José Antonio Kast. Judith Marín en el Ministerio de la Mujer: Una provocación directa al movimiento de mujeres y disidencias
No se trata solo de diferencias de opinión, sino de una trayectoria abiertamente anti-derechos que niega décadas de lucha feminista y que busca reafirmar un bloqueo estructural a cualquier avance en nuestros derechos, en plena sintonía con el proyecto conservador, confesional y autoritario del gobierno de Kast. Esta designación deja en evidencia, una vez más, que la confianza no puede estar puesta en una institucionalidad que hoy opera como cerrojo frente a las demandas de mujeres, disidencias y del conjunto de la clase trabajadora.
La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no es un hecho aislado ni una simple designación administrativa. Se trata de una señal política clara del rumbo que busca imprimir el próximo Gobierno de José Antonio Kast y de uno de los primeros focos de conflicto abierto con el movimiento de mujeres y disidencias. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), exorcista, antimujeres, pro genocidio de Gaza y anti diversidad sexual. Estrechamente ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la existencia y utilidad del mismo ministerio que ahora encabezará, expresando de manera reiterada su disposición a evaluarlo, fusionarlo o incluso eliminarlo.
La trayectoria política y pública de Judith Marín refuerza estas preocupaciones. En julio de 2017, cuando la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su votación decisiva en el Senado tras más de dos años de tramitación, un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas rezando y cantando en oposición a la ley, hasta ser desalojados por Carabineros. Entre los carteles destacaba uno por su tamaño y mensaje: “Vuélvete a Cristo”. Lo sostenía Judith Marín, quien frente a las cámaras gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”. La misma persona que hoy asume como ministra de la Mujer.
Su nombramiento constituye, por tanto, una provocación directa al movimiento de mujeres y disidencias. No se trata solo de diferencias de opinión, sino de una trayectoria abiertamente anti-derechos que niega décadas de lucha feminista y que busca reafirmar un bloqueo estructural a cualquier avance en nuestros derechos, en plena sintonía con el proyecto conservador, confesional y autoritario del gobierno de Kast. Esta designación deja en evidencia, una vez más, que la confianza no puede estar puesta en una institucionalidad que hoy opera como cerrojo frente a las demandas de mujeres, disidencias y del conjunto de la clase trabajadora.
Judith Marín tiene 30 años, es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como secretaria general del Partido Social Cristiano. Antes de integrarse al PSC, militó en Renovación Nacional y fue electa concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese período se desempeñó como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, figura histórica del evangelismo chileno, expulsado en 2019 de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal tras denuncias por malversación de fondos y lavado de activos.
Su vínculo entre política y religión se remonta a su etapa universitaria, cuando fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace más de 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, hoy alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad. Ambos son parte fundacional del Partido Social Cristiano, colectividad que se define como la “nueva derecha” y que declara abiertamente su aspiración a construir un país con “bases jurídicas y culturales cristianas”.
Marín ha sido clara en sus posiciones. “Soy una mujer de fe. Soy cristiana y no me avergüenzo del evangelio”, señaló en octubre pasado en televisión, afirmando además que Chile atraviesa una “crisis espiritual, social, moral y política” frente a la cual “los hijos de Dios tienen que levantarse”. Aunque su candidatura a diputada por el distrito 12 no resultó electa, su figura se consolidó como parte visible de esta derecha que levanta una agenda valórica centrada en la oposición al aborto, la defensa de la llamada “familia natural” y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Desde esa misma lógica, el PSC impulsó la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, cuestionando políticas de educación sexual y afectiva, y Marín ha defendido públicamente el rol de las iglesias en la educación, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, lo valórico se expresa en la defensa de “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, la familia heterosexual como núcleo de la sociedad y la limitación del rol del Estado frente a las familias y las iglesias.
No sorprende, entonces, que desde el feminismo y los organismos de derechos humanos el nombramiento genere profundos reparos. Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, ha señalado que quien encabece el Ministerio de la Mujer tiene el deber de actuar con lealtad institucional y conforme a estándares democráticos de igualdad. El conflicto se vuelve aún más evidente al recordar que la propia Marín, en agosto pasado, puso en duda la utilidad del ministerio y planteó abiertamente su posible fusión o eliminación, alineándose con la postura histórica de Kast.
Desde Humanas advierten que el principal riesgo no siempre es un retroceso frontal, sino el vaciamiento silencioso de la institucionalidad: menos prioridad política, menos presupuesto y menor capacidad de incidencia. Javiera Canales, directora de Miles, ha sido categórica al señalar que poner el Ministerio de la Mujer en manos de una figura que no ha defendido su rol implica que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del gobierno. Para la Coordinadora 8M, en tanto, el problema es más profundo aún: la entrega de esta cartera a un partido confesional que no separa religión y política constituye un retroceso histórico en el principio de separación entre Iglesia y Estado.
El contexto político refuerza estas tensiones. El nuevo gobierno asumirá apenas tres días después del 8 de marzo, fecha histórica de movilización del movimiento feminista. Frente a este escenario, no cabe la pasividad ni la espera. Es urgente organizar la resistencia desde abajo, construyendo la más amplia unidad social entre trabajadoras y trabajadores, mujeres y disidencias, juventudes y el pueblo mapuche.
Se vuelve indispensable abrir asambleas en los lugares de trabajo, estudio y territorio para discutir colectivamente cómo enfrentar las políticas conservadoras de la próxima ministra y del gobierno de Kast. Impulsar comisiones de mujeres y disidencias en cada espacio, de norte a sur, como herramientas permanentes de organización, coordinación y lucha. Solo con organización, unidad y protagonismo desde las bases podremos enfrentar al gobierno de la ultraderecha y preparar las condiciones para avanzar más allá de los límites que impone el poder empresarial y machista.
No se trata solo de un nombre ni de una ministra en particular. Lo que está en juego es qué lugar tendrán los derechos de las mujeres y disidencias en un gobierno decidido a reordenar, debilitar y subordinar la institucionalidad conquistada por décadas de lucha. Frente a ello, la respuesta no puede ser la adaptación ni la resignación, sino la movilización consciente y organizada para no dar ni un solo paso atrás.
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