Haití. Advierte sobre graves violaciones de derechos humanos en el programa de reubicación
La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Defensa de los Derechos Humanos (POHDH) expresa su profunda preocupación por el programa de reubicación iniciado por las autoridades de transición en los centros que acogen a personas desplazadas.
En un documento enviado a la agencia online AlterPresse, la POHDH afirma haber detectado graves violaciones de los derechos humanos en la aplicación de este programa.
Para la Pohdh, las 99 000 gourdes (equivalentes a unos 756 dolares) asignadas a las familias no permiten alquilar una vivienda adecuada en zonas no controladas por las bandas, debido al aumento de los alquileres y a las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para las personas desplazadas procedentes de barrios populares.
Ante estos obstáculos y bajo la presión de abandonar los lugares que ocupan, algunas familias que han recibido esta ayuda se han visto obligadas a refugiarse en casa de familiares o amigos, informa la POHDH.
Otras han tenido que regresar a sus ciudades, mientras que algunas, a falta de alternativas, han vuelto a barrios controlados por las bandas, poniendo en peligro sus vidas.
250 000 personas desplazadas hacinadas en centros de acogida
Alrededor de 250 000 personas desplazadas como consecuencia de la violencia perpetrada por bandas armadas viven actualmente en centros de acogida.
La población desplazada en estos lugares se estimaba en unas 150 000 personas a finales de 2024, recuerda la plataforma.
Desde principios de 2025, la intensificación de la violencia ha provocado sucesivas oleadas de desplazamientos forzados, especialmente en los departamentos de Oeste, Artibonite y Plateau Central.
Desde 2023, alrededor de 1,3 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Un programa de exclusión
En julio de 2025, las autoridades pusieron en marcha un programa denominado «reubicación» a través de la Oficina Nacional de Migración (ONM), dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (MAST), con el fin de responder a esta crisis.
Este programa tiene como objetivo llegar a más de 23 000 personas, es decir, alrededor de 10 000 hogares, antes del inicio del curso escolar previsto para el 1 de octubre de 2025.
El Gobierno tenía previsto distribuir 3653 cheques antes de finales de julio.
Sin embargo, el programa se basa en un censo realizado entre septiembre y diciembre de 2023, lo que excluye a muchas personas desplazadas como consecuencia de la violencia que se produjo después de ese periodo, lamenta la Pohdh.
Estas familias no tenidas en cuenta han sido rechazadas hacia otros campamentos ya superpoblados, donde las condiciones de vida son aún más alarmantes, constata.
La Pohdh cita, en particular, los casos de lugares como la escuela nacional Colbert Lochard y la Facultad de Lingüística Aplicada, cuyas más de 200 familias han sido trasladadas a las instalaciones del instituto Anténor Firmin.
Aún no se ha encontrado ninguna solución para las familias desplazadas de la escuela nacional Caroline Chauveau, ya que los lugares previstos para acogerlas están saturados.
La POHDH se rebela contra los desalojos forzosos
Durante un proceso de recuperación de espacios ocupados por personas desplazadas, agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Haití utilizaron gases lacrimógenos, agredieron físicamente a los desplazados, saquearon y dispersaron sus efectos personales, denuncia la POHDH.
«Estas acciones constituyen casos flagrantes de violación de los principios rectores relativos al desplazamiento de personas dentro de su propio país, que prohíben cualquier desplazamiento o expulsión sin garantías de seguridad, dignidad y condiciones de vida adecuadas», subraya la organización.
La POHDH también considera que se trata de una violación manifiesta de la Constitución haitiana y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que consagran el derecho a una vivienda adecuada y a un nivel de vida suficiente.
Rechaza este programa de reubicación, que califica de forma encubierta de expulsión y desalojo de las familias desplazadas.
Critica una actitud irresponsable que, en su opinión, revela la indiferencia de las autoridades ante la catastrófica situación de los desplazados.
La POHDH advierte contra los métodos coercitivos y violentos utilizados durante las evacuaciones, contrarios a la dignidad humana y a la prohibición absoluta de los desalojos forzosos.
Insiste en que la prioridad de las autoridades debe ser el restablecimiento del orden y la seguridad en los barrios, a fin de permitir el regreso voluntario de los desplazados a sus hogares, en condiciones seguras y dignas.
Fuente: Alterperesse
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