El posible viaje a Argentina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insinuado para septiembre y en el que se reuniría con su aliado, el presidente Javier Milei, motivó una denuncia formal de organizaciones de derechos humanos y sindicatos. La medida exige su detención por “genocidio” y “crímenes de guerra” en Gaza, y se apoya en la orden que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) a finales de 2024, la cual se activaría si Netanyahu ingresa al país.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación H.I.J.O.S. —que reúne a descendientes de víctimas de la última dictadura militar— presentaron la denuncia formal ante un tribunal federal por “genocidio” y “crímenes de guerra” contra el pueblo palestino.
“Hemos presentado una denuncia formal ante el Tribunal Federal solicitando la detención inmediata del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, de conformidad con las órdenes de arresto emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024”, indicaron las organizaciones.
El escrito cita informes y publicaciones que describen las acciones de Israel desde el 7 de octubre de 2023 como parte de un plan sistemático para desplazar a los palestinos. También menciona que la CPI considera a Netanyahu penalmente responsable de causar muerte por inanición, asesinatos, persecución y destrucción de infraestructura civil.
Ambas organizaciones pidieron que las autoridades argentinas lo entreguen a La Haya o lo procesen en el país, conforme al principio “aut dedere aut iudicare” (extraditar o juzgar).
Netanyahu “es penalmente responsable como coautor del crimen de guerra de causar intencionalmente la muerte por inanición; de crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos; así como de la destrucción de infraestructura civil, incluidos centros de salud, escuelas y campos de refugiados de Naciones Unidas”, sostuvieron los denunciantes.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan.
Así, la denuncia se apoya en el artículo 59 del Estatuto de Roma —del que Argentina forma parte desde el 2001— y solicita que se emita una orden de captura nacional contra Netanyahu.
¿Puede Netanyahu realmente ser arrestado?
La CPI, con sede en La Haya, dio la orden de detención a fines del año pasado por presuntos crímenes de guerra en Gaza y crímenes contra la humanidad. Ahora bien, esta corte no tiene fuerza policial propia, por lo que depende de la cooperación de los Estados parte.
Según el Estatuto de Roma, los 124 países miembros deben arrestar y entregar a cualquier persona con orden de la CPI si entra en su territorio.
Aunque el incumplimiento no suele generar sanciones inmediatas, sí puede tener consecuencias diplomáticas. Estas pueden incluir la remisión del caso al órgano rector de la corte o al Consejo de Seguridad de la ONU.
En el caso de Argentina –miembro del Estatuto– si Netanyahu pisa suelo argentino, la justicia debería detenerlo y ponerlo a disposición de la CPI. El juez Sebastián Casanello podría ordenar una detención preventiva para luego coordinar la entrega.
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