USACH. Millonaria compra de Arcos huele a cocina política y endeudamiento
Un reportaje de Interferencia revela que la Universidad de Santiago de Chile busca comprar el Instituto Profesional Arcos por $11.500 millones mediante un préstamo con garantía estatal, en un proceso aprobado rápidamente y bajo cuestionamientos por falta de transparencia, información insuficiente y posibles presiones externas. Diversas denuncias y críticas apuntan a irregularidades, ausencia de estudios técnicos y riesgos financieros, además de inconsistencias entre los planes de inversión presentados y el presupuesto institucional. Mientras el rector suplente Cristián Muñoz defiende la operación, académicos y exautoridades advierten sobre su viabilidad económica y la falta de rigor en la toma de decisiones. La compra aún no se concreta, ya que depende de un crédito cuya licitación ha sido objetada por la Contraloría, manteniendo el proceso en incertidumbre.
Sábado 4 de abril 11:01
Un reportaje del medio independiente Interferencia, indagó en el proceso mediante el cual la Universidad de Santiago de Chile (USACH) busca adquirir el Instituto Profesional Arcos por $11.500 millones, financiado mediante un préstamo de $32 mil millones a una entidad bancaria con garantía estatal aprobado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). La decisión impulsada por el Rector de la USACH, Rodrigo Vidal, fue aprobada de forma unánime en el Consejo Universitario en 2024, en medio de cuestionamientos por su rapidez y posibles presiones desde la Subsecretaría de Educación Superior. Mientras algunas voces generan dudas, el rector suplente Cristián Muñoz, actual candidato en las elecciones 2026 de Rector, y Prorector cuando Rodrigo Vidal era Rector, defiende la operación como transparente, viable y beneficiosa en términos académicos, económicos y sociales.
Aunque la compra del Instituto Profesional Arcos fue aprobada por unanimidad en la USACH, han surgido cuestionamientos por posibles irregularidades en el proceso, incluyendo una denuncia ante la Contraloría que acusa falta de información, ausencia de estudios técnicos y decisiones tomadas con premura y coordinación con el Ministerio de Educación ya que idea de la compra surgió en una conversación que sostuvo el Rector de la USACH, Rodrigo Vidal y la subsecretaría de Educación Superior y quien lleva esa subsecretaría es Victor Orellana quién es del Frente Amplio (FA) al igual que Rodrigo Vidal. Además, se advierten riesgos financieros por el aumento del valor de la operación, de $10 mil a $11.500 millones, y su impacto en la deuda institucional, aunque el rector suplente Cristián Muñoz sostiene que el alza responde a la negociación y que la compra es viable.
La compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la USACH se formalizó mediante una promesa de compraventa que luego fue prorrogada, en medio de crecientes cuestionamientos por falta de información clave como “tasación de los bienes, inventario y estudios de títulos”, proyecciones poco realistas y ausencia de estudios financieros y de mercado. Un académico y actual candidato al puesto de Rector en la USACH, Pedro Palominos, advirtió riesgos en la viabilidad del proyecto y pidió mayor transparencia, mientras que la Contraloría y la Superintendencia de Educación Superior detectaron errores contables y exigieron antecedentes detallados sobre la operación. Aunque la universidad afirma haber entregado la información requerida, aún no se conoce la evaluación final de la Contraloría.
Persisten múltiples dudas sobre el proceso que llevó a la USACH a decidir la compra del Instituto Arcos, ya que no existen detalles claros sobre la negociación, más allá de que se habría definido con rapidez y con escasa información disponible para el Consejo Universitario. También se mencionan posibles vínculos políticos entre actores involucrados, lo que alimenta sospechas sobre el origen de la operación.
El Instituto Arcos proviene de la Universidad Arcis ligada al Partido Comunista (PC) y su Rector Jose Sanfuentes fue militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que nació del fraccionamiento del Partido Demócrata Cristiano (DC), fue militante del PC “y fue una carta para el primer proceso constitucional como precandidato en representación de Nuevo Trato, el movimiento que integraba el entonces diputado Pablo Vidal, hermano Rodrigo Vidal, rector de la USACH al momento de impulsar la compra”.
Integrantes del propio consejo han reconocido que la decisión careció de los niveles necesarios de transparencia, análisis técnico y antecedentes clave, además de haberse dado en un contexto de presiones externas, aunque igualmente fue aprobada por unanimidad. A esto se suman críticas de académicos que insisten en la necesidad de mayor rigor y responsabilidad en decisiones estratégicas que afectan el futuro de la institución. Finalmente, la compra aún no se concreta, ya que depende de un préstamo cuya licitación fue objetada por la Contraloría por falta de información suficiente, lo que mantiene todo el proceso en un escenario de incertidumbre.
El rector suplente de la USACH, Cristián Muñoz, es el único candidato que defiende sin cuestionamientos la compra del Instituto Arcos, calificando las críticas como imprecisas y motivadas políticamente. Sin embargo, el exvicerrector Juan Pablo Aguirre advierte, mediante correos, que la universidad no tendría capacidad financiera para asumir el crédito asociado a la operación, señalando altos costos anuales y un posible déficit, lo que pone en duda su viabilidad. Aguirre sostiene que sus cuestionamientos son técnicos, en medio de un contexto de tensiones internas y disputas dentro de la institución.
Según el exvicerrector Juan Pablo Aguirre, la situación más preocupante no es solo el endeudamiento adicional ni el alto nivel de gasto de la USACH, sino la falta de coherencia en su planificación financiera. Mientras la universidad presentó a la Dipres un plan con millonarias inversiones en infraestructura para acceder a un crédito estatal, ese gasto no aparece reflejado en el presupuesto institucional 2026, lo que genera dudas sobre la transparencia y veracidad de la información entregada, siendo calificado por Aguirre como una maniobra para asegurar financiamiento sin alertar a la comunidad universitaria.
A modo de conclusión podemos decir que la operación de compra del Instituto Arcos por parte de la USACH evidencia una política de gestión universitaria subordinada a lógicas de endeudamiento, negocios y acuerdos por arriba, alejadas de las necesidades reales de estudiantes y trabajadores. Lejos de ser una decisión transparente, el proceso estuvo marcado por falta de información, posibles presiones externas y ausencia de debate democrático, mostrando el carácter antidemocrático con que se toman decisiones estratégicas en las universidades públicas.
Los cuestionamientos técnicos y financieros no son menores: advierten un posible escenario de endeudamiento insostenible que podría hipotecar el futuro de la institución, mientras se juega con recursos públicos y el derecho a la educación.
Además las inconsistencias entre los planes presentados a la Dipres y el presupuesto interno revelan prácticas que apuntan a asegurar financiamiento a cualquier costo, incluso ocultando información a la propia comunidad universitaria.
La defensa cerrada de la operación por parte de autoridades como Cristián Muñoz contrasta con las críticas de académicos y exautoridades, evidenciando una crisis interna y disputas que reflejan intereses en pugna más que un proyecto educativo claro en el marco de elecciones de nuevo Rector en la universidad.
Este caso deja en evidencia que la educación superior pública sigue siendo administrada bajo criterios de mercado, donde las decisiones responden a intereses políticos y económicos antes que a un proyecto al servicio de la mayoría. Frente a este escenario, se vuelve urgente la organización de estudiantes, trabajadores y académicos para exigir transparencia, control democrático y una educación pública realmente al servicio de las grandes mayorías, no de negociaciones a espaldas de la comunidad.
Fernanda Borquez
Trabajadora de la Educación
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