Medioambiente. Extractivismo de ultraderecha: Ecosistemas protegidos de Chile y Argentina en riesgo
En un contexto de crisis climática, el avance de proyectos de tierras raras en el sur de Chile y la reforma regresiva a la Ley de Glaciares en Argentina reflejan la profundización de un modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la protección ambiental. Mientras empresas como Chilean Cobalt y Aclara impulsan iniciativas en territorios afectados por incendios y vulnerabilidad ecológica, los gobiernos debilitan normativas para facilitar la explotación de recursos. Este escenario evidencia un patrón de saqueo que pone en riesgo ecosistemas, fuentes de agua y comunidades, generando mayor conflictividad social y cuestionando la viabilidad de este modelo frente a la crisis ambiental.
Sábado 11 de abril 11:28
En medio de una crisis climática que ya golpea con incendios, sequías y devastación de territorios enteros, el avance de proyectos extractivistas en el sur de Chile y las reformas regresivas en países como Argentina encienden una señal de alarma. Bajo el discurso del “desarrollo” y la “transición energética”, que es pasar de la utilización de combustibles fósiles como el petróleo a energías renovables como la eólica, grandes empresas mineras y gobiernos profundizan un modelo capitalista depredador que sacrifica ecosistemas, comunidades y fuentes de agua para alimentar la acumulación de unos pocos. La expansión de la minería de tierras raras y el debilitamiento de normativas ambientales no solo amenazan la biodiversidad, sino que consolidan un patrón de saqueo que prioriza el negocio por sobre la vida, poniendo en riesgo territorios ya vulnerados y abriendo un nuevo ciclo de conflicto socioambiental.
Actualización de explotación minera de tierras raras en el sur de Chile
Ésta semana se informó a través del Diario Financiero y otros medios, sobre el proyecto de la minera Chilean Cobalt en el sur de Chile, región del Bío Bío avanza en exploración, ingeniería y permisos con el objetivo de desarrollar un nuevo distrito de tierras raras y alcanzar producción en un plazo cercano a 12 meses. Los resultados de perforación confirman potencial geológico y ya se definió un primer punto para una planta modular que permitiría acelerar el desarrollo. Paralelamente, se avanzan estudios técnicos y alianzas estratégicas, especialmente con socios en Estados Unidos, en respuesta a la creciente demanda global por minerales críticos. Sin embargo, el proyecto aún está en fase inicial, sin recursos definidos ni estudios completos, lo que implica riesgos técnicos y regulatorios.
A lo anterior se suma que la minera Aclara ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la última etapa de observaciones técnicas del proyecto de tierras raras en Penco, en la región del Bío Bío. Con este documento, la compañía responde a la última fase de observaciones técnicas formuladas por el servicio, en el marco de la evaluación ambiental del proyecto. Asimismo, incorporó un apartado con medidas adaptativas en el contexto de los incendios forestales que se registraron en el verano en Penco. Aclara ha llegado con un discurso a la comunidad que en éste proyecto se utilizaran aguas reciclables provenientes de uso doméstico por lo tanto existe una disminución de la huella hídrica, y que es falso que utilizaran aguas provenientes del estero Penco y El Cabrito. La empresa además señala en su web que no generarán relaves que se se dispongan en cuerpos de agua, por lo cual no tendrán tanque de relaves, ésto se suma a lo que ellos llaman “Cosecha Circular de Minerales”. El alto consumo energético sumado a un granco
Recordemos que los incendios forestales en la región del Bio bío, destruyeron localidades enteras y miles de hectáreas de bosque nativo se quemaron, justo en zonas donde ahora se pretenden extraer tierras raras para su comercialización. Éste proyecto minero de Aclara, estaba frenado con observaciones técnicas en el SEIA, entre ellas, la protección de un árbol endémico de la zona llamado Naranjillo, que en datos de la Universidad de Concepción indican que no se encontraron restos de esta especie en los incendios, misma universidad que en la actualidad está trabajando con Chilean Cobalt para el desarrollo de una planta piloto para el tratamiento de arcillas iónicas o tierras raras.
Aprobación en el Congreso argentino de la modificación a la Ley Nacional de Glaciares
Este miércoles 8 de abril se aprobó en la cámara baja, una reforma a la Ley de Glaciares, con el argumento de subsanar “graves falencias interpretativas” que, según su visión, habrían generado inseguridad jurídica y frenado inversiones productivas, especialmente en el sector minero. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
La Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la norma busca: preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos como atractivo turístico. La Ley 26.639 protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, prohibiendo actividades que puedan dañarlos, como la megaminería, los hidrocarburos y grandes obras de infraestructura. La norma fue una conquista de la lucha popular, impulsada por asambleas socioambientales, comunidades cordilleranas, científicos independientes y movilizaciones contra la megaminería.
La reforma actual reduce el alcance de lo que se considera ambiente protegido, introduce criterios ambiguos como la “función hídrica comprobada” y habilita excepciones. En los hechos, esto permitiría que actividades hoy prohibidas avancen sobre zonas glaciales y periglaciales, legalizando lo que antes era ilegal.
Además, otorga a las provincias la facultad de definir los alcances de la ley, lo que contradice el carácter mismo de una ley de presupuestos mínimos, que existe justamente para garantizar una protección ambiental común en todo el país.
En definitiva la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina implica un fuerte retroceso ambiental al debilitar la protección de estas reservas de agua, abriendo paso así a proyectos extractivistas. Se transfiere poder a las provincias para decidir qué glaciares proteger, se reduce el alcance del inventario nacional permitiendo excluir zonas no consideradas “estratégicas”, se limita el rol de organismos técnicos y se habilita la actividad minera y el uso de sustancias contaminantes en áreas antes prohibidas. Además la reforma responde a presiones de gobernadores y empresas mineras, y avanza junto a otras medidas regresivas como la reforma laboral, en un contexto de tratamiento legislativo acelerado y creciente rechazo social.
Reflexiones
El avance de proyectos de tierras raras en el sur de Chile confirma que la llamada “transición energética”, bajo el capitalismo no es más que una nueva fase de saqueo, donde se sacrifican territorios y comunidades para sostener la acumulación de las grandes empresas. Las mineras como Chilean Cobalt y Aclara operan sobre territorios ya devastados por incendios y crisis climática, evidenciando que el modelo extractivista no solo destruye la naturaleza, sino que se aprovecha de ella en sus momentos de mayor vulnerabilidad. La complicidad de instituciones académicas y del Estado en estos proyectos revela cómo el conocimiento y la política pública se subordinan a los intereses del capital, legitimando iniciativas que amenazan ecosistemas y formas de vida.
La reforma a la Ley de Glaciares en Argentina representa un retroceso histórico conquistado por la lucha social, abriendo la puerta a la megaminería en zonas protegidas y debilitando la defensa de reservas estratégicas de agua. Los gobiernos avanzan en desmontar regulaciones ambientales para garantizar negocios extractivos, trasladando los costos sociales y ecológicos a las comunidades.
Este escenario demuestra que la crisis climática y ambiental no puede resolverse dentro de los marcos del capitalismo, ya que este sistema necesita profundizar la explotación de la naturaleza y de los pueblos para sostenerse. Frente a esta ofensiva, se hace urgente fortalecer la organización desde abajo: comunidades, trabajadores, estudiantes y movimientos socioambientales deben unirse para frenar el avance extractivista y defender los territorios, el agua y la vida. La lucha contra la megaminería y el extractivismo es inseparable de la lucha contra el capitalismo: sólo una transformación profunda de la sociedad podrá poner los recursos al servicio de las mayorías y no del lucro de unos pocos.
Fernanda Borquez
Trabajadora de la Educación
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