miércoles, 8 de abril de 2026

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Justicia y verdad. A 16 meses sin Julia Chuñil: Familia denuncia vigilancia con drones y presiones en medio de la investigación








Este lunes la defensa de Julia Chuñil presentó un recurso de amparo denunciando vigilancia ilegal y presiones contra familiares de la dirigenta mapuche desaparecida. Apuntan a la responsabilidad del Estado en el encubrimiento del caso y cuestionan el rol de la Fiscalía y de los medios de comunicación.

Teresa Melipal

Teresa MelipalSantiago de Chile

Martes 10 de marzo 06:50

A un año y cuatro meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, su familia y organizaciones denuncian la responsabilidad del Estado en el encubrimiento del caso. Apuntan particularmente a la falta de avances en investigar al empresario Juan Carlos Morstand Andwanter, señalado por cercanos a la dirigenta como uno de los principales sospechosos. Mientras tanto, sostienen que la investigación se ha concentrado en criminalizar a integrantes de la familia y que distintos medios de comunicación han contribuido a instalar esa narrativa, desviando la atención sobre quienes podrían estar detrás de la desaparición.

En este contexto, la abogada Karina Riquelme Viveros, representante de la familia, presentó un recurso de amparo denunciando presunta vigilancia ilegal y hostigamiento contra familiares de Chuñil. La acción judicial apunta contra el actuar de organismos del Estado en el marco de la investigación.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano el 2 de marzo, la acción judicial fue presentada a favor de la hija y la nieta de Julia Chuñil Catricura, Etelvina Díaz y Lyssette Sánchez respectivamente. En el recurso se denuncia un amedrentamiento hacia ambas por parte de la policía y del Ministerio Público de Chile en la Región de Los Ríos, mediante lo que la defensa calificó como “diligencias informales”.

Entre estas situaciones se mencionan acciones de hostigamiento a través del uso de drones que se han acercado directamente a las ventanas del domicilio donde viven los nietos de Chuñil. A esto se sumarían presiones y amedrentamientos vinculados a sus declaraciones en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Tatiana Esquivel.

Denuncian vigilancia con drones

El recurso también cuestiona procedimientos vinculados a la vigilancia del domicilio donde una de las hijas de Chuñil cumple arresto domiciliario. En la vivienda también viven otros integrantes de la familia, incluidos menores de edad.

Según la defensa, en el sector se han registrado sobrevuelos de drones con cámaras sobre el patio y la vivienda, lo que constituiría una forma de vigilancia en espacios privados que requeriría autorización judicial y permisos de la autoridad aeronáutica. La abogada señaló que este tipo de prácticas ha generado un clima permanente de temor y presión sobre el núcleo familiar.

Desde la Fiscalía, en tanto, descartaron haber ordenado diligencias que incluyan el uso de drones en ese domicilio.

Denuncian presiones durante declaraciones

El recurso también denuncia presuntas presiones durante la toma de declaraciones a familiares de Chuñil. De acuerdo con la defensa, funcionarios policiales habrían advertido a testigos sobre eventuales causas judiciales dependiendo del contenido de sus testimonios, lo que califican como una forma de coerción.

«Nos dicen que ellos realizan las diligencias de manera legal, que no generan ningún tipo de apremio en contra de las personas, pero lo cierto es que ejercer cualquier tipo de coacción, amenaza, u ofrecer cualquier tipo de premio a una persona mientras está declarando, es algo ilegal según nuestra norma. Por esa razón nosotros hemos interpuesto este amparo, porque a ambas se les ha amenazado», explicó la abogada.

Para la familia y organizaciones que siguen el caso, estas situaciones se enmarcan en una investigación que —afirman— ha puesto el foco en perseguir a personas cercanas a la dirigenta mapuche en lugar de avanzar en esclarecer su desaparición.

Un caso que sigue generando cuestionamientos

La desaparición de Julia Chuñil Catricura en noviembre de 2024, en la Región de Los Ríos, generó una fuerte preocupación entre organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos. Chuñil era conocida por su defensa del territorio y del bosque nativo en su comunidad.

A más de un año del hecho, la familia insiste en que la investigación debe avanzar hacia las responsabilidades de actores empresariales vinculados a conflictos territoriales en la zona. Al mismo tiempo, denuncian una campaña de criminalización que, según afirman, busca desviar la atención del fondo del caso: la desaparición de una dirigenta mapuche y la falta de respuestas del Estado.






 

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