Reclamaron contra las reformas laborales, la ofensiva privatizadora y las consecuencias del nuevo acuerdo comercial provisional entre India y Estados Unidos.
El pasado jueves 12 de febrero, India vivió una de las mayores jornadas de lucha de su historia reciente: una huelga general nacional convocada bajo el lema "Bharat Bandh" (Cerrar la India) por una alianza de sindicatos, organizaciones campesinas y grupos populares. Diferentes sectores de trabajadores del sector privado, empleados públicos, bancarios y agricultores paralizaron actividades en todo el país, reclamando contra las reformas laborales, la ofensiva privatizadora que intenta aplicar el gobierno de Narendra Modi y las consecuencias del nuevo acuerdo comercial provisional entre India y Estados Unidos.
Según los organizadores, cerca de 300 millones de trabajadores y trabajadoras participaron de la jornada. La convocatoria fue impulsada por centrales sindicales como la All India Trade Union Congress (AITUC), el Centre of Indian Trade Unions (CITU) y la Indian National Trade Union Congress (INTUC), junto a federaciones del campo como la Samyukt Kisan Morcha (SKM) y la All India Kisan Sabha (AIKS). La confluencia entre sindicatos urbanos y movimientos rurales volvió a mostrar la fuerza de la alianza entre trabajadores de las ciudades y el campo, junto a pequeños productores agrarios que ya había protagonizado masivas protestas agrarias en años anteriores.
La huelga afectó bancos, oficinas públicas, transporte, industrias y servicios en distintos estados. En varias ciudades se realizaron movilizaciones y cortes de ruta, mientras que en zonas rurales los agricultores organizaron concentraciones y actos contra lo que calificaron como una política económica al servicio de las grandes corporaciones.
El eje central del conflicto son los cuatro nuevos códigos laborales impulsados por el gobierno Narendra Modi. Para las centrales sindicales, estas reformas unifican y reemplazan 29 leyes previas, pero a costa de debilitar derechos históricos de los trabajadores.
Los cuatro códigos laborales propuestos por el gobierno están diseñados para debilitar y destruir a los sindicatos. Se facilita la cancelación del registro sindical. El empleo por tiempo indefinido se sustituirá por empleo temporal. Se facilita el cierre de fábricas y el despido de los trabajadores. Se dificulta la organización de una huelga legal, y el gobierno puede encarcelar a quienes la realicen ilegalmente. Se reduce la contribución al Fondo de Previsión y la jornada laboral puede aumentarse a 12 horas diarias.
En un país con altos niveles de informalidad y precarización, los sindicatos sostienen que estas medidas profundizarán la vulnerabilidad de millones.
Junto con el rechazo a la reforma laboral, los gremios cuestionan el avance de privatizaciones en sectores estratégicos como la banca, los seguros y otras empresas públicas. Consideran que la venta de activos estatales y la liberalización de áreas clave implican pérdida de empleos estables, deterioro salarial y transferencia de recursos a las empresas privadas.
Las organizaciones campesinas se sumaron sus propias demandas. Alertaron sobre el impacto de las políticas de apertura comercial y la reducción de programas de apoyo rural. En particular, expresaron su rechazo al acuerdo comercial provisional alcanzado entre India y Estados Unidos. Según denunciaron, el entendimiento podría facilitar el ingreso de productos agrícolas estadounidenses a precios competitivos, afectando a pequeños y medianos productores locales.
Las organizaciones qe el pacto con Washington representa un riesgo para la soberanía alimentaria y económica del país. Dirigentes agrarios sostienen que una mayor apertura sin salvaguardas profundizaría el endeudamiento y la crisis estructural que atraviesan amplios sectores del campo indio. También cuestionan la falta de transparencia en las negociaciones y exigen que cualquier acuerdo sea debatido públicamente.
El gobierno, por su parte, defendió las reformas como necesarias para modernizar la economía, atraer inversiones y consolidar a India como potencia manufacturera. En esa línea, el acuerdo con Estados Unidos es presentado como una oportunidad para ampliar exportaciones y fortalecer vínculos estratégicos. Sin embargo, para las centrales obreras y campesinas, se trata de un nuevo paso en una orientación de ajuste y liberalización que beneficia a grandes grupos empresariales nacionales e internacionales.
El gobierno defiende las reformas como necesarias para modernizar la economía, atraer inversiones y consolidar a India como potencia manufacturera. El discurso oficial no difiere de los que hacen gobiernos en otras partes del mundo, por ejemplo el de Javier Milei en Argentina, que buscan tapar el carácter regresivo de las nuevas leyes laborales que afectan los derechos de los trabajadores.
En esa línea, el acuerdo con Estados Unidos es presentado como una oportunidad para ampliar exportaciones y fortalecer vínculos estratégicos. Sin embargo, para las centrales obreras y campesinas, se trata de un nuevo paso en una orientación de ajuste y liberalización que beneficia a grandes grupos empresariales nacionales e internacionales.
La magnitud de la huelga volvió a poner en evidencia el descontento social acumulado frente a la precarización laboral, el encarecimiento del costo de vida y la incertidumbre en el campo. La jornada del 12 de febrero no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de resistencia que combina demandas salariales, defensa de derechos laborales y rechazo a acuerdos comerciales considerados lesivos para los sectores populares.
Con cientos de millones de trabajadores y campesinos movilizados, la huelga general dejó una señal política clara: amplios sectores de la sociedad india están dispuestos a confrontar el rumbo económico y las políticas de ajuste del gobierno.


No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Bienvenido a nuestra pagina informativa y gracias por su participacion .