Un tribunal británico declara ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action
El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha determinado que la decisión del Gobierno británico de incluir al grupo activista Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas fue ilegal y desproporcionada, en un fallo que supone un revés político y jurídico para el Ejecutivo.
La sentencia considera que la medida vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, al equiparar la actividad del colectivo con la de organizaciones terroristas pese a que sus acciones no alcanzaban el umbral exigido por la legislación.
Impacto en miles de detenidos
La prohibición, aprobada en 2025 bajo leyes antiterroristas, provocó un amplio despliegue policial y miles de arrestos. Solo desde julio se contabilizan más de 2.700 detenciones por mostrar apoyo al grupo en protestas y manifestaciones, muchas de ellas en Londres.
Tras el fallo, la Policía Metropolitana anunció que dejará de practicar arrestos por apoyo simbólico al colectivo, mientras se aclara la situación legal definitiva.
Un conflicto legal aún abierto
Aunque el tribunal ha considerado ilegal la proscripción, la medida no quedará anulada de forma inmediata, ya que el Gobierno ha anunciado su intención de recurrir la sentencia. Hasta que se resuelva el proceso, la organización seguirá formalmente en la lista, lo que mantiene cierta incertidumbre jurídica.
El caso se originó tras una demanda presentada por la cofundadora del grupo, Huda Ammori, quien defendió que la prohibición respondía más a presiones políticas que a una amenaza real para la seguridad, quien declaró al conocer la sentencia: “Esta es una victoria enorme para las libertades fundamentales aquí en el Reino Unido y para la lucha por la libertad del pueblo palestino que repele una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”. El fallo judicial también ha sido celebrado por organizaciones de derechos civiles como una victoria para las libertades públicas.
El colectivo, fundado en 2020, se caracteriza por acciones directas contra empresas vinculadas al suministro militar a Israel, incluyendo ocupaciones, bloqueos y daños materiales, que sus miembros definen como desobediencia civil.
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