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"Una alarma legítima": ¿Por qué debemos reflexionar sobre la crítica de Maduro contra una aplicación?

© AP Photo / Ariana Cubillos
En días recientes, el presidente Nicolás Maduro volvió a reiterar su llamado a su equipo de Gobierno y al pueblo venezolano: "desinstalen WhatsApp". Para el mandatario, la popular aplicación de mensajería no es un mero vehículo de comunicación privada.
Es "el principal instrumento de espionaje del imperialismo y del sionismo para perseguir a los pueblos y para matar", de acuerdo con Maduro.
Durante el cierre de la plenaria del congreso extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el presidente de Venezuela denunció que el ataque contra líderes en Doha —"lo hicieron por WhatsApp. Cuadriculan todo por [esta vía], saben toda tu vida por [la plataforma], el videito que mandaste ayer, lo saben"— y exigió prudencia y medidas de seguridad a los funcionarios y a la ciudadanía.
Frente a esa denuncia pública, Sputnik consultó al experto en computación y activista por el software libre Luigino Bracci, quien brindó una lectura que va más allá del pánico tecnológico: combina escepticismo respecto a las empresas de Silicon Valley, referencia histórica a las prácticas de inteligencia y una defensa pragmática del software de código abierto y la soberanía tecnológica.
La tecnología es política
Bracci abre la reflexión situando el problema en el terreno geopolítico. "Lo primero es entender que Estados Unidos es un país que se está comportando —y ahora más que nunca— como un imperio", dice, y recuerda las revelaciones de Edward Snowden sobre puertas traseras y accesos privilegiados de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a empresas tecnológicas en 2013.
Para el especialista, la historia y la arquitectura de internet obligan a desconfiar. "Seríamos muy ingenuos si creyéramos que eso 12 años después fue deshabilitado", puntualiza.
La preocupación del experto cobra nuevo vigor en el contexto de denuncias internas en Meta*: según la demanda presentada por un exjefe de seguridad de WhatsApp, la compañía habría permitido que alrededor de 1.500 ingenieros tuvieran acceso sin suficientes controles a datos de usuarios, y que vulnerabilidades graves permitieron secuestros masivos de cuentas.
Esas alegaciones, recogidas por diversos medios, sostienen que la empresa minimizó o desatendió alertas internas sobre seguridad.
Esa pieza de información externa —subraya Bracci— explica por qué el reclamo presidencial no puede descartarse con chistes sobre "encriptación de extremo a extremo".
En su diagnóstico técnico, Bracci distingue entre la protección del contenido textual de un chat —lo que la encriptación puede proteger— y otros vectores de exposición: metadatos, archivos adjuntos, notas de voz, ubicaciones GPS, y la enorme reserva de datos que Meta integra entre sus plataformas, como la referida WhatsApp, Instagram y Facebook.
“No sería prudente que personas que manejan información confidencial estén utilizando eso", afirma, y recuerda que la inteligencia no solo busca textos sino patrones de comportamiento, tiempo de uso, ubicación y perfiles predictivos.
¿Cómo protegerse ante estos embates?
Sobre la pregunta de si basta con desinstalar la aplicación, Bracci responde con realismo: la renuncia individual es un gesto político y preventivo útil, pero no resuelve la dependencia estructural. "No es suficiente", plantea.
La solución, propone, requiere políticas de Estado: desarrollar y desplegar alternativas soberanas, usar software libre con código abierto auditado por especialistas locales, y alojar los servicios en centros de datos nacionales o aliados confiables —no en servidores en Estados Unidos— para reducir la exposición jurídica y técnica a presiones externas.
En su diagnóstico técnico-político propone una estrategia en tres frentes:
1.
Reducción del riesgo mediante normas internas al personal de Estado, por ejemplo, prohibir el uso de mensajería comercial para comunicaciones oficiales.2.
Infraestructura propia: es decir, servicios instalados en servidores nacionales, con software auditado y, cuando sea necesario, cooperación tecnológica con aliados.3.
Formación y cultura: capacitar a funcionarios y técnicos en prácticas seguras y en el manejo responsable del hardware y software.Además, Bracci advierte sobre el lado menos visible: el hardware. Trae a colación episodios donde dispositivos y componentes pueden ser manipulados para espiar, o incluso, causar daño, y subraya que la independencia tecnológica exige, a la larga, cadenas de suministro alternativas y auditorías profundas del equipo.
"Hacer hardware es más difícil que software", admite, y por eso propone cooperación técnica con países que, a su juicio, ofrecen alternativas —menciona cooperar con aliados como China o Rusia en ciertos desarrollos—, siempre dentro de un esquema de verificación y control propio.
Respecto a recomendaciones concretas de plataformas, Bracci evita nombres absolutos: insiste en la lógica antes que en la marca.
Recalca la ventaja del software libre. "El código fuente está disponible, lo podemos examinar, lo podemos modificar y eso sí, tenemos que instalarlo en nuestros propios servidores", pero advierte que usarlo no garantiza la seguridad si la implementación y el hospedaje siguen en infraestructuras hostiles.
La receta, por tanto, combina—en palabras suyas—"código abierto, servidores propios, formación técnica y hardware confiable".
El cierre del diálogo con Bracci regresa al terreno político y simbólico: para él, el llamado presidencial a desinstalar WhatsApp es una alarma legítima en un mundo donde la tecnología es arma y campo de batalla.
Pero esta alerta, insiste, debe transformarse en política pública sostenida. "No basta con apagar el celular: hay que construir capacidades, centros de datos, una cultura técnica y alianzas estratégicas que nos permitan no depender de la infraestructura del adversario", concluye.
*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

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