El Sistema de Entrada/Salida (EES): la frontera invisible que amenaza la intimidad en Europa
El próximo 12 de octubre de 2025, la Unión Europea pondrá en marcha uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de las últimas décadas: el Sistema de Entrada/Salida (EES). Presentado como una solución tecnológica para modernizar las fronteras, el plan consiste en reemplazar los antiguos sellos de pasaporte por un registro digital que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial de todo viajero extracomunitario. A lo largo de seis meses, hasta abril de 2026, la medida se extenderá a los 29 países participantes.
La retórica oficial insiste en la palabra “modernización”, pero conviene decirlo sin rodeos: el EES es, ante todo, un gigantesco archivo biométrico. Cada turista, estudiante o trabajador extranjero quedará inscrito en una base de datos centralizada durante varios años, con la excusa de reforzar la seguridad y evitar estancias irregulares. ¿El precio? Nuestra intimidad.
Los primeros en alertar fueron los propios Estados miembros. Alemania, Francia o Países Bajos reconocieron en 2024 que el sistema no estaba listo, y advertencias de caos en aeropuertos y puertos como Dover se multiplicaron en la prensa británica. Pero la preocupación va mucho más allá de las colas.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) avisó en marzo de 2025 de que los errores en los registros durante el despliegue progresivo podrían traducirse en consecuencias injustas: denegaciones de entrada o sanciones por supuestas estancias irregulares. Y no es una advertencia teórica: recomendó incluso suspender herramientas automatizadas como el cálculo de “días excedidos”, conscientes de que los algoritmos se equivocan y los errores siempre recaen en la parte más débil: el viajero.
La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) ha sido aún más clara. El EES, señaló en septiembre de 2024, afecta de lleno a la dignidad humana, al principio de no discriminación y al acceso a la justicia. La captura biométrica de menores o de solicitantes de asilo debería alarmarnos a todos: no se trata solo de colas más largas, sino de derechos fundamentales convertidos en moneda de cambio.
¿Y qué decir de la duración del almacenamiento de datos? Tres, cinco años… cifras que parecen diseñadas más para servir a las agencias de seguridad que a los principios de protección de datos que Europa presume de defender. Lo que se presenta como un sistema de control migratorio es, en realidad, un instrumento de vigilancia masiva con vocación de permanencia.
Las organizaciones de la sociedad civil lo saben. Privacy International, noyb (la ONG del activista Max Schrems) o la red European Digital Rights (EDRi) llevan meses advirtiendo del peligro. Exigen limitar la retención de datos, establecer salvaguardas reales y someter al EES a un escrutinio judicial serio. Hasta ahora, sus propuestas han chocado contra una mayoría política en Bruselas más preocupada por exhibir mano dura en materia migratoria que por defender las libertades civiles.
Lo que está en juego no es un detalle técnico, sino un principio básico: qué precio estamos dispuestos a pagar por la ilusión de seguridad. Si normalizamos que millones de personas entreguen sus huellas y su rostro a una base centralizada para poder viajar, mañana ese mismo mecanismo podrá usarse para vigilar protestas, disidencias o simplemente movimientos cotidianos.
Europa corre el riesgo de erigir una frontera invisible dentro de sí misma: no solo la que separa a comunitarios de extracomunitarios, sino la que marca un antes y un después en nuestra relación con el poder. El EES no es un trámite más, es el ensayo general de un modelo de control que amenaza con redefinir la libertad de movimiento. Y la verdadera pregunta no es si agilizará los aeropuertos, sino si queremos vivir en una Europa donde la privacidad sea el precio a pagar por cruzar sus fronteras.
Fuentes:
The Economic Times
European Commission
European Data Protection Supervisor
Noyb
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