Mar Caribe. Crímenes de guerra en Venezuela: crecen los cuestionamientos al secretario de Defensa de Trump
Titular del Pentágono, Pete Hegseth es criticado por republicanos y demócratas. Está acusado por el fusilamiento de sobrevivientes luego del ataque militar a una lancha. El despliegue militar, justificado por la supuesta lucha contra el narcotráfico, en realidad busca avanzar con el control militar yanqui en la región.
El 2 de septiembre, el ejército estadounidense lanzó un ataque letal contra un barco sospechado de transportar drogas. Recientemente salieron a la luz informes que demuestran que el primer ataque no mató a todos los tripulantes y se realizó un segundo para asegurar que no quedara ningún sobreviviente, asesinando a 11 personas.
El trasfondo: legalidad pisoteada y amenazas a la región
La intervención estadounidense en el Caribe no solo es un acto de prepotencia imperialista, sino que pone en jaque las normas elementales del derecho internacional. Previamente, la lucha antidrogas era tarea de la policía y la Guardia Costera, y los sospechosos tenían derecho a un proceso judicial. Sin embargo, un dictamen del Departamento de Justicia habilitó al presidente Trump a ordenar ataques letales contra cárteles y organizaciones criminales bajo el argumento de “amenaza inminente”, aun cuando las embarcaciones atacadas no representan un peligro inmediato y se encuentran a miles de kilometros de EE.UU.
La situación escaló aún más cuando Trump anunció la posibilidad de iniciar operaciones terrestres en Venezuela, bajo el mismo pretexto. Mientras tanto, funcionarios y expertos legales estadounidenses, advirtieron que estos ataques podrían ser crímenes de guerra: ejecutar a sobrevivientes, sean civiles o combatientes desarmados, viola las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario.
Hegseth, el hombre de Trump en el Pentágono
En el centro de la tormenta está Pete Hegseth, autoproclamado “secretario de Guerra” y referente de la ultraderecha MAGA. Hegseth no solo ordenó los ataques letales, sino que también enfrenta otra polémica por filtrar en marzo de 2025 planes de ataque confidenciales a través de Signal, lo que expuso información militar sensible y puso en riesgo a sus propias tropas. Si bien la Casa Blanca intentó defenderlo, la oposición demócrata reclama su renuncia y denuncia la gravedad de los hechos, bautizados como “Signalgate”.
Hegseth es conocido por su falta de experiencia en gestión pública y su desprecio por cualquier norma o tratado de guerra. Se destaca por sus ataques a la prensa y ha expulsado a periodistas del Pentágono que no aceptaban la censura y reemplazado a altos mandos militares considerados poco leales a Trump. Además, rechaza las políticas (claramente hipócritas) de diversidad y equidad en el Departamento de Defensa acusando a estas como “ wokismo”, además defiende abiertamente el uso de las fuerzas armadas para tareas de control interno, violando fallos judiciales y la propia Constitución estadounidense.
El doble ataque del 2 de septiembre y el encubrimiento
La crisis política estalló cuando se supo que, tras el primer ataque al barco "narcotraficante", hubo un segundo ataque deliberado para matar a los sobrevivientes. Hegseth afirma que no sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque y respalda al almirante Frank “Mitch” Bradley, quien habría dado la orden. Sin embargo, la administración de Trump nunca reconoció públicamente la ejecución de sobrevivientes. El Congreso, controlado por los republicanos, anunció una "fiscalización rigurosa", pero la mayoría de las voces críticas surgen del sector demócrata, que señala la ausencia total de pruebas sobre las actividades de las víctimas y la falta de consulta al Legislativo.
¿Guerra contra el narcotráfico o excusa imperialista?
La gestión de Hegseth y la política de Trump en el Caribe dejan en claro que la supuesta lucha contra el narcotráfico es apenas una excusa para avanzar en la militarización y el control regional. El patrón es conocido: presión política, amenazas y la utilización de la fuerza para garantizar los intereses estratégicos de Washington, a costa de pisotear derechos humanos y la soberanía de los países latinoamericanos.
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