Compartimos a continuación una columna de opinión de Ronald Salcedo, presidente de la Federación de Sindicatos de BHP, quién reflexiona en la presente columna a propósito de los recientes despidos en Minera Spence y Escondida.
Martes 7 de abril 08:56

Nadie debería acostumbrarse a los despidos. Nadie.
Porque detrás de cada trabajador que sale no hay un número que baja en una planilla. Hay una vida que se desordena, una familia que entra en incertidumbre, un proyecto que se corta de golpe.
Y aun así, eso es exactamente lo que se está intentando normalizar.
Desde el año 2025 a la fecha, 228 trabajadores han sido despedidos en operaciones de BHP Minerals Americas, particularmente en Minera Spence y Minera Escondida. Todos bajo el mismo argumento: el Artículo 161 del Código del Trabajo: “Necesidades de la empresa”.
Una frase que suena técnica, ordenada, incluso razonable.
Pero que en la práctica se ha transformado en una herramienta para sacar trabajadores.
Y aquí hay algo que no se puede maquillar: Los trabajadores despedidos eran operadores, mantenedores y supervisores. Es decir, el corazón de la operación.
Entonces la pregunta es directa:¿qué necesidad es esa que elimina a quienes hacen el trabajo? La empresa habla de contexto adverso, de eficiencia, de modernización, de ajustes. Habla de costos, de competitividad, de reorganización.
Pero ese relato no resiste análisis. Porque el trabajo no ha desaparecido. La producción no se ha detenido. El negocio no ha cambiado.
Los puestos no se eliminan. Se traspasan. Pasan de trabajadores de la empresa mandante a empresas contratistas. El trabajo es el mismo. El riesgo es el mismo. Pero las condiciones son peores. Y aquí no hay que dar más vueltas: La subcontratación hoy es precarización.
Es precarización porque se sostiene en la necesidad de trabajar. Porque en un contexto donde el empleo es incierto, los trabajadores terminan aceptando condiciones muy por debajo de lo que corresponde.
Y eso no es teoría. Hoy, trabajadores que realizan las mismas funciones pueden llegar a ganar menos de un tercio de lo que recibe un trabajador de la empresa mandante.
Ahí está el negocio. No en la eficiencia. No en la innovación. En pagar menos por lo mismo. Pero este proceso no es solo económico. Es también estratégico.
Porque cuando se habla de subcontratación, no se puede omitir el primer gran paso que dio la propia empresa: la creación del Centro Integrado de Operaciones (CIO), una estructura que opera desde Santiago y que funciona, en la práctica, como una empresa contratista dentro de la misma BHP.
Un formato inédito en la minería chilena. Y que no solo redefine cómo se organiza el trabajo, sino también cómo se debilita la fuerza laboral. Porque a esos trabajadores se les trata como contratistas, no solo en lo operativo, sino en lo legal. Y eso tiene consecuencias profundas. Significa fragmentar a los trabajadores. Significa dividir condiciones. Y significa abrir la puerta a mecanismos que permiten, por ejemplo, reemplazar trabajadores en huelga.
No es un detalle. Es una decisión. Una decisión que apunta directamente a debilitar la organización de los trabajadores.
Y en ese contexto, cuando la empresa habla de proveedores “más especializados”, pero deja a sus propios trabajadores enseñando a quienes llegan, la pregunta es inevitable:
¿Dónde está la especialización? No la hay. Lo que hay es reemplazo. Lo que hay es reducción de costos. Y lo que hay también es una forma de operar que traslada el problema a los trabajadores.
Porque el aumento de costos, la pérdida de eficiencia o la necesidad de reorganizar procesos no aparecen solos. Son consecuencia de decisiones. De proyectos mal diseñados. De estrategias equivocadas. De una administración que no logra conducir adecuadamente la operación.
Y también —y esto es aún más grave— de planificaciones de producción deficientes, que en los hechos terminan impactando directamente en los ingresos variables de los trabajadores, instalando un mecanismo donde la gestión de la operación incide en la reducción de sus remuneraciones.
Y cuando eso ocurre, el costo no lo asume la gestión. Lo pagan los trabajadores. No es la economía la que está fallando. Es la administración. Pero hay algo aún más grave.
Porque el problema no es solo que se utilice el Artículo 161 del Código del Trabajo. El problema es cómo se está utilizando.
En la práctica, este mecanismo se ha transformado en una herramienta de gestión de costos. Se despide invocando “necesidades de la empresa”, aun cuando muchas veces esa causal es débil o derechamente cuestionable. Y lo saben.
Por eso, en lugar de enfrentar el fondo en tribunales, se empujan acuerdos de salida bajo la figura de “mutuo acuerdo”, donde la empresa pone sobre la mesa un monto que no es otra cosa que el costo que estaría dispuesta a pagar en caso de perder un juicio.
Es decir, el despido deja de ser una medida excepcional y pasa a ser una decisión económica calculada.
No se evalúa si corresponde o no corresponde. Se evalúa cuánto cuesta. Y cuando el despido se transforma en una línea de costo, lo que se debilita no es solo el contrato de trabajo. Se debilita todo el sistema de protección laboral. Y mientras todo esto ocurre, las cifras muestran otra realidad.
Según los informes financieros entregados a la Comisión para el Mercado Financiero, al tercer trimestre de 2025, Minera Spence supera los 540 millones de dólares en utilidades y Minera Escondida sobrepasa los 7.000 millones de dólares. Utilidades históricas.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Dónde está la crisis?
Lo que sí ha crecido, y con fuerza, es la tercerización. Hoy, cerca del 80% de la mano de obra en la minería chilena está subcontratada. Y eso no solo precariza. También pone en riesgo.
Porque cuando el trabajo se fragmenta, también se fragmenta la responsabilidad. Aparecen los cruces de tareas, la falta de claridad en la línea de mando, la dilución de quién responde.
Y en minería, cuando no está claro quién responde, lo que se pone en juego no es solo la eficiencia. Es la vida.
Los últimos incidentes en Minera Spence y Minera Escondida lo han demostrado. Situaciones de alto potencial donde la diferencia entre un incidente y una tragedia es mínima.
Esto no es casualidad. Es el resultado de un modelo. Un modelo donde:
– el trabajo no desaparece, pero se abarata,
– la operación se mantiene, pero el trabajador se debilita,
– y la empresa gana, mientras el riesgo se empuja hacia abajo.
Y frente a esto, no hay espacio para eufemismos. Esto no es modernización. Esto no es eficiencia. Esto es precarización. Y la pregunta ya no es técnica. Es política.
¿Vamos a permitir que la minería del futuro se construya sobre este modelo?
El trabajo no desaparece. Lo que desaparece es el valor del trabajador.
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