Escuelas Protegidas: la excusa punitiva para silenciar la manifestación estudiantil
Los proyectos del gobierno de Kast no combaten la violencia escolar: su verdadero objetivo parece ser criminalizar las manifestaciones estudiantiles y de trabajadores de la educación y silenciar cualquier resistencia frente a sus políticas de ajuste en educación.
Lunes 13 de abril 08:09
El gobierno de Kast presentó dos proyectos como una respuesta firme a la violencia escolar tras el fatal caso de Calama. Este lamentable caso lo transforma en un chivo expiatorio, para aplicar medidas punitivas. Además de revelar ambigüedades, es un riesgo grave para las libertades políticas y sociales de estudiantes y comunidades educativas en su conjunto.
Los dos proyectos: la modificación del Código Penal para agravar delitos en recintos educacionales y el proyecto “Escuelas Protegidas”, priorizan un enfoque punitivo sobre la comprensión real del fenómeno educativo que expresa problemas sociales estructurales profundos.
El proyecto de “Escuelas Protegidas”, aunque se vende como preventivo, este proyecto deja aspectos cruciales sin regular, abriendo la puerta a prácticas discrecionales y potenciales vulneraciones de derechos. Aunque se anuncia como medidas “preventivas”, en la práctica habilita formas de vigilancia arbitraria sin protocolos claros. Por ejemplo, los protocolos de revisión de mochilas carecen de claridad: ¿quién decide cuándo revisarlas, bajo qué criterios y con qué garantías contra discriminación o abuso? Esta vaguedad fomenta arbitrariedad, además de tensionar la convivencia, especialmente en establecimientos vulnerables, e implica poca eficiencia preventiva, al centrarse en síntomas y no en causas de fondo.
Más grave aún, más allá de un protocolo formal, estas prácticas son intrusivas y violentas para las y los estudiantes, ya que transgrede su privacidad al revisar sus objetos personales y puede escalar fácilmente a transformarse en situaciones de mayor violencia. Naturalizar este tipo de prácticas durante los años de formación escolar, puede contribuir a que, en el futuro, se normalice también, la vulneración hacia las y los trabajadores bajo lógicas de control patronal.
Este proyecto también ordena que en los reglamentos internos de los colegios prohíban el uso de accesorios como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro elemento que impida la identificación facial. Esto no es más que intensificar el control de identidad y restringir o regimentar abusivamente la expresión de las y los estudiantes, abriendo la puerta a la persecución bajo la “apología de la violencia” a posiciones opuestas a la ultraderecha.
Otro de los puntos claves de este proyecto es la criminalización de la manifestación que tenga como “consecuencia la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo”. Lo que podría en el futuro relacionarse con la inhabilidad para acceder a la gratuidad. Esta medida bien podrá usarse para atacar el método del paro de actividades tanto de estudiantes como otros sectores de la comunidad educativa.
En tanto, el proyecto de modificación al Código Penal agrava penas por delitos en escuelas, profundizando la judicialización de conflictos escolares. Esta modificación agrega agravante el cometer un delito contra la propiedad en el interior o dependencias de un establecimiento educacional. Esto puede significar una criminalización a métodos históricos del movimiento estudiantil, que ha sido aplaudido por amplios sectores sociales como fue el 2006 y el 2011, lo que incluyeron organización en los liceos y universidades, que se destacaron, por ejemplo, con tomas para hacer exigencias educativas y sociales.
Este doble castigo es especialmente dañino para estudiantes en formación, cuyo proceso educativo debería enfatizar reparación, mediación y reintegración, no exclusión. Trasladar conflictos al ámbito penal desdibuja el rol pedagógico de la escuela y refuerza un control social que ignora causas como desigualdad, precarización y falta de apoyo psicosocial. Llama la atención la prohibición de la gratuidad para quienes hayan sido sancionados. El discurso del gobierno ha apuntado a la manifestación y la paralización de actividades, es decir, la prohibición de que las y los estudiantes y trabajadores se organicen y manifiesten sus demandas, transformando los establecimientos al recuerdo traumático de la dictadura cívico militar.
De conjunto, estos proyectos que serán votados en el Congreso se alinean con la Ley Aula Segura, que ya permite expulsiones o cancelaciones de matrícula. Juntas, generan doble sanción: expulsión administrativa más persecución penal. El sistema ha expulsado a más de 5.000 estudiantes desde 2018, muchos sin reincorporación, sumándose a las 40.000 personas que desertaron entre 2024 y 2025.
En definitiva, estos proyectos profundizan la crisis escolar con respuestas punitivas y arbitrarias. Una política efectiva fortalecería comunidades con recursos y enfoques formativos, dotaciones profesionales acordes, no vigilancia y sanción. Además, todas las normas de convivencia escolar y la regulación de las interacciones entre estudiantes y con trabajadores de la educación y apoderados, deben emanar de las propias comunidades educativas autoorganizadas. Éstas, que conviven día a día en los espacios escolares, son las primeras interesadas en que la escuela sea segura y contribuya a la educación. Hablar de pórticos y revisión de mochilas no es más que un efectismo útil para las cámaras pero que no va a la raíz del asunto.
Este gobierno de ultraderecha propone medidas ambiguas para responder a la violencia escolar, pero al mismo tiempo, facilita la criminalización de la manifestación estudiantil y de las y los trabajadores. Todo esto ocurre en un contexto de recortes presupuestarios en educación, mientras el movimiento estudiantil activa ejemplos de oposición al gobierno como lo ha demostrado los universitarios y secundarios el último mes. Estos recortes agravan problemas estructurales ya existentes, como la falta de infraestructura adecuada, la precariedad en la mantención y la insuficiente contención en salud mental.
Paralelamente, se promueve la “libertad de elección”, una agenda que beneficia principalmente a privados, profundizando el modelo de mercado educativo instaurado durante la dictadura de Pinochet donde el Estado actúa como subsidiario antes que como garante, posibilitando la expansión del lucro. Además, impulsa reponer el copago, obligando a las familias a pagar el costo de la crisis educativa.
Para hacer frente a este tipo de medidas punitivas, es fundamental la participación activa del conjunto de la comunidad educativa, la realización de asambleas triestamentales, de docentes, trabajadores, estudiantes y apoderados, para discutir cómo afrontar las demandas de la educación. Las y los estudiantes tienen que retomar su organización de manera independiente de las autoridades de los colegios. De este mismo modo, es urgente que las direcciones del Colegio de Profesores, superen la pasividad que las caracterizó durante el gobierno de Boric, y asuman que es necesario preparar un paro nacional, de la mano de otros sectores de trabajadores y estudiantes, para enfrentar el ajuste que está imponiendo el gobierno de Kast.
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