Brasil. El Supremo juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco
A ocho años del crimen
El Supremo Tribunal Federal inició el proceso contra los hermanos Brazão y los demás acusados por la planificación del atentado contra la concejala. Mientras que la Fiscalía sostuvo que “no hay duda” sobre su responsabilidad penal, las defensas cuestionaron la solidez probatoria.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó este martes a juzgar a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, a ocho años del crimen que conmocionó al país y el mundo. La Fiscalía fue categórica en la apertura del proceso: “No hay duda” sobre la responsabilidad penal de los acusados.
El juicio se desarrolla en la sede del máximo tribunal, en Brasilia, y está a cargo de la Primera Sala, integrada por cuatro magistrados. El juez relator, Alexandre de Moraes, será el primero en emitir su voto, seguido por los demás integrantes del cuerpo. La decisión se adoptará por mayoría y, en caso de empate, prevalecerá la interpretación más favorable a los imputados. El fallo podrá ser recurrido solamente dentro de la propia Corte.
“¿Quién mandó a matar a Marielle?”
Franco, concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 cuando regresaba de un acto político en el centro de Río de Janeiro. En el ataque también murió su chofer, Anderson Gomes. Su asesora Fernanda Chaves, que viajaba en el vehículo, sobrevivió.
Los autores materiales del atentado ya fueron condenados en 2024. El expolicía Ronnie Lessa recibió una pena de 78 años de prisión tras confesar que disparó con una ametralladora contra el vehículo de la concejala. Su cómplice, Élcio Queiroz, conductor del automóvil desde el que se efectuaron los disparos, fue sentenciado a 59 años.
La dirigente, negra, lesbiana y nacida en una favela, se había convertido en una referente de la defensa de los derechos humanos y en una voz crítica frente a las milicias parapoliciales que operan en vastas zonas de Río. Su asesinato generó multitudinarias movilizaciones en Brasil y en el exterior bajo la consigna “¿Quién mandó a matar a Marielle?”.
La actual instancia judicial apunta a determinar la responsabilidad de quienes habrían planificado y ordenado el crimen. Entre los principales acusados se encuentran los hermanos Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y João Francisco “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal.
Ambos enfrentan cargos por organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio en perjuicio de la asesora sobreviviente. También están imputados el exjefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa; el expolicía militar Ronald Paulo Alves; y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas.
Motivación política
Durante su alegato inicial, el viceprocurador general de la República, Hindemburgo Chateaubriand, sostuvo que las pruebas reunidas acreditan la “autoría delictiva” de los hermanos Brazão y describió la existencia de una estructura criminal dedicada a la apropiación ilegal de tierras públicas en Río, en articulación con milicias.
Según la acusación, Franco se oponía en el Concejo Municipal a iniciativas que favorecían la regularización de terrenos ocupados irregularmente en zonas bajo control de estos grupos. La fiscalía afirmó que la concejala era percibida como una “amenaza” para los intereses económicos y políticos de la organización.
El Ministerio Público presentó como elementos de prueba escrituras de decenas de lotes que habrían sido apropiados de manera fraudulenta y luego transferidos a nombre de los acusados. También citó testimonios de exintegrantes de milicias que describieron un esquema de control territorial, explotación de servicios y condicionamiento de campañas electorales en áreas dominadas.
Para la fiscalía, el asesinato tuvo motivación política y buscó silenciar la actuación de Franco en defensa de proyectos de vivienda social en terrenos en disputa. En su intervención, Chateaubriand solicitó la condena de los acusados y el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas por daños morales y materiales.
Un juicio contra la impunidad
Las defensas, en cambio, cuestionaron la solidez probatoria del caso. Los abogados de los hermanos Brazão sostuvieron que la acusación se apoya fundamentalmente en la delación premiada de Ronnie Lessa y que no existen pruebas materiales o documentales que corroboren su testimonio. El abogado Cléber Lopes, defensor de Domingos Brazão, afirmó ante los magistrados que la confesión del tirador contiene contradicciones y que no fue validada por evidencias externas.
Los imputados se declararon inocentes y negaron cualquier vínculo con la planificación del atentado, así como rechazaron la existencia de una organización criminal.
El juicio se trasladó al STF debido a que uno de los acusados, el exdiputado Chiquinho Brazão, contaba con fuero parlamentario al momento de ser denunciado. Aunque posteriormente perdió su banca, el proceso permaneció bajo jurisdicción del máximo tribunal.
La audiencia se desarrolla con la presencia de legisladores, periodistas y familiares de las víctimas. Entre ellos se encuentra Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y actual ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien pidió que el Estado garantice que “ningún crimen quede impune”.
Organizaciones de derechos humanos también siguen de cerca el proceso. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil, Jurema Werneck, señaló que el país tiene la oportunidad de cerrar un ciclo de impunidad en un caso que se convirtió en símbolo de la violencia política y del poder de las milicias.
Fuente: Página 12
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