Cómo utiliza Israel la cuestión de los salarios de los prisioneros para distorsionar la narrativa palestina
A lo largo de los últimos años, el expediente de las asignaciones destinadas a los prisioneros palestinos ha salido de su estrecho marco financiero para convertirse en una de las herramientas más sensibles e influyentes del conflicto político y mediático. Lo que en el contexto interno palestino se presentaba como una política de protección social dirigida a un amplio sector perjudicado por el sistema de detención israelí, fue reformulado progresivamente en el discurso internacional —en particular el israelí y el estadounidense— como una prueba de acusación prefabricada utilizada para socavar la narrativa palestina en su conjunto. En esta transformación, dichas asignaciones no fueron discutidas como el resultado de una realidad de ocupación prolongada, sino que fueron descontextualizadas e incorporadas al discurso de la “financiación del terrorismo”, convirtiendo así un componente social en un arma política eficaz.
Este enfoque cobró un nuevo impulso con un informe publicado por el periódico Washington Free Beacon el 28 de enero de 2026, basado en una notificación no anunciada del Departamento de Estado estadounidense al Congreso. El informe señaló que la Autoridad Palestina había continuado durante el año 2025 desembolsando cientos de millones de dólares a las familias de prisioneros y fallecidos, pese a compromisos previos de suspender o reestructurar dichos pagos. Sin embargo, la importancia del informe no residía únicamente en las cifras, sino en la forma en que estas fueron presentadas, al ser integradas en una narrativa acusatoria que reafirma el relato dominante en un momento regional caracterizado por una elevada sensibilidad política y una intensa competencia por definir quién es el “socio aceptable” a nivel internacional.
Según lo expuesto en el informe, la Autoridad Palestina no abolió efectivamente el programa de asignaciones, sino que recurrió a su reorganización administrativa mediante el traslado de su supervisión a una nueva institución de carácter desarrollista y económico. Esta medida, promovida oficialmente como parte de un proceso de reforma orientado a desvincular el apoyo social del discurso político, fue recibida con un amplio escepticismo en Washington y Tel Aviv, donde se la describió como un cambio meramente formal que no altera la esencia de la política ni su filosofía fundamental.
Desde la perspectiva estadounidense, el cambio de la entidad supervisora o del marco institucional no se considera suficiente mientras subsista la idea central del programa. El problema, según esta interpretación, no radica en la gestión ni en los mecanismos, sino en el principio mismo. Bajo este entendimiento, el expediente de las asignaciones a los prisioneros siguió ocupando un lugar destacado en la agenda de presión política, no como una cuestión financiera susceptible de resolución técnica, sino como una prueba política directa del grado de compromiso de la Autoridad Palestina con las condiciones occidentales, y como un criterio para evaluar su “idoneidad” para desempeñar cualquier papel futuro en el escenario regional.
Este enfoque se vio reforzado por las cifras incluidas en el informe, que mostraron un aumento notable del volumen del gasto, estimándose los pagos en aproximadamente 144 millones de dólares en 2024, antes de superar los 200 millones de dólares en 2025. Este incremento no fue interpretado en el discurso occidental como un reflejo de la expansión del sistema de detención o del aumento del número de beneficiarios, sino que fue utilizado para profundizar las dudas sobre las intenciones de la Autoridad y para replantear una vieja pregunta de forma más incisiva: ¿se trata de una reforma real o simplemente de un reciclaje de políticas existentes bajo nuevas denominaciones?
Por su parte, la Autoridad Palestina fundamenta su defensa de esta política en un marco jurídico interno que la obliga a velar por los prisioneros y sus familias, considerándolos un sector social directamente afectado por las políticas de detención israelíes. No obstante, esta base legal interna no goza de un reconocimiento equivalente en el ámbito internacional, donde se la presenta en el discurso estadounidense como un obstáculo político y de seguridad, más que como una justificación jurídica. De este modo, el derecho interno pasa de ser un instrumento de protección social a convertirse en un punto de controversia internacional, utilizado para restringir el papel de la Autoridad Palestina en asuntos de gran envergadura, entre ellos la reconstrucción de Gaza y los arreglos posteriores a la guerra, en un contexto en el que la legitimidad política se redefine conforme a estrictos criterios externos.
Las presiones financieras estadounidenses como herramienta política
En los círculos de toma de decisiones en Washington, el expediente de las asignaciones destinadas a los prisioneros palestinos ha dejado de estar limitado al ámbito de la caracterización política o de la controversia discursiva, para transformarse progresivamente en un objeto de debate práctico en torno a los instrumentos de presión posibles. Con el aumento de las críticas dentro del Congreso —en particular desde sectores que consideran que la continuidad de estas asignaciones constituye una transgresión de las líneas rojas estadounidenses— han surgido propuestas relacionadas con la imposición de sanciones financieras o con la restricción de la ayuda proporcionada a la Autoridad Palestina. Esta orientación se presenta como una respuesta directa a lo que en el discurso oficial estadounidense se describe como “falta de idoneidad política”, en alusión a que la Autoridad Palestina, según esta lógica, no habría demostrado un compromiso suficiente con las condiciones que se le imponen.
La amenaza de sanciones no se plantea en un contexto aislado, sino que se entrecruza con un debate más amplio dentro de la administración estadounidense sobre el futuro de la Autoridad Palestina y su papel en la próxima etapa. El expediente de las asignaciones se ha vuelto recurrente cada vez que se discute la reconstrucción de Gaza, los arreglos de gobernanza posteriores a la guerra o las condiciones para la reintegración de la Autoridad en cualquier proceso político regional. De este modo, la controversia ha dejado de girar en torno a un rubro financiero específico para convertirse en una herramienta de evaluación integral utilizada para juzgar el grado de “aptitud” de la Autoridad como socio político, haciendo de la presión financiera una puerta de entrada a una influencia política más profunda.
En este contexto, los medios de comunicación desempeñan un papel central en la preparación del clima general para este tipo de políticas. El término “pago por matar” (Pay for Slay) se ha consolidado como el título más recurrente al abordar las asignaciones a los prisioneros en los medios occidentales, especialmente en Estados Unidos e Israel. Este término no funciona como una descripción neutral, sino como una etiqueta condenatoria prefabricada que reduce la cuestión a tres palabras cargadas de connotaciones morales, facilitando la adopción de posturas políticas rígidas sin necesidad de mayor explicación o justificación.
Resulta significativo que esta expresión no figure en ninguna legislación palestina ni en documento oficial alguno, sino que surgió en círculos específicos de presión política, antes de abrirse camino hacia informes de centros de investigación, luego a audiencias del Congreso y, finalmente, a los titulares de la prensa occidental. Con la reiteración de su uso, el término dejó de requerir explicación o deconstrucción, pues pasó a cumplir su función por el solo hecho de circular, produciendo un juicio previo que sustituye el debate y otorga a los responsables políticos una cobertura lingüística y moral para justificar políticas de presión y posibles sanciones.
La reducción del conflicto a tres palabras: “pago por matar”
La fuerza de la narrativa del “pago por matar” no proviene de la precisión de su caracterización jurídica ni de su capacidad para explicar la realidad, sino de la densa carga moral que contiene su formulación lingüística. El término no actúa como una herramienta de interpretación, sino como un instrumento de juicio: emite una conclusión moral completa antes de presentar los hechos y coloca al receptor frente a un resultado predeterminado que no deja espacio para la interrogación o el análisis crítico. Una vez que el expediente de las asignaciones a los prisioneros se plantea bajo este rótulo, se cierran automáticamente una serie de preguntas fundamentales que deberían constituir el núcleo de cualquier abordaje periodístico o jurídico: ¿quién es el prisionero?, ¿cuál es la naturaleza del cargo que se le imputa?, ¿cómo fue detenido?, ¿ante qué sistema judicial es juzgado?
Dentro de este marco simplificado, un conflicto político e histórico de enorme complejidad se reduce a una ecuación moral binaria que no admite matices ni contexto: un palestino mata y una autoridad recompensa. Esta formulación no deja espacio para examinar la propia estructura de la ocupación, ni la naturaleza del sistema judicial militar que juzga a los palestinos, ni la realidad de la detención administrativa que permite el encarcelamiento de miles de personas sin cargos ni juicios. La cuestión, según este discurso, no requiere explicación ni análisis, porque el veredicto ya ha sido emitido.
La cobertura mediática dominante refuerza esta reducción al separar las asignaciones a los prisioneros del contexto más amplio del sistema de detención. Rara vez los informes se detienen en el hecho de que miles de palestinos son arrestados anualmente en Cisjordania y Jerusalén, o en que la inmensa mayoría de ellos es juzgada ante tribunales militares donde las tasas de condena superan el 95 %. Asimismo, suele omitirse la mención de miles de órdenes de detención administrativa emitidas cada año sin formulación de cargos ni celebración de juicios, en una violación evidente de los estándares internacionales de justicia.
Datos de las instituciones de asuntos de los prisioneros indican un fuerte incremento de las campañas de arresto israelíes contra los palestinos desde el 7 de octubre de 2023, estimándose el número de detenidos en Cisjordania, incluida Jerusalén, entre 10.000 y 12.100, mientras que estimaciones más amplias señalan que el total de detenidos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén ha superado los 17.000. Los datos revelan que las detenciones han afectado a amplios sectores sociales, entre ellos más de 635 niños y aproximadamente 300 mujeres en Cisjordania, además de decenas de periodistas, de los cuales cerca de 50 continúan detenidos, junto con un aumento sin precedentes de la detención administrativa mediante la emisión de más de 10.000 órdenes de encarcelamiento sin cargos ni juicios.
Paralelamente, alrededor de 35.000 a 40.000 familias palestinas recibían asignaciones de los fondos de prisioneros y mártires, entre ellas unas 13.000 familias de prisioneros, lo que pone de relieve las amplias dimensiones sociales y económicas de las políticas de detención y sus repercusiones persistentes sobre la sociedad palestina.
Mediante esta separación deliberada entre las asignaciones y su contexto, la ocupación queda relegada a un mero telón de fondo silencioso, que no se debate ni se cuestiona, mientras el palestino es presentado nuevamente como un actor de violencia independiente, desvinculado de cualquier estructura política o jurídica que rija su vida cotidiana. En este escenario reconstruido, la detención deja de ser el resultado de un sistema de dominación y control para convertirse en un acto individual aislado, fácilmente condenable desde el punto de vista moral y utilizado de antemano para justificar todas las políticas de presión y sanciones que se edifican sobre él.
La generalización como herramienta: todos “terroristas”
En el núcleo del discurso mediático y político dominante en torno a las asignaciones para los prisioneros, el mecanismo de la generalización opera como una de las herramientas más eficaces para reconfigurar la percepción pública. En este marco, casos limitados de acciones armadas son tomados y proyectados de manera sistemática sobre el conjunto de los prisioneros palestinos, sin distinción alguna entre categorías profundamente diversas desde el punto de vista jurídico y humanitario. Así, el combatiente armado es equiparado al activista político; el menor condenado por lanzar piedras es ubicado en la misma categoría que el detenido administrativo encarcelado sin cargos; y se borran las diferencias entre hombres y mujeres, así como entre quienes fueron sometidos a juicio y quienes nunca comparecieron ante un tribunal. El resultado es una única clasificación colectiva, condensada en una etiqueta prefabricada: “terroristas”.
Esta generalización no solo elimina las diferencias jurídicas entre los distintos casos, sino que vacía la cuestión de su dimensión social y de derechos, y la reproduce como un expediente puramente de seguridad. Mediante esta transformación, desaparecen las preguntas relativas a las condiciones de detención, a la naturaleza de los procesos judiciales y a los estándares de justicia, para ser sustituidas por un discurso de seguridad simplificado que reconoce únicamente una categoría y una sola acusación. En este marco, el prisionero deja de ser un individuo con una situación jurídica específica para convertirse en un número dentro de una narrativa colectiva previamente condenada.
Este enfoque se refleja directamente en la manera en que se formulan las preguntas en el espacio público. En lugar de que la interrogante natural sea: ¿cómo vive una familia que ha perdido a su principal sostén?, ¿cuál es el destino de unos niños cuyo único medio de subsistencia ha desaparecido?, el debate se redirige hacia una pregunta acusatoria dirigida a la Autoridad Palestina: ¿por qué recompensan a los asesinos? Este desplazamiento lingüístico no solo altera el ángulo de la cobertura, sino que redefine la esencia misma de la cuestión, trasladándola del ámbito del sufrimiento humano al de la condena política.
Por su parte, la Autoridad Palestina sostiene que las asignaciones a los prisioneros se inscriben dentro de programas de protección social y se distribuyen conforme a criterios de necesidad y pobreza, como una red de seguridad para familias afectadas por la detención o la muerte en un contexto de economía frágil y elevados niveles de desempleo. Según la Autoridad, esta política no se basa en una clasificación política o de seguridad de los beneficiarios, sino en una realidad social que se impone ante la ausencia de alternativas reales de sustento.
Sin embargo, la narrativa opuesta va más allá de esta explicación, al suponer la existencia de un incentivo ideológico subyacente detrás de estos pagos, sin aportar pruebas operativas directas que demuestren una relación causal clara entre el acto imputado y el apoyo financiero. En esta interpretación, la mera coincidencia temporal entre el suceso y el desembolso de la asignación se reduce a un indicio acusatorio en sí mismo, y el apoyo social es tratado como si fuera una recompensa política.
Mediante este mecanismo discursivo, la ayuda pasa del ámbito de la protección social al de la supuesta incitación, sin atravesar ningún examen jurídico ni una verificación objetiva. La acusación se vuelve autosuficiente, basada exclusivamente en la clasificación y la generalización, mientras se excluyen las realidades complejas que evidencian la fragilidad de esta vinculación y se marginan las preguntas que podrían restituir a la cuestión su dimensión humana y social.
La doble vara de medir: por qué el caso palestino es diferente
La comparación entre el discurso internacional sobre las asignaciones destinadas a los prisioneros palestinos y otros modelos aplicados en conflictos armados en distintas partes del mundo pone de manifiesto el alcance de la doble moral inherente a este expediente. En numerosos contextos, las políticas de apoyo a las familias de personas fallecidas o detenidas son tratadas como una obligación social o humanitaria que se inscribe dentro de las responsabilidades del Estado hacia sus ciudadanos en tiempos de conflicto. En esos casos, dichas políticas no se presentan como un incentivo a la violencia ni como una recompensa por ella, sino como una medida orientada a mitigar el colapso social derivado de la pérdida del sostén familiar o de detenciones prolongadas.
En contraste, el caso palestino es reformulado dentro de un marco completamente distinto. Todas las formas de apoyo social vinculadas a prisioneros o personas fallecidas son incorporadas automáticamente bajo el rótulo de la “lucha contra el terrorismo”, en una excepción que revela un carácter político más que un fundamento jurídico coherente. Esta diferencia de tratamiento no se basa en criterios internacionales unificados, sino en un contexto político específico en el que se imponen estándares diferenciados, despojando a la política social de su contenido humanitario y cargándola de connotaciones de seguridad preconcebidas.
Esta contradicción se vuelve aún más evidente cuando se examina el momento en que este discurso se intensifica. Con frecuencia, la amplificación del expediente de las asignaciones a los prisioneros coincide con coyunturas políticas sensibles, como los debates sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, el lanzamiento de iniciativas para la reconstrucción de Gaza o la discusión sobre el futuro de los arreglos políticos posteriores a las guerras. En esos momentos, el tema se transforma de una cuestión social en una herramienta de bloqueo político, utilizada para redefinir los límites de lo internacionalmente aceptable y para enviar mensajes claros sobre las condiciones impuestas a cualquier avance político potencial.
Sin embargo, el impacto más profundo de este proceso no se refleja únicamente en cifras o medidas concretas, sino en sus consecuencias estratégicas de largo alcance. La consolidación de esta narrativa contribuye a deslegitimar al actor palestino como sujeto político con derechos reconocidos y conduce, de manera gradual, a la erosión de la empatía humanitaria internacional hacia el sufrimiento palestino. Al mismo tiempo, se reconfigura la comprensión misma del conflicto, desplazándolo de una cuestión de ocupación prolongada y de derechos nacionales vulnerados hacia un expediente administrativo-securitario gestionado mediante el lenguaje de las condiciones y las sanciones.
En este marco reconfigurado, desaparecen las relaciones de poder asimétricas que rigen la realidad sobre el terreno, y se diluye la discusión sobre la ocupación como una estructura política y jurídica integral. En su lugar, la responsabilidad se traslada al individuo palestino, presentado como el origen del problema y la fuente de la tensión, y no como el producto de un sistema coercitivo que condiciona su vida cotidiana. De este modo, no solo se redefinen las políticas, sino también al propio actor, dentro de una narrativa que cierra el paso a cualquier enfoque justo o integral del conflicto.
Conclusión:
En definitiva, las acusaciones dirigidas contra la Autoridad Palestina de “fomentar el terrorismo” no pueden analizarse al margen de su contexto político construido, que no se sustenta en una definición jurídica precisa ni en hechos comprobados, sino en una reingeniería lingüística y moral del conflicto al servicio de objetivos israelíes claramente definidos. Términos como “pagar por matar” no surgieron como descripciones neutrales, sino como instrumentos propagandísticos introducidos de manera gradual en el discurso occidental para deslegitimar cualquier política palestina de protección social y convertir a las víctimas del sistema de ocupación y detención en objeto de una acusación colectiva. En este sentido, el ataque contra las asignaciones a los prisioneros no refleja un debate serio sobre transparencia o reforma, sino un intento sistemático de criminalizar la narrativa palestina en sí misma y de desvincularla del contexto de la ocupación como causa estructural de la violencia y el sufrimiento.
El objetivo de este discurso trasciende la presión financiera o política inmediata y apunta a redibujar por completo el horizonte del conflicto, en un momento de sensibilidad excepcional tras el aumento de los reconocimientos internacionales del Estado de Palestina. Israel, mediante la demonización de la Autoridad Palestina y su estigmatización como entidad terrorista, busca bloquear cualquier proceso político que pueda conducir a la consolidación de la entidad palestina, así como influir directamente en los círculos de toma de decisiones en Estados Unidos —en particular sobre el presidente Donald Trump— para impedir la reubicación de la Autoridad como actor potencial en la Franja de Gaza o en los arreglos posteriores a la guerra. En este contexto, el expediente de las asignaciones a los prisioneros deja de ser una cuestión financiera o administrativa para convertirse en una herramienta estratégica destinada a excluir al pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación y a mantener la causa palestina atrapada en una definición de seguridad estrecha, que cierra el camino al Estado y mantiene la ocupación fuera del ámbito de la rendición de cuentas.
Dr. Rasem Bisharat – Doctorado en Estudios de Asia Occidental
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