Arica. Elección de rectoría en la UTA: Una disputa antidemocrática al servicio de una élite universitaria
La elección de rectoría en la Universidad de Tarapacá (UTA) ha sido presentada como un hito histórico: por primera vez, una mujer dirigirá la institución. Sin embargo, esta narrativa oculta un problema mucho más profundo: se trata de un proceso cerrado, elitista y profundamente antidemocrático, donde la comunidad universitaria queda excluida de las decisiones centrales.
Domingo 5 de abril 11:28
Las candidaturas de Jenniffer Peralta, actual vicerrectora académica, y Claudia Moraga, decana de Derecho, no expresan una disputa de proyectos transformadores a nivel universitario, sino una competencia interna dentro del mismo grupo que ha administrado la institución en los últimos años, en resumen son la continuidad bajo distintos nombres.
En la UTA, como en gran parte del sistema universitario chileno, la elección de rectoría está limitada principalmente a un sector reducido del estamento académico, es decir, una minoría decide por todos. Estudiantes y trabajadores, no tienen participación ni en la presentación de candidaturas ni en la elección misma. Esto no es un detalle menor, sino que define el carácter del proceso: la universidad no es gobernada por su comunidad, sino por una élite que reproduce su propio poder.
Esto no es casual, la élite no solo concentra poder político, sino también beneficios materiales concretos. Según datos de transparencia de la propia UTA, los cargos directivos superiores pueden alcanzar sueldos cercanos a los 7,6 millones de pesos mensuales, mientras que decanaturas y jefaturas se ubican entre los 4,5 y 6,8 millones.
Esto contrasta fuertemente con la realidad de la mayoría de la comunidad universitaria, donde funcionarios administrativos perciben entre 800 mil y 1,7 millones de pesos, técnicos en rangos similares y auxiliares incluso por debajo del millón. Son estos sectores quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano de la universidad, pero que enfrentan condiciones más precarias y, en muchos casos, dificultades reales para llegar a fin de mes en un contexto de alza sostenida del costo de la vida.
La brecha no es solo salarial, sino estructural. Se trata de una organización donde el poder y los recursos se concentran en una casta reducida. A esto se suma una red de cargos de confianza como direcciones, asesorías y jefaturas que dependen directamente de la rectoría, consolidando un aparato donde el control institucional también implica control sobre puestos de trabajo y trayectorias laborales. Por eso, la resistencia a democratizar la universidad no es neutra: implica poner en riesgo una estructura de privilegios materiales y políticos.
En este contexto, el hecho de que ambas candidatas sean mujeres ha sido instalado como un avance en términos de igualdad de género. Sin embargo, esta lectura resulta profundamente limitada si no se analiza desde una perspectiva de clase. No basta con que más mujeres accedan a posiciones de poder si esas posiciones siguen reproduciendo desigualdades. La pregunta no es solo quién ocupa el cargo, sino al servicio de qué proyecto y de qué intereses.
Que mujeres lleguen a la rectoría no implica necesariamente un avance para la mayoría de las mujeres que forman parte de la universidad. Las trabajadoras con condiciones precarias, las funcionarias con bajos salarios y las estudiantes que enfrentan endeudamiento y exclusión de las decisiones siguen estando completamente ajenas a esos espacios de poder.
Cuando el debate se limita a “más mujeres en el poder”, pero no cuestiona cómo se distribuye ese poder ni a quién beneficia, se termina legitimando el mismo sistema bajo una apariencia de avance. La elección en la UTA muestra precisamente ese límite: una disputa entre candidatas que, más allá de sus diferencias, no plantean una democratización real de la universidad ni una ruptura con la estructura de privilegios existente.
Hoy lo que está en juego no es solo quién dirige la universidad, sino quién tiene el poder de decidir. Porque no se trata de cambiar nombres ni rostros en la rectoría. Se trata de disputar el poder que hoy está concentrado en una minoría y poner la universidad al servicio de quienes la sostienen día a día.
Frente a esto, no es suficiente ampliar formalmente la participación si no se modifican las relaciones de poder que la sustentan. Una verdadera democratización de la universidad requiere avanzar hacia un cogobierno triestamental, en el que estudiantes, funcionarios y académicos participen en igualdad de condiciones en la toma de decisiones. Esto supone no solo cuestionar los mecanismos electorales, sino también el propio modelo de universidad, actualmente influido por lógicas de mercado y una estructura interna que perpetúa jerarquías y desigualdades.
Por eso, la tarea no es solo cuestionar este proceso, sino ligarlo a una pelea más amplia. La lucha por democratizar la universidad está directamente conectada con la defensa de la educación pública, la gratuidad y las condiciones de vida de la mayoría ante los ataques del Gobierno de Kast. La salida no vendrá desde arriba ni desde estas disputas controladas. Solo la organización de estudiantes, trabajadores y académicos puede abrir paso a una transformación real.
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