Argentina. Reforma laboral esclavista: el proyecto de Milei y el espejo del modelo chileno
Este miércoles Milei quiere imponer una Reforma Laboral que supera en varios aspectos al neoliberal Código del Trabajo chileno, impulsado durante la dictadura de Pinochet, y debería alertar al movimiento obrero chileno, que está próximo a enfrentarse al ultraderechista José Antonio Kast.
El movimiento obrero argentino se destaca por ser una de las principales fuerzas organizadas de América Latina y por conservar derechos fundamentales, como la organización por rama, las comisiones internas y el derecho a huelga. En Chile, en cambio, la dictadura de Pinochet impuso un Código Laboral diseñado junto al “Chicago boy” José Piñera, que luego fue profundizado por los gobiernos de la ex Concertación y de la derecha en nombre de la “modernización”. Ese proceso arrasó con muchas de las conquistas obtenidas por las y los trabajadores, limitando sus derechos y reglando a favor de los empresarios.
Cuando parece imposible una mayor precarización laboral, surge el ultraderechista Javier Milei en Argentina con una propuesta aún más radical y neoliberal que el propio Código del Trabajo chileno. Por eso, resulta imprescindible que el pueblo argentino luche contra la reforma esclavizadora impulsada por su presidente y que, en Chile, se conozcan las intenciones de la ultraderecha vecina y se prepare frente a ellas, especialmente ahora que el republicano José Antonio Kast es el nuevo presidente electo.
La reforma de “modernización” que propone Javier Milei incluye casi 200 artículos que buscan reducir derechos conquistados por el pueblo argentino. Negando el derecho colectivo e imponiendo “el derecho individual” para precarizar de conjunto. Entre los ataques más relevantes están el derecho a huelga, la organización sindical, la flexibilización de horas, vacaciones e indemnizaciones. Todo en favor de las ganancias patronales.
En Argentina, los sindicatos son ramales, es decir, agrupan a todas las personas que trabajan en una misma rama económica, sin importar la empresa específica en la que se trabaja. En Chile, en cambio, los sindicatos son por empresa, y en cada una puede haber varios sindicatos, lo que ha reducido su fuerza para pelear por reivindicaciones, al aislar y fragmentar. A menudo, las empresas crean sus propios sindicatos para generar división y debilitar el poder de las y los trabajadores para conseguir sus reivindicaciones.
La propuesta de Milei refuerza los convenios por empresa, limita el alcance sectorial y reduce derechos adquiridos. Además, ataca la organización sindical al prohibir asambleas y acciones colectivas, al tiempo que debilita la estructura ramal para promover acuerdos individuales o empresariales. Es la llamada “libertad” sindical ya conocida en Chile, donde se busca fomentar múltiples sindicatos por empresa y diversos grupos negociadores, aumentando de este modo la fragmentación y la debilidad en las negociaciones y favoreciendo al empleador.
En Chile, el derecho a huelga está reglado en la negociación colectiva, con un máximo de dos semanas, para luego promover el descuelgue individual de las/os trabajadores. Las empresas preparan sus presupuestos considerando esas dos semanas para que no afecten sus ganancias, dejando en desventaja a las y los trabajadores que se movilizan.
Frente a esta dificultad, algunos sectores se agrupan en federaciones del mismo rubro, aunque no han logrado negociar de forma conjunta. Los portuarios, por ejemplo, han tenido episodios de unidad nacional en las últimas décadas, a pesar de las distintas patronales que controlan los puertos, organizando movilizaciones que se han impuesto por fuera de la legalidad, pero su fuerza ha decaído por la confianza de los dirigentes en las mesas de negociación con gobiernos como el de Boric.
En otros sectores, como la salud, vemos concesiones de diversas empresas que operan en un mismo hospital para cubrir servicios como mantención, aseo o alimentación. Es la subcontratación o tercerización. Así, las y los trabajadores, sindicalizados por empresa, no están unidos para negociar sus condiciones ni las de la comunidad que atienden.
La legislación chilena, al igual que la propuesta de Milei, exige cubrir servicios mínimos esenciales, pero dependerá según el tamaño de la empresa, sus características, la naturaleza del servicio y el impacto en la comunidad. La de Milei va más allá, al imponer un 50-75% de forma universal. Ambas buscan controlar la huelga, garantizar la producción y proteger las ganancias empresariales.
Otras de las propuestas de la reforma que también tienen impacto son:
el banco de horas, que significa básicamente no reconocer las horas extras, es decir, la propuesta contempla una jornada de hasta 12 horas de trabajo. Por ejemplo, si la jornada es de 8 horas, el empleador podrá ampliarla en 4 horas más, y luego la trabajadora o el trabajador podrá recuperarlas en horas libres “en mutuo acuerdo”, que en Chile ya sabemos que significa únicamente cuando a la empresa le convenga.
El salario podrá ser pagado no sólo en peso argentino, sino también en moneda extranjera o en bienes o servicios, algo asimilable al pago del inquilino o las pulperías salitreras de principio de siglo XIX en Chile.
Las vacaciones, como regla general, podrán fraccionarse, dificultando tomarlas de manera continua. El secretario del Trabajo, Julio Cordero, justificó esta medida señalando que los “jóvenes no quieren tantas vacaciones”.
Abaratar el pago de indemnizaciones. Las empresas deberán aportar mensualmente un 3% de la masa salarial, con el cual se sustentará un fondo para abonar las indemnizaciones por despido sin causa.
Las y los profesionales que defienden a trabajadores, deberán pagar, situación no aplicable para profesionales que defienden a empresarios.
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Varios sectores de trabajadores y trabajadoras de base se han activado contra la reforma laboral esclavista: han publicado declaraciones, organizado agitaciones para difundir los ataques y realizado coordinaciones y encuentros en varias ciudades como Córdoba, Jujuy, La Plata y Buenos Aires. Sindicalistas, abogados y juristas de distintas partes del mundo han manifestado que la reforma precariza las condiciones laborales, no combate el desempleo y amordaza las luchas sindicales. Las respuesta de las direcciones sindicales, como la CGT y la CTA, han sido más que débiles, solo llamaron a movilizarse a quienes pudieran y se negaron a impulsar un paro nacional, lo que se considera una gran traición frente al retroceso que se avecina, más aún cuando el gobierno podría aprobar la reforma con los votos del peronismo.
Diputados del Frente de Izquierda Unidad (FITU), como Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS), han planteado la necesidad de realizar un gran acto con micrófono abierto, en el que puedan participar todas y todos los trabajadores que se oponen a la reforma y rodear el Congreso.
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