Alemania intensifica medidas contra el activismo pro-palestino y expulsa a ciudadanos europeos
Cuatro residentes extranjeros enfrentan deportaciones por participar en protestas a favor de Palestina pese a no tener antecedentes penales
Las autoridades alemanas han iniciado una serie de deportaciones y redadas dirigidas a activistas pro-palestinos, incluyendo ciudadanos de la Unión Europea y Estados Unidos, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran una alarmante deriva represiva. Los casos se inscriben en una estrategia más amplia que combina vigilancia, censura y exclusión administrativa, según un reciente informe publicado en Berlín.
La situación ha ganado notoriedad internacional tras la orden de expulsión emitida contra cuatro activistas —tres europeos y un estadounidense— por participar en manifestaciones en la Universidad Libre de Berlín. A pesar de no haber sido condenados por delito alguno, las autoridades locales justificaron las expulsiones por “afectar los intereses de seguridad de Alemania”, invocando la “razón de Estado” en torno a la relación con Israel.
Los afectados, entre ellos la ciudadana irlandesa Roberta Murray y el estadounidense Cooper Longbottom, han recibido prohibiciones de entrada al espacio Schengen por dos años y órdenes de salida inmediata del país. Los procedimientos limitan su acceso a apelaciones judiciales en territorio alemán, lo que ha sido denunciado como una vulneración del debido proceso.
Un informe titulado La represión de la solidaridad con Palestina en Alemania, elaborado por activistas y académicos, denuncia cinco niveles de represión institucional: persecución legal, vigilancia policial, censura cultural, criminalización del discurso pro-palestino y deslegitimación pública de las demandas por derechos palestinos.
“El caso de estos cuatro activistas es solo la punta del iceberg. Hay un patrón sistémico que busca silenciar toda crítica a Israel, especialmente desde voces árabes, musulmanas y de izquierda”, afirmó Salah Said, uno de los autores del informe.
La policía de Berlín también ha realizado redadas en espacios culturales y cafés frecuentados por refugiados y activistas palestinos. El pasado 11 de febrero, una operación en el distrito de Neukölln resultó en la detención de decenas de personas, muchas de las cuales fueron trasladadas para ser deportadas a Grecia sin cargos penales.
Desde Irlanda y Polonia se han elevado quejas diplomáticas. En paralelo, grupos de derechos humanos como Pro Asyl han exigido al Gobierno alemán que respete las libertades fundamentales de manifestación, expresión y libre circulación, especialmente para ciudadanos europeos.
Voces críticas advierten que se está utilizando el argumento del antisemitismo como herramienta para criminalizar el disenso político y bloquear el debate público sobre la situación en Gaza y Cisjordania. Juristas independientes también han señalado que la llamada Staatsräson carece de fundamento legal para justificar expulsiones o censura en un Estado de derecho.
“La democracia no se defiende expulsando a quienes la ejercen”, resumió una portavoz del grupo Jewish Voice for Peace, que ha expresado preocupación por la escalada represiva contra el activismo pacífico en Alemania.
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