martes, 14 de abril de 2026



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Entre guerra imperialista y ajuste nacional: el verdadero rostro del plan de Kast




El gobierno prepara su cadena nacional para anunciar un plan que incluye rebajas tributarias a grandes empresas, incentivos al capital, medidas de “seguridad” y reformas regresivas, descargando la crisis sobre trabajadores y sectores populares en un contexto de guerra imperialista.

Martes 14 de abril 09:21

Un plan económico al servicio de los grandes empresarios

El llamado Plan de Reconstrucción Nacional que Kast anunciará en cadena nacional se estructura en torno a una serie de medidas económicas que buscan reactivar la inversión privada. Entre ellas se encuentran la rebaja del impuesto a las grandes empresas, la entrega de beneficios tributarios a sectores estratégicos y mecanismos de repatriación de capitales.

La rebaja de impuestos implica que las grandes compañías pagarán menos al Estado, aumentando directamente sus ganancias. A su vez, la repatriación de capitales permite que grandes fortunas que han sido sacadas del país puedan volver con condiciones favorables, muchas veces sin mayores impuestos ni sanciones.

Los incentivos a la inversión, por su parte, incluyen facilidades regulatorias y menores exigencias ambientales o administrativas para grandes proyectos, especialmente en áreas como la minería, la energía y la infraestructura.

Lejos de significar una mejora general, este conjunto de medidas reduce los ingresos fiscales y orienta los recursos públicos a sostener la rentabilidad del gran capital, dejando abierta la puerta a recortes en gasto social.

El ajuste nacional se expresa en el costo de la vida

Mientras el plan favorece a los grandes empresarios, su impacto real se siente en la vida cotidiana. Uno de los elementos centrales del actual escenario es el alza sostenida de los combustibles, conocido como “bencinazo”.

El aumento del precio de la bencina no afecta solo a quienes tienen vehículos. Al encarecer el transporte de mercancías, eleva el costo de distribución de alimentos y productos básicos, lo que termina reflejándose en precios más altos en supermercados y ferias. También incrementa el valor del transporte público y de distintos servicios.

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De esta forma, una medida aparentemente técnica termina impactando en toda la economía, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. Este fenómeno se combina con sueldos estancados y empleo precario, generando un deterioro general de las condiciones de vida.

El plan del gobierno no contempla mecanismos efectivos para frenar este proceso. Por el contrario, al priorizar el equilibrio fiscal y los beneficios al capital, consolida un ajuste nacional que recae sobre trabajadores, sectores medios y populares.

Educación y endeudamiento: reforzar el negocio a costa de la juventud

Otro eje del plan es la modificación de políticas educativas, particularmente en relación con la gratuidad universitaria y el sistema de financiamiento estudiantil.

La limitación de la gratuidad implica que menos estudiantes podrán acceder a educación superior sin costo, obligando a muchos a recurrir nuevamente a créditos. En paralelo, el reforzamiento del cobro de deudas como el CAE busca asegurar que quienes ya están endeudados continúen pagando bajo condiciones exigentes.

Esto significa consolidar un modelo donde la educación funciona como un negocio para bancos e instituciones privadas, y donde el acceso depende de la capacidad de endeudarse. En un contexto de crisis, esta política profundiza la precarización de la juventud.

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Facilidades a la inversión y mayor extractivismo

El plan también incluye medidas para “agilizar” proyectos de inversión, lo que en la práctica implica reducir controles y acelerar aprobaciones. Esto se traduce en una flexibilización de normativas ambientales y administrativas.

Estas medidas benefician principalmente a grandes empresas extractivas, que operan en sectores como la minería o la energía, permitiéndoles iniciar o expandir proyectos con menores restricciones.

El resultado es una mayor entrega de recursos naturales y un reforzamiento del modelo primario exportador, donde el país actúa como proveedor de materias primas para el mercado global, sin un desarrollo industrial propio.

Seguridad y fortalecimiento del aparato represivo

Otro componente del plan es el fortalecimiento de las políticas de seguridad. Esto incluye mayores atribuciones para las fuerzas policiales, aumento del presupuesto en materia de control y nuevas herramientas para enfrentar la delincuencia.

Sin embargo, estas medidas no abordan las causas sociales de los problemas, como la desigualdad o la precarización, sino que se centran en el control y la represión.

En un contexto donde las políticas económicas generan malestar, este reforzamiento del aparato represivo aparece como un complemento del ajuste, preparando al Estado para contener eventuales protestas o conflictos sociales.

Subordinación al imperialismo en un mundo en guerra

El conjunto del plan se inserta en un escenario internacional marcado por guerras imperialistas y disputas entre potencias. En este contexto, países como Chile son presionados para garantizar condiciones favorables al capital internacional.

El alineamiento político de Kast con sectores de la derecha estadounidense, como Donald Trump, refleja esta orientación. Las medidas de apertura económica, flexibilización regulatoria y promoción de inversiones extranjeras apuntan a reforzar esa subordinación.

Así, el plan no responde a un proyecto de desarrollo autónomo, sino a la necesidad de adaptar la economía local a las exigencias del capital global en un momento de crisis y conflicto internacional.

Una salida opuesta desde la clase trabajadora

El Plan de Reconstrucción Nacional no busca resolver la crisis que viven las mayorías, sino reorganizarla en beneficio de los grandes grupos económicos. Cada una de sus medidas, desde la rebaja de impuestos hasta el fortalecimiento de la represión, apunta en esa dirección.

Frente a esto, la salida no puede ser aceptar los términos del ajuste. Se trata de enfrentar el alza del costo de la vida, cuestionar los privilegios del gran capital y levantar una alternativa que ponga los recursos del país al servicio de las necesidades sociales.

En un mundo atravesado por guerras y crisis, esta perspectiva solo puede desarrollarse plenamente desde una estrategia internacionalista, que articule las luchas más allá de las fronteras.

Porque mientras el gobierno habla de “reconstrucción”, lo que está en juego es quién paga la crisis. Y hoy, ese peso está siendo descargado sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares.


 

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