Presos y presas palestinas: Cárceles sin ley, condenas sin juicio y el giro hacia la pena de muerte en Israel
El lunes, instituciones especializadas en asuntos de presos informaron que el número de presos palestinos en prisiones israelíes superó los 9.600 presos hasta principios de abril de 2026, según datos oficiales emitidos por la Administración de Prisiones. Esto se dio según un comunicado conjunto del Club de Presos Palestinos, la Fundación Addameer (organizaciones no gubernamentales) y la Comisión de Asuntos de Presos de la OLP.
El mismo comunicado señalaba que el número de prisioneros palestinos alcanzó «más de 9.600 prisioneros, incluidas 84 mujeres y unos 350 niños, que están detenidos en las prisiones de Megiddo y Ofer.» El número de detenidos administrativos (sin cargos) alcanzó unas 3.532 personas, que es el porcentaje más alto en comparación con las categorías de presos condenados y detenidos, además de aquellos clasificados como «combatientes ilegales».
En este contexto, el número de detenidos clasificados bajo este nombre ha alcanzado los 1251, señalando que esta cifra no incluye a todos los detenidos en la Franja de Gaza retenidos en campos de las FDI. Los datos indican que esta clasificación también incluye a detenidos árabes de Líbano y Siria (sin especificar su número), en medio de advertencias sobre derechos humanos sobre las repercusiones de su uso ampliado. El comunicado no mencionaba la clasificación del resto de los detenidos, que suelen ser hombres que no se clasifican como «detención administrativa».
Desde octubre de 2023, en conjunto con el genocidio en Gaza, Israel ha intensificado sus violaciones contra los presos palestinos que sufren tortura, hambruna y negligencia médica, lo que ha provocado el martirio de decenas de ellos, según organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos.
Diario Al-Quds Libération صحيفة القدس ليبراسيون
Lo que revelan estos datos no es únicamente una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario israelí, sino la consolidación de una arquitectura represiva cada vez más extrema y desprovista de garantías jurídicas.
La masificación del encarcelamiento palestino —con miles de personas detenidas, incluidos menores, mujeres y más de tres mil en régimen de detención administrativa sin cargos ni juicio— no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como una respuesta puntual a un contexto de seguridad. Se trata, más bien, de un dispositivo estructural de control sobre una población definida como enemiga.
En este escenario, el avance de iniciativas en la Knéset para aplicar la pena de muerte a presos palestinos acusados de “terrorismo” adquiere un significado especialmente grave. No estamos ante un debate jurídico convencional, sino ante la posibilidad de que un sistema que ya opera con amplios márgenes de arbitrariedad —detenciones sin juicio, categorías legales ambiguas como “combatiente ilegal”, denuncias sistemáticas de tortura y negligencia médica— incorpore la eliminación física como herramienta legal.
La cuestión de fondo es inquietante: cuando un Estado puede encarcelar sin pruebas públicas, prolongar indefinidamente la detención, degradar las condiciones de vida hasta poner en riesgo la supervivencia, y al mismo tiempo se dota de mecanismos para ejecutar legalmente a determinados prisioneros, lo que emerge no es un sistema de justicia, sino un régimen de excepción permanente.
Diversas organizaciones de derechos humanos llevan tiempo advirtiéndolo: la prisión se ha convertido en un espacio donde la ley deja de funcionar como límite al poder y pasa a ser un instrumento de su expansión. En ese contexto, la pena de muerte no aparece como una medida extraordinaria, sino como la culminación lógica de un proceso de deshumanización progresiva.
Desde octubre de 2023, en paralelo a la devastación en Gaza, este endurecimiento ha sido especialmente visible. El aumento de muertes bajo custodia, las denuncias de hambre, tortura y abandono médico no son hechos aislados, sino síntomas de un modelo que castiga colectivamente a la población palestina más allá de cualquier principio de responsabilidad individual.
Lo que está en juego, por tanto, no es solo la situación de los presos, sino el tipo de orden político y moral que se está consolidando: uno en el que determinadas vidas pueden ser suspendidas, degradadas y, eventualmente, eliminadas bajo cobertura legal.
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