| de: | Luis CASADO from Diario electrónico POLITIKA diariopolitika@substack.com |
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Diario electrónico POLITIKA
Primer mes de gobierno de Kast
Viktor Orbán muestra que la democracia puede vaciarse sin romperse. Nayib Bukele muestra que el miedo puede transformarse en legitimidad permanente. Chile no copia. Converge.
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escribe Mauricio Vargas
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Las termitas
La termita no derrumba la casa. La perfora. Trabaja viga por viga, desde adentro, en silencio, con precisión, hasta que un día el edificio colapsa solo y nadie recuerda exactamente cuándo empezó a crujir.
Eso es lo que viene ocurriendo con la institucionalidad democrática en distintos rincones del planeta: no el golpe de Estado clásico, no el general en el balcón, no el tanque frente a palacio.
El bolígrafo.
El decreto.
La emergencia autoproclamada.
Y detrás de cada firma, la misma promesa: nosotros venimos a salvar lo que ellos destruyeron.
El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó 26 órdenes ejecutivas en su primer día. Veintiséis. Antes de cualquier contrapeso. Emergencia en la frontera, agencias del propio Estado bajo sospecha, programas eliminados en bloque. No era improvisación. Era instalación.
Treinta y siete días antes, Javier Milei había ejecutado la misma lógica con otro instrumento.
El DNU 70/2023 no reformó: reemplazó. Centenares de artículos, decenas de leyes, múltiples sectores intervenidos simultáneamente.
Cuando todo cambia al mismo tiempo, la deliberación deja de existir. Cuando la deliberación deja de existir, el nuevo orden ya está instalado.
Ese es el patrón.
La emergencia habilita.
La deslegitimación arrasa.
El decreto impone.
El miedo sostiene.
La destrucción prepara la escena de la falsa salvación. Chile entra en esa lógica sin declararlo, pero sin desviarse.
El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast firma seis decretos. Parecen escasos. No lo son: Control territorial, auditoría total, reordenamiento institucional, aceleración de inversiones. El gesto es reconocible. Pero lo decisivo no está en esos seis decretos.
Está en lo que ocurre después.El retiro del proyecto de ley de adopción -trece años de tramitación, consensos construidos, una estructura que ampliaba el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener familia sin importar su composición- no es una pausa.
Es desarmar una política pública madura. Es cortar continuidad institucional.
El retiro del decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley Karin, no es ajuste técnico. Es desactivar protección en el momento exacto en que debía comenzar a operar.
La eliminación de la Unidad Estratégica del sistema de seguridad -acordada transversalmente, basada en evidencia empírica- completa el movimiento: lo que no se logró bloquear en el Congreso se elimina por decreto. Y entonces entra el segundo movimiento.
El relato
La auditoría internacional prometida -Big Four, estándares globales- nunca existió. Fue reemplazada por un comité interno revisando planillas en semanas, sin firmas externas, sin metodología pública, sin independencia verificable.
No importa. Cumple su función. Instalar que todo lo anterior era podredumbre.
Pero aquí el dato no puede diluirse. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó estrechez fiscal extrema, y prácticamente inexistencia de caja: 46 millones de dólares dijo, una y otra vez, públicamente, esa cifra paupérrima.
Sin embargo, la Dirección de Presupuestos informó oficialmente más de 3.600 millones de dólares disponibles al cierre del período anterior.
No es interpretación. Es contradicción.
No es un error de cálculo. Es la construcción deliberada de un escenario de crisis para justificar decisiones que ya estaban tomadas.
Y esa contradicción produjo efectos inmediatos: alza de combustibles, presión inflacionaria, ajuste regresivo. Costos traspasados directo a las personas. Habían opciones pero el movimiento necesario para generar el efecto esperado, exigía escoger el “bencinazo”. Hay millones que se verán afectadas o afectados. Pero... obviamente, no todos: Porque no es un problema de abastecimiento. Chile no compra petróleo a Irán. No depende del Golfo Pérsico.
Más del 90% del crudo que importa, proviene de América -Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia- y de Estados Unidos, todos mercados plenamente integrados al sistema internacional. No hay interrupción física. No hay corte de suministro. No hay escasez real.
Lo que sí hay es otra cosa.
Un relato que intentó vincular un alza interna con un conflicto externo que no impacta directamente la matriz de abastecimiento chilena. Porque incluso cuando el petróleo se transa a precios internacionales, una cosa es reconocer ese marco y otra muy distinta es construir una narrativa de crisis inminente para justificar decisiones ya tomadas.
Y cuando el argumento que se usa para explicar una medida no coincide con la estructura real del problema, deja de ser explicación. Pasa a ser construcción.
Pero hay algunos que a diferencia de la mayoría, no serán perjudicados: Cada punto adicional de inflación en Chile tiene beneficiarios directos. El Banco de Chile por ejemplo: el actual canciller Francisco Pérez, hasta enero vicepresidente del banco y figura del grupo Luksic incrementa utilidades en torno a 135 mil millones de pesos anuales por cada punto adicional de inflación indexado a la UF.
Cuando la inflación deja de ser solo un problema y pasa a ser también una fuente de rentabilidad para quienes orbitan el poder, la discusión deja de ser económica.
Pasa a ser política. Más aún si es que aparecen vínculos.
Cuando en el propio gabinete, como ocurre con el ministro Alvarado, existen intereses o trayectorias ligadas al mercado de los combustibles, la discusión no puede ser abstracta.
No es ilegal. Pero tampoco es irrelevante.
Porque la cuestión no es el “derecho a hacer negocios”, que nadie discute en el ámbito privado. Es la ausencia de distancia cuando ese mismo mercado pasa a depender de decisiones públicas que afectan precios, márgenes y condiciones de competencia.
Y en ese punto, el problema deja de ser económico. Se vuelve estructural. Y deja de ser discutible. Cuando la esposa del ministro Quiroz aparece directamente vinculada a asesorías al sector pesquero, en un contexto donde se ordena retirar acuerdos y cambios a la corrupta Ley Longueira, históricamente cuestionada por captura regulatoria desde su origen.
Tampoco estamos frente a una ilegalidad. Pero… No son coincidencias. Son redes operando directamente sobre decisiones públicas. Y en paralelo, la ocupación del Estado.
Felipe Ríos en SernamEG. Un hombre dirigiendo el Ministerio de la Mujer. Sin Alta Dirección Pública. Sin concurso. Con vínculo directo – su yerno- con la ministra de Energía, Ximena Rincón.
Más allá de la polémica por el despido de una directora en tratamiento por cáncer, la señal es más profunda.
No es un error administrativo. Es nepotismo.
Y es, al mismo tiempo, diseño político.
Está en “pausa” pero es todo parte del mismo movimiento. Pero, sobre todo, es una señal. Y que quien haga el desguace, sea un hombre, lo reafirma.
No cerrar el ministerio de inmediato. Intervenirlo primero. La misma lógica se replica al excluir del sistema de Alta Dirección Pública cargos clave: Fonasa, Conadi, Migraciones, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Salud, Servicio de Evaluación Ambiental, Fiscalía del MOP. Ahí están los nodos del Estado. Cuando dejan de responder a criterios de mérito, dejan de ser contrapeso. Se transforman en extensión.
Pero hay un cargo que no es equivalente al resto y que no puede diluirse en una lista: la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Porque ahí no se administra solo un servicio. Se define algo más profundo: la llave de entrada para investigar -o bloquear- delitos tributarios.
En Chile, el Ministerio Público no puede avanzar en causas de este tipo sin la acción previa del SII.
Es decir, quien controla esa institución no solo gestiona impuestos: condiciona la persecución penal de los delitos económicos. Sacarlo del sistema de Alta Dirección Pública no es un ajuste administrativo. Es alterar el punto exacto donde se decide qué se investiga y qué queda en nada.
Entonces aparecen más nombres.César Oyarzo en Fonasa, procesado por fraude al fisco por pagos por servicios no prestados. Causante de un daño al Estado de más de 30 millones de dólares. Cristian Muga, abogado defensor de Fernando Karadima -condenado por pederastia- en la conducción de una empresa estratégica, como ENAP. En un contexto donde incluso dentro del entorno familiar de Kast – su hermano sacerdote- existieron denuncias contra Karadima.
No son episodios aislados. Son consistentes.
Y mientras tanto, el relato sigue operando.
Se difundió que 4.000 migrantes irregulares habían sido reconducidos a Bolivia en los últimos 25 días. La cifra no corresponde a ese período. Proviene de un informe anterior del Servicio Nacional de Migraciones, del último periodo del gobierno de Gabriel Boric; resultado del acuerdo entre Chile y Bolivia firmado por la anterior administración..
Cuando se preguntó al mismo Kast, en una entrevista por periodistas de Archi, por resultados reales, su respuesta fue: ninguno.
No es error. Es construcción.
La zanja de 30 kilómetros en la frontera norte -presentada como símbolo de eficiencia- no supera los 500 metros y quedó inutilizada, cubierta por la arena, tal como advirtieron especialistas desde el inicio.
Además, la desproporción es evidente: una intervención mínima frente a una frontera de más de mil kilómetros.
No es control efectivo. Es escenografía de control.
Porque la imagen sí queda. Y eso basta. Primero se instala crisis. Luego se exhibe control. Después se ejecutan medidas. Aunque el punto de partida no sea real, en modo alguno.
Y entonces aparece el punto más delicado.
Colonia Dignidad.Más de 300 personas detenidas, torturadas y asesinadas. Cerca de un centenar de detenidos desaparecidos. Abusos sistemáticos durante décadas bajo Paul Schäfer.
El proceso de expropiación buscaba consolidar ese espacio como sitio de memoria. La decisión de revertirlo se justifica en una cifra: 47 mil millones de pesos.
Pero los datos son otros.
860 hectáreas totales.
60 hectáreas a expropiar.
Transferencias históricas por menos de 3 mil millones por el total.
Tasación internacional cercana a 6.200 millones por la totalidad.
Avalúo fiscal en torno a 500 millones.
Terreno rural.
La diferencia no es técnica. Es política.
No se trata de costo. Se trata de una decisión ajustada a manual. Y no es menor que esto haya generado respuesta desde Alemania. Porque no se discute un activo. Se discute memoria. Se trata de no repetición. Y mientras tanto, el cuadro se completa.
Viktor Orbán muestra que la democracia puede vaciarse sin romperse. Nayib Bukele muestra que el miedo puede transformarse en legitimidad permanente.
Chile no copia. Converge.
Pero la acumulación y el desgaste, no terminan ahí. Porque el manual aplicado ya no está sólo en los grandes actos. Está en lo cotidiano. En lo absurdo que empieza a normalizarse.
En Calle Bandera se elimina el paseo peatonal, se levanta pavimento nuevo para luego inutilizarlo: achurado, tachones, sin paso real ni para vehículos ni para personas.
Espacio público convertido en símbolo de planificación sin sentido. No es un error de diseño. Es desorden institucional visible. La expresión visible de un Estado que empieza a perder coherencia incluso en lo más básico.
En seguridad, las cifras ya no dialogan entre sí. Desde el gobierno se informa una baja de homicidios. La Fiscalía reporta un aumento de 36,8% en delitos vinculados a crimen organizado. Carabineros registra alzas semanales en comparación anual. No es que los datos sean complejos.
Es que la realidad dejó de ser una sola. No es debate técnico. Cada institución hablando su propio idioma.
Y en política exterior, la señal escala Y el nivel de alineación alcanza lo estructural. La declaración conjunta entre José Antonio Kast y Javier Milei abre la puerta a una superposición marítima que compromete intereses estratégicos chilenos.
No es un matiz diplomático. Es soberanía. En riesgo.
Al mismo tiempo, se intenta instalar en el debate la amenaza de influencias externas lejanas, mientras actores concretos operan en el núcleo del poder.
La contradicción no es menor. Es estructural.
Y ese es el punto donde todo converge. No en un gran quiebre. En una suma de fisuras. Pequeñas. Constantes. Acumulativas. Decisiones que parecen menores, pero no lo son. Señales que parecen aisladas, pero no lo son. Contradicciones que parecen errores, pero no lo son.
El patrón está completo. La emergencia habilita. La deslegitimación arrasa. El decreto impone. El miedo sostiene.
La estructura cede. Y cuando el edificio cruje, ya no hay estructura que lo sostenga. Porque nadie identificó el momento exacto en que empezó.
La termita no trabaja para reemplazar.
Trabaja para que quede nada que pueda reemplazarla.
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