú, donde se realizaban movilizaciones masivas en las que policías y militares asesinaron a 50 personas, diez de ellas en Ayacucho, ubicada en la Sierra Sur Central Andina, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
En la acusación formulada por el Ministerio Público, se considera que la posición del colectivo a favor de la conformación de una asamblea constituyente, una de las principales demandas populares en aquel contexto de crisis política, configura como acto de terrorismo. No hay ninguna evidencia de apología a la violencia. Sin embargo, la fiscalía los vincula a “actividades de propaganda y agitación” de Sendero Luminoso, organización terrorista que declaró la lucha armada al Estado peruano en 1980 y que dejó de existir en 1992.
“El proceso tiene un impacto en las regiones sureñas, andinas. Es una medida amedrentadora contra los dirigentes de movimientos sociales, para contener la protesta de la población. El mensaje es que, si luchas, si denuncias abusos, si pides la asamblea constituyente, vas a ir a prisión”, declaró para Avispa Midia Estefany Alanya, ex vicepresidenta del Fredepa.
Las ocho personas acusadas son Rocío Leandro Melgar, Alejandro Manay Pillaca, Piero Giles Gamboa, Yulisa Gómez Ayala, Fernando Quinto Cuba, Alex Gómez Falcón, Clido Canales Tantalean y Estefany Alanya Chumbes. Los procesados ya cumplieron entre seis y 18 meses de prisión preventiva.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es una organización que agrupa a bases de entornos urbanos y campesinos, con seis décadas de historia de participación política legítima en la vida social de esta región del sur andino del Perú. El Fredepa ha sido objeto de estigmatización por ideología desde los años de la guerra insurgente-contrainsurgente, cuyo epicentro fue Ayacucho, donde Sendero Luminoso empezó su lucha armada en 1980.
Montaje y uso político
En este caso, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) abrió una investigación al Fredepa meses antes de la redada, tras la participación del colectivo en un coloquio internacional organizado por universidades en el que se debatió sobre violencia estatal. A pesar de no presentarse evidencias, las solicitudes de archivamiento del proceso fueron rechazadas.
La fase de juicio oral se inició a pesar de haber recursos de apelación pendientes y de la recomendación de la procuraduría de suspender la primera audiencia. En el contexto de las elecciones generales a realizarse el próximo domingo 12 de abril, los activistas observan un uso político coyuntural.
“Por economía procesal, se debió esperar para la etapa oral. Para la defensa penal, la hipótesis fiscal es débil, por ello aceptaron la reducción del pedido de prisión a cuatro procesados. Como enfoque político, el juicio tiene un mensaje en este contexto de elecciones. Hemos sido claros al posicionarnos contra las políticas neoliberales. Esto es un montaje para justificar la violencia, para amenazar a quienes protesten, para atribuir a los procesados la responsabilidad de las matanzas”, añadió la activista en comunicación con este medio.
Para cuatro de los procesados, la sanción requerida en la causa penal se redujo a 10 años de prisión, mientras que para los otros cuatro se mantiene la solicitud de una condena de 20 años. La fiscalía pide el pago de una reparación civil individual de 2 millones de soles (alrededor de 550,000 dólares). El recurso para que se considere una pena de 10 años a los ocho procesados fue apelada por el Ministerio Público, pero aún no se realiza la audiencia para resolverlo.
Al momento de su detención, los activistas fueron llevados por agentes de la Dircote en vehículos sin identificación al cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho, un símbolo del terrorismo de Estado durante la guerra interna. Luego los trasladaron por vía aérea a Lima, sin comunicación con defensores legales. Por estos procedimientos, sus familiares denuncian secuestro por parte del estado.
La criminalización por ideología se recrudeció en el Perú en la última década. Al caso en Ayacucho se suman dos procesos masivos por apología al terrorismo y filiación a organización terrorista. En 2024, 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), (intervenidos en la operación Perseo en 2014), fueron sentenciadas a penas de entre 15 y 35 años de cárcel. Este fue el primer juicio por cargos de terrorismo a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna.
En 2020 se ejecutó la operación Olimpo, en la que fueron detenidas alrededor de 80 personas tras la semana de protestas contra el golpe de Estado de las facciones conservadoras del Congreso. La investigación policial, abierta en 2015, incluye a 94 personas. Con base a la información de la Dircote, la fiscalía señala a los procesados de realizar tareas para reconstruir a Sendero Luminoso, aunque no hay evidencias que sustenten la acusación.
Fuente: Avispa Midia
* Imagen de portada: Manifestación en Perú para exigir la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, instalada tras el golpe de Estado efectuado en diciembre del 2002.
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