¿Qué hay tras la violencia en la educación? Es necesaria una salida estructural ante la crisis social y educativa
La llamada crisis de violencia en la educación, en realidad, es la expresión de una crisis social que está agravándose. Lo ocurrido en Calama, con la muerte de una trabajadora de la educación y múltiples heridos, donde el agresor fue detenido por sus propios compañeros, fue la muestra que llevó esto al debate público.
Desde aquí el debate ha sido amplio. Por un lado, no hay duda de que debe haber justicia para las familias, pero es necesaria una reflexión más profunda y han surgido diversos enfoques: desde quienes responsabilizan a la familia, los que ven esto como un problema de salud mental, o reducen el problema a la falta de seguridad pública o un fallo del sistema educativo.
Domingo LaraBiólogo Ambiental
Miércoles 8 de abril 08:36
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“La vida se convierte en creación sólo cuando se libera definitivamente de las formas sociales que la deforman y mutilan. Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida.” Vigotsky
“Las ideas dominantes de una época siempre fueron sólo las ideas de una clase dominante.” Marx
Los datos de denuncias por problemas de convivencia escolar muestran un alza sostenida año tras año, exceptuando el periodo de pandemia (donde los problemas de violencia se trasladaron a los hogares).
Pero, si uno revisa las miles de denuncias estudiantiles que hay año tras año, encuentra que son una expresión de la violencia de la propia sociedad. Así, el movimiento estudiantil funciona como una caja de resonancia que amplifica las contradicciones sociales.
Esta afirmación parte de la idea de que el movimiento estudiantil se expresa muchas veces adelantando y/o amplificando los grandes cambios y crisis sociales. Así, pueden actuar como un síntoma político en un entorno que aún tiene ciertas libertades, distinto a los lugares de trabajo, donde muchas veces pesa más la presión de sostener una familia y el temor al despido.
¿Cuál es el carácter de la crisis que están expresando hoy las y los estudiantes?
En esta crisis no se pueden unilateralizar factores, pero, sin duda, hay aspectos que no se pueden reducir a medidas parche y que implican cambios que van más allá de focalizar un caso particular. Lo que está en crisis está inserto en las condiciones de vida: en el acceso a la vivienda, la jornada laboral, la calidad del acceso a la salud física y mental, la fragmentación social, la crisis que atraviesan las familias y el conjunto de la desigualdad estructural que el sistema capitalista reproduce de manera cada vez más brutal, lo que se puede entender como la violencia estructural del sistema.
Es decir, los problemas de aprendizaje y desarrollo, incluida la violencia, no pueden entenderse como simples fallas individuales, sino como expresión de las condiciones sociales en las que viven los estudiantes.
Esto, a su vez, no se puede separar de las ideas y personalidades. Es decir, la suma de contradicciones sociales: por ejemplo, hay quienes ven en la pobreza y la miseria la necesidad de organizarse y buscar cambiar estas injusticias, así como, por otro lado, está quien, desde una ideología individualista, busca librarse de estos padecimientos y carencias desde el escepticismo, o las ideas meritocráticas de perdedores y ganadores individuales.
¿Qué ideologías hay en estos ataques y hechos de violencia?
Hay que partir porque recientemente, en Chile, pero también en el mundo, hay una polarización asimétrica, donde las ideas de una derecha más radicalizada están a la ofensiva y, si bien hay respuestas, estas aún están por detrás de la gravedad de los retrocesos que quieren imponer.
Estas ideas tienen un amplio espectro: desde el desprecio por la naturaleza y las condiciones de vida a favor de las ganancias de los grandes negocios extractivistas de la minería, los discursos de odio contra la diversidad, la discriminación contra los migrantes, así como las guerras en curso. Si hay un presidente que justifica un genocidio a un pueblo, cómo poder sorprendernos que jóvenes vean en la violencia una forma de escapar de los problemas.
Pero, mientras esto ocurre, también en la misma juventud aparecen respuestas progresivas, incluso mayoritarias. Por ejemplo, los propios compañeros de curso que arriesgaron sus vidas para detener al agresor en Calama, pero, en mayor escala, un movimiento estudiantil y de la juventud que se moviliza contra las alzas del combustible, donde en Santiago marcharon más de veinte mil estudiantes, o, a nivel internacional, miles que se han movilizado contra el genocidio en Palestina.
Otro factor ideológico, que hoy tiene medios relativamente novedosos con las redes sociales y los grandes medios de comunicación, complejiza la diseminación de estas ideas y las vuelve más difíciles de contrarrestar. Los medios no son neutrales ni democráticos: están en manos de multimillonarios, contra los cuales solo un gran esfuerzo colectivo puede desafiar las tendencias del algoritmo, como muchas veces se denunció, por ejemplo, con las noticias sobre el genocidio en Palestina, que las trataron de ocultar de las redes.
Muchas veces se acusa a los profesores de adoctrinar cuando se desarrolla el pensamiento crítico o el debate de periodos como la dictadura militar, pero el verdadero adoctrinamiento de masas está en los grandes medios, donde hay todo tipo de modas y referentes que, favorecidos por el algoritmo y contenidos basura, instalan ideas de odio. Esto no quiere decir que en las redes no exista información valiosa, solo que el control de estas no es neutro y está al servicio de la ideología dominante.
¿Qué respuestas dar frente a esta crisis social y educativa?
Una salida criminalizadora sin tocar las causas del problema
Ante esta crisis han habido distintos tipos de respuestas: desde quienes buscan transformar este ataque en una oportunidad para criminalizar al conjunto de la juventud, con propuestas de parte de la derecha que buscan endurecer las sanciones para menores de edad, hasta ideas como poner detectores de metales y revisión de mochilas en los establecimientos educativos.
Este tipo de medidas están en el corazón de los proyectos que recientemente presentó el gobierno de Kast, llamado “Escuelas protegidas”, incluyendo medidas como revisión de mochilas, mayores sanciones a la interrupción de clases, entre otras medidas que solo tienen un sentido persecutorio.
En este mismo tono están quienes hacen eco de que las cosas no son como antes, de que antes los estudiantes hacían caso y eran respetuosos, los que no eran castigados, en la nostalgia de que todo pasado fue mejor. Pero el mundo hoy es más complejo: el acceso a la información ya hace años no depende exclusivamente de un profesor. La educación en sus métodos más autoritarios ya no tiene vuelta atrás, pero tampoco es que logre aún surgir algo realmente distinto; es que la crisis de la educación no se resolverá volviendo al retrógrado pasado.
La crisis de descomposición de las familias en el capitalismo neoliberal
Otro de los debates que ha emergido es responsabilizar a las familias. Esto parte de una premisa cierta: la educación por sí misma no puede hacerse cargo de un problema que la sobrepasa, pero, al parecer, también sobrepasa a la familia.
El año pasado, la encuesta de la Universidad del Alba señalaba que un 76% a nivel nacional cree que la violencia escolar en Chile ha aumentado; solo un 36,6% cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros, y un 66,5% cree que la responsabilidad de prevenir y contener esta violencia recae en los apoderados —le sigue el Ministerio de Educación con un 12,9%.
Pero, ¿qué está pasando con las familias? ¿Cuántas de estas familias tienen tiempo para dedicarles a sus hijos? Sobre todo en las familias trabajadoras, encontramos que, aun cuando todos los adultos trabajan, apenas alcanza para llegar a fin de mes, o los trabajos que son por turno o con horas extras van debilitando los espacios para compartir. Es decir, la estructura de la familia tradicional, que en gran parte jugaba un rol de contener los problemas de violencia, aunque también de enmascarar la violencia intrafamiliar, se ha debilitado.
Se volvieron menos efectivos: el tiempo de calidad de cuidados se vuelve más escaso. Si se considera que la mitad de los chilenos gana menos de $611.162 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país percibieron ingresos menores o iguales a este monto, el salario no alcanza para poder mantener una familia sin estar buscando constantemente formas de suplementar esos ingresos. Para qué hablar de los jubilados: la dificultad de poder tener una casa o, si hay algún gasto importante en salud, lleva rápidamente a las familias a situaciones más complejas.
Este escenario no es para justificar las salidas individuales, pero sí para pensar que, si la familia tiene responsabilidad en los cuidados de sus hijos, qué batallas se deben dar por mejores condiciones de trabajo, salud y vivienda para que puedan mejorar esas posibilidades. Pueden ser aliados los apoderados en una batalla por enfrentar esta crisis.
La llamada pandemia de salud mental y los límites de patologizar los comportamientos violentos
Algunos de los datos muestran que la salud mental, sin duda, es un problema crítico, y los establecimientos educativos no están a la altura de poder resolverlo. Si bien hay psicólogos, estos no realizan tratamientos clínicos; solo han habido algunos programas como resultado de movilizaciones donde se ha exigido esta posibilidad.
Pero tampoco el sistema de salud da abasto a esta situación. En 2025, el 82% de los chilenos considera que la salud mental es tan importante como la física, y el 69% la identifica como el principal problema de salud en el país, liderando el ranking mundial según Ipsos. Sin embargo, el 38% cree que el sistema de salud sigue priorizando la salud física, lo que refleja una desconexión entre la percepción pública y las políticas actuales.
Esto es especialmente grave en la juventud: la salud mental de niños y adolescentes es una preocupación creciente. Más del 60% de los menores en Chile presenta síntomas de depresión y ansiedad, con un peak a los 12 años, cuando comienzan las transiciones escolares.
Sin duda es necesario tener recursos para la salud mental, pero estos, en realidad, siguen siendo un síntoma de los problemas estructurales. Según, por ejemplo, la OMS, la patologización también tiene un efecto ideológico: desplaza el problema desde las condiciones sociales hacia la biografía o el cerebro del agresor. Así, en vez de preguntarse por entornos violentos, pobreza, segregación, masculinidades agresivas, discursos de odio, abandono escolar o falta de redes, la conversación pública termina diciendo “tenía problemas mentales”.
Ese giro simplifica la realidad y puede tranquilizar simbólicamente al resto de la sociedad, porque sugiere que la violencia proviene de individuos anómalos y no de condiciones estructurales. Esto no significa ignorar la salud mental, sino considerarla como una parte integrante de un problema de conjunto.
Un problema de convivencia escolar
Por último, hay una visión de que la solución pasa por normar las relaciones dentro de los establecimientos educativos. Si bien es necesario que existan acuerdos de convivencia, mientras la forma siga siendo desde el autoritarismo sin una mayor democratización interna, “Estos pórticos o detectores de metales ocuparían un lugar como un símbolo que estigmatiza la situación de violencia en los establecimientos y no contribuye a la reducción de la violencia que ocurre al interior de ellos”, señala Alejandra Mohor, quien asegura que “abordar los problemas de violencia en los establecimientos educacionales, al igual que en otras comunidades, pasa por mejorar las condiciones de convivencia y cómo se gestionan los conflictos al interior de estas”.
Un antecedente de la lucha frente a esta crisis social y educativa: la muerte de Katherine Yoma
En Antofagasta, hace un par de años, vivimos la muerte de Katherine Yoma, una colega que se quitó la vida producto de las injusticias y persecución por parte de las jefaturas, tanto de la dirección del establecimiento educativo como por la respuesta del sostenedor, que la dejó prácticamente sin horas al trasladarla de establecimiento. Uno de los motores de esta situación fue justamente que la profesora buscó apoyo para resolver un problema de convivencia escolar que las autoridades prefirieron ignorar.
Esta situación desató más de un mes de movilización, donde las demandas partían por hacer justicia frente a los responsables. Nunca hubo justicia respecto al rol de las autoridades. También se exigieron protocolos, apoyo a la salud mental de las comunidades educativas y democratizar las decisiones. Nada de esto cambió. Hubo intentos de unir a la comunidad educativa por estas demandas, pero pesó más la confianza en el parlamento y en el gobierno de Boric; los dirigentes mayoritarios del Colegio de Profesores mantuvieron una tregua con lo que consideraron su gobierno.
Algunas ideas de programa para enfrentar la crisis social y educativa
Equipos interdisciplinarios permanentes en todas las escuelas
La violencia escolar no puede abordarse sin recursos humanos especializados. Hoy, la gran mayoría de los establecimientos carece de equipos suficientes para intervenir en situaciones complejas.
Es necesario garantizar la presencia estable de psicólogos/as, trabajadores/as sociales y otros profesionales, con condiciones laborales dignas. No se trata de programas piloto ni de contratos precarios, para poder intervenir preventivamente, acompañar a estudiantes y apoyar a las comunidades educativas, que periódicamente puedan apoyar a los trabajadores de la educación en su salud mental. Esto debe ir de la mano con que se fortalezca el sistema de salud pública.
Unir la comunidad y democratizar las decisiones en la educación
Esta crisis fracciona las comunidades educativas, termina oponiendo estudiantes a profesores y apoderados, generando culpabilidades cruzadas, cuando en realidad debieran desarrollarse espacios de reflexión y decisión en común para poder abordar esta crisis. La disciplina y el orden en una escuela sería muy distinta si la comunidad los acuerda y decide con una real participación, no solo las jornadas para cumplir, sino tener reales organismos democráticos para el funcionamiento y las normas.
Se necesitan cambiar las condiciones de trabajo y de educación
Partiendo por disminuir la cantidad de estudiantes por sala, ampliar las horas no lectivas. Todo esto para disminuir el estrés en el sistema educativo, bajar el agobio y generar lazos más humanos en el conjunto de la comunidad educativa. Esto, a su vez, requiere un cambio en el financiamiento, que sea acorde a las necesidades educativas de la comunidad.
Las y los trabajadores de la educación no somos ajenos a las problemáticas de salud, vivienda, así como a las condiciones de vida de las familias
Es urgente buscar una unidad mayor. Por ejemplo, hoy, cuando sube el costo de la vida producto del alza de la bencina, cuando el gobierno de Kast descarga los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de las familias, es urgente unirnos. Que se pueda dar una pelea conjunta por mejores condiciones de vida, por enfrentar la discriminación a los migrantes, así como todas las ideologías que alimentan la opresión, como la discriminación a los pueblos originarios y el machismo.
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