El gobierno ha anunciado durante esta semana que está preparando una agenda laboral con 19 puntos, los que serían herederos directos de las propuestas de la llamada Mesa de Reactivación Laboral.
Entre las medidas anunciadas se encuentran el cambio de la distribución de las 40 horas a 16 semanas, la sustitución de la indemnización por años de servicio, nuevas modalidades de contratos y la polifuncionalidad, entre otras.
Estas medidas no forman parte de un paquete de ley. Están en distintos procesos, algunas ya son proyectos en tramitación, otras siguen en preparación, mientras que otras serán decretadas. ¿De qué tratan estas medidas, qué significan y adónde apuntan?
Medidas ya en trámite legislativo
En trámite legislativo ya se encuentran 6 medidas:
- Contrato por horas
- Flexibilización de la jornada de 40 horas
- Estatuto Laboral de Turismo
- Sala Cuna Universal
- Uso fraudulento de licencias médicas
- Traspaso del seguro de invalidez y sobrevivencia al seguro social
El proyecto del contrato por horas consiste en contratos laborales por 30 horas semanales o menos. Como ejemplo se ha citado contratos por 10 o 20 horas semanales. Este proyecto contempla que un trabajador y el empleador “acuerden” las horas a trabajar, así como un valor por hora y su distribución.
Uno de los puntos que más irritación causan es que el empleador deberá notificar con al menos 24 horas de anticipación el aviso de turnos. El Gobierno incluso defiende este punto para realizar una comparación engañosa con el contrato a tiempo parcial o part time, diciendo que en esta última modalidad de contrato “No (se) contempla regulación específica de aviso de turnos”.
Lo cierto es que el contrato part time, con todas sus precariedades, tiene jornadas previamente definidas a diferencia de el contrato por horas en trámite, pues en este último se “Permite distribuir horas según necesidades acordadas”. La misma página web del gobierno indica que este proyecto de ley beneficia a personas con responsabilidades estudiantiles o familiares. Sin embargo, difícilmente van a poder adecuar estas responsabilidades con un aviso de 24 horas.
Otro aspecto del proyecto de ley es que los empleadores podrán no requerir el trabajo de todas las horas acordadas durante el mes. Esto repercutirá en el sueldo del trabajador en contrato por horas. El Gobierno advierte que se asegura que se pague al menos un 75% del sueldo, no obstante esto igualmente significa que podrá haber variaciones de 170 mil pesos líquidos entre un mes y otro para los contratos de 30 horas semanales al precio mínimo de hora.
Por su parte, el tema de la flexibilización de las 40 horas ha sido ampliamente discutido. Hay que recordar que la introducción de las 40 horas semanales aprobada durante el gobierno de Boric, tenía como caballo de troya el cálculo de las horas semanales a 4 semanas, con un tope de 52 horas. Bien, en el proyecto actual Kast busca extender estas 4 semanas a 16 semanas. Lo que podría significar que, si un empleador determina que tendrá 2 meses de alta demanda, tendrá las facultades de extender la jornada de sus trabajadores a 52 horas semanales durante esos 2 meses. Y para hacer esto no necesitará pagar horas extra, sino que bastará con compensar con semanas de menos horas durante las semanas siguientes.
«Teniendo ya 2 proyectos vistos, es importante empezar a notar que las medidas no son partículas aisladas unas de otras. Tienen una lógica y un objetivo. Por un lado estas medidas apuntan a reducir costos y riesgos para las empresas, mientras que por otro lado vienen a formalizar el trabajo precario. Un ejemplo de esto es lo bien que se complementan las 52 horas con los trabajos por hora. Por un lado, tenemos trabajadores a los que se exprimirá mayor cantidad de horas de trabajo en períodos largos y por el otro lado, dado que no hay tantas horas de trabajo disponibles, se formaliza el rastrojo de horas restantes a personas sin empleo. Y se cumple una función vital para el gobierno; para no tener que combatir la precariedad del empleo enfrentando a las empresas, convierte un empleo precario en una disminución de la tasa de desempleo.»
Otro de los proyectos que han sido comentados es el Estatuto para el sector del Turismo. Este proyecto básicamente es un puesto de avanzada para la agenda laboral de este gobierno, aplicada para todo lo que es turismo, desde hoteles hasta restaurantes. Entre sus particularidades está que la flexibilización de las 40 horas se hace para 52 semanas en vez de 16, lo que significará para trabajadores que podrán estar mucho más de 2 meses con jornadas extenuantes de 52 horas, otra vez sin la obligación de percibir pagos por horas extra.
De las medidas mencionadas, una que ya está siendo discutida es la Ley de Sala Cuna Universal. Según la página web del Gobierno, esta medida viene a establecer la universalidad de sala cuna para los trabajadores, por lo que, entre otras cosas, se elimina el límite inferior de 20 trabajadoras para que las empresas garanticen el acceso. Hasta ahí nada muy polémico. Sin embargo, el detalle es su financiamiento, ya que el proyecto indica que
“el Fondo de Sala Cuna, en el caso de los trabajadores dependientes será financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35% (...) El diseño propuesto opera sin alza en los costos laborales de los empleadores. La cotización de 0,35% será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía”.
Y he aquí la polémica. Claramente el Gobierno, para avanzar en la flexibilización de las jornadas, necesita dejar las responsabilidades familiares fuera de la ecuación. Para esto presenta esta sala cuna universal casi como un derecho, pero que sin embargo mete mano en los fondos del seguro de cesantía para dejar un costo igual a cero a los empleadores. Esta polémica fue la que generó que, en particular, el sistema de financiamiento de la Ley fuera rechazado en el Senado el pasado martes por falta de quórum.
Medidas que aún está preparando el Gobierno
Hay otras propuestas en las que el Gobierno se está tomando su tiempo antes de lanzarlas como proyectos de ley. En este grupo hay 6 medidas, con la más polémica de ellas siendo la que elimina la indemnización por años de servicio. Estas medidas son las siguientes:
- Polifuncionalidad
- Indemnización a todo evento: Reemplazo de la indemnización por años de servicio
- Contrato a prueba
- Contrato por experiencia
- Bandas horarias
- Teletrabajo híbrido
La polifuncionalidad es una iniciativa que pretende permitir que un trabajador pueda desempeñar distintas funciones dentro de una misma relación laboral. No hay mucha sorpresa en esto, pues la polifuncionalidad es una práctica que se ha impuesto unilateralmente por empresas durante bastante tiempo.
Respecto de la indemnización a todo evento, viene a ser el plato fuerte de las medidas que el Gobierno impulsará próximamente. Básicamente consiste en reemplazar la indemnización por años de servicio (IAS) por un sistema de indemnización “a todo evento”, que usa como fondo de indemnización una cotización de 1,8% mensual “a cargo del empleador”.
Respecto de este nuevo sistema de indemnización, habría que aclarar qué significa “a cargo del empleador”, pues el mecanismo definido en la Ley de Sala Cuna Universal dejó claro que el interés del ejecutivo es reducir al máximo el costo laboral para las empresas. Pero lo más importante, es que reemplazar el IAS significa una reducción de alrededor de 80% en lo que se percibe por indemnización por despido.
La otra propuesta que el gobierno está trabajando es el contrato a prueba, que consiste en un período inicial en la relación laboral para que el empleador evalúe si hay una adecuada adaptación al puesto. Esto sería, según argumentan en el Gobierno, para “reducir el riesgo asociado a una contratación permanente cuando el empleador no conoce todavía el desempeño del trabajador”. Agregan que facilitaría la contratación de personas en su primer empleo y para aquellas que han estado mucho tiempo fuera del mercado laboral.
Lo cierto es que lo que facilitaría este tipo de contratos serían los despidos y la inestabilidad laboral de los trabajadores. Actualmente el “período” puede ser tan corto como un mes, con el típico contrato a plazo fijo que generalmente imponen las empresas a los trabajadores nuevos. Pues bien, el empresariado desea acortar aún más ese período.
El antecedente que se tiene en Chile para los períodos de prueba está en el sector de trabajadores(as) de casas particulares. Para estos trabajadores, que en su gran mayoría son mujeres (90%), existe un período de prueba durante el cual, según la Dirección del Trabajo, “se puede poner término al contrato a voluntad de cualquiera de las partes, avisando al menos con tres días de anticipación”. Claramente el “cualquiera de las partes” está demás, pues es una cláusula impuesta específicamente en beneficio del empleador.
Para el caso del período de prueba de trabajadores de casas particulares, al darse por terminado, el empleador tiene que pagar solamente los días trabajados, sin ningún tipo de indemnización.
Al contrato a prueba, y por horas, el Gobierno también quiere sumar el llamado “contrato por experiencia”. Esta nueva modalidad de contrato apuntaría, según el Gobierno, a “facilitar que personas que tienen dificultades para ingresar al mercado laboral puedan adquirir experiencia mientras trabajan y reciben formación”. Es decir, sustituir sueldo por “experiencia”, dado el problema laboral que sufre la juventud al enfrentarse por primera vez al mercado laboral con empresas que piden experiencia, incluso en puestos poco remunerados.
Al más puro estilo Karol Dance.
Por increíble que parezca, esto recuerda mucho a Karol Dance cuando el año pasado indicó que sus trabajadores no recibían remuneración, argumentando que: “Un joven que no es capaz de entender que la remuneración no es solo económica, que puede ser una experiencia o aprendizaje”.
No hay muchos más detalles del contrato por experiencia, pero es muy probable que el objetivo sea eludir el sueldo mínimo para personas con su primer trabajo.
Por último, las bandas horarias y el teletrabajo híbrido.
Las bandas horarias fueron introducidas en la Ley de las 40 horas, y permiten adelantar o retrasar el inicio de la jornada laboral para personas a cargo del cuidado de niños de hasta 12 años, cambiando evidentemente también la hora de salida. El Gobierno pretende ampliar estas bandas horarias.
A lo anterior se suma el teletrabajo híbrido, que permitirá combinar jornadas presenciales con trabajo remoto.
Otras medidas
A lo anterior el Gobierno también está en proceso de agregar 7 reglamentos también relacionados con su agenda laboral: las condiciones laborales de buzos y recolectores, las jornadas excepcionales, la Ley Karin, el Subsidio Único al Empleo, el Sence y el mecanismo de inversión de cotizaciones previsionales. No se tiene mucha más información de estos nuevos reglamentos, salvo en lo relacionado con la aplicación de la Ley Karin, en donde el ejecutivo plantea reducir los tiempos de investigación, y cambiar algunos roles de la Dirección del Trabajo, dejando que algunas investigaciones se concentren internamente de las empresas.
Sin embargo, a pesar de no conocer el contenido, el detalle de las medidas que están en tramitación dan una idea de las líneas que guiarán estos y futuros reglamentos.
Lo más importante es evidenciar las ventajas que tiene el Gobierno al presentar todas estas medidas de forma dispersa: al leer solo una de las medidas de forma aislada, a algunos lectores podría parecerles no muy dañinas, o incluso positivas. Pero para poder apreciar mejor la agenda laboral del Gobierno es necesario tomar estas medidas en su conjunto y ver cuáles son los objetivos finales.
Proteger el bolsillo de los patrones quitando el sustento al trabajador
Uno de los objetivos más claros es reducir los gastos de las empresas en materia laboral. El reemplazo de la indemnización por años de servicio significará millonarios ahorros cuando las empresas deseen despedir a trabajadores con cierta antigüedad. Por su parte, las 52 horas permitirá que las empresas dejen de pagar horas extra durante períodos de alta demanda, así como también la necesidad de contratar personal extra durante estos períodos. La polifuncionalidad también dispara en contra de la necesidad de que las empresas tengan que contratar más personal.
La forma de financiamiento a la Ley de Sala Cuna Universal también apuntaba en esta dirección, aunque se cayó en la discusión en el Senado. Por su parte, los contratos por horas y por experiencia permitirán a varias empresas zafarse de la necesidad de tener que pagar sueldos “completos”.
Proteger al empresario del riesgo: trabajadores expuestos a los vaivenes de la economía
El otro eje que el Gobierno pretende atacar es el del llamado “riesgo”. Es común escuchar a defensores del capitalismo argumentar que está bien que el empresariado sea tan opulentamente rico, ya que “es el capitalista el que asume el riesgo, y no los trabajadores”. Pretenden poner como argumento para la tremenda desigualdad social un aspecto que es intrínseco del propio modo de producción que tanto defienden: el riesgo. El riesgo sigue al capitalismo como si fuera su sombra. Es una característica obvia de un sistema en donde la producción es completamente anárquica, es decir, no planificada.
Pues bien. Dentro del mercado laboral, como el riesgo es imposible de eliminar sin eliminar al mismo sistema, lo que hace el Gobierno es traspasar este riesgo, desde el empresariado hacia los trabajadores, creando puestos de trabajo o “relaciones laborales” más precarias, endebles y cortas. Es aquí donde entran en juego los contratos a prueba, pues el empresario va a poder echar a cualquier trabajador inmediatamente si ve algo que no le gusta, a diferencia a como es actualmente, en donde con el plazo fijo se cubre a lo menos 1 mes en un trabajo formal.
En este mismo ámbito, también ayuda mucho la introducción de la indemnización a todo evento. Permitirá a los empleadores despedir a trabajadores sin incurrir en mucho gasto ante cualquier estancamiento económico. Incluso, la cotización de 1,8% mensual “a cargo del empleador”, muy probablemente entrará a jugar un rol durante la contratación de un nuevo trabajador, incorporando este riesgo en el sueldo cuando este se esté “negociando” entre ambas partes.
Adicionalmente, la ley de las 52 horas también permitirá reducir el riesgo para el empresariado. Pues ante períodos de alta demanda, el empleador sabrá que podrá contar con extender jornadas y no incurrir en el pago de una sola hora extra. Por su parte, la ley para sancionar el uso fraudulento de licencias médicas permitirá al empresario deshacerse de los “molestos” trabajadores con licencias extensas sin tener que pagar nada de indemnización, ahorrándose tener que pagar el seguro de cesantía mientras dure la licencia. Incluso, una ley como esta podrá usarse para hostigar a trabajadores que tengan licencias médicas extensas, sean o no “fraudulentas”.
Reducir la tasa de desempleo: bienvenido el empleo precario
Los otros ejes que atacan estas leyes están en la formalidad y tasa de desempleo. Las leyes vienen a reducir el desempleo, sí. Pero no con la creación de nuevos puestos de trabajo auténticos, sino con la formalización del empleo precario. Vienen a convertir lo ilegal en legal, reduciendo artificialmente el desempleo de paso.
En este eje las principales leyes son la creación de los nuevos tipos de contrato: Los contratos por hora, los por experiencia y los de prueba. Todo ese sector de la población sin trabajo, o sin trabajo formal, ya sea porque es contratada por trabajos muy cortos, o porque no tengan experiencia, pasarán a tener empleo sin necesidad de que su situación actual cambie. Quien gana no es el desempleado, sino el Gobierno y sus índices macroeconómicos, a quien se suma las empresas, que podrán pagar menos.
A lo anterior se suma el de la polifuncionalidad, en donde también se convierte una situación ilegal, la polifuncionalidad de hecho, en una situación contemplada por la ley.
¿Cómo se están repartiendo las horas de trabajo? ¿Hay una forma más justa?
Con respecto a la ley del contrato por horas hay un aspecto muy llamativo, pues tiene su perfecto complemento en la flexibilidad de las 52 horas. Es la forma perfecta de reducir el desempleo desde el punto de vista de la explotación. Esto porque, por un lado, de todas las horas disponibles para trabajarse, gran parte de ellas serán asignadas a trabajadores con extenuantes semanas de 52 horas, sin compensación extra alguna. Mientras que, por otro lado, las pocas horas restantes serán dejadas a trabajadores con contratos por horas en jornadas de 10 o 20 horas semanales que serán avisadas de un día para otro y hasta a veces no ocupadas (ni pagadas).
Trabajadores sobre-explotados con jornadas interminables para empresas con gran cantidad de demanda. Trabajadores disponibles de un día para otro en pequeños trabajos para empresas con demanda pequeña y ocasional.
Pues bien, ante esa forma de repartir horas que al final del día deja trabajadores precarizados por ambos lados, es necesario oponer un programa que ponga en el centro el bienestar de las masas trabajadoras y no las ganancias empresariales.
Un reparto justo de horas debería ser uno que contemple una semana de 30 horas semanales, 6 horas al día por 5 días a la semana. Con una jornada así, las horas alcanzarían a ser repartidas también entre aquellos que están cesantes. Esto debe ser acompañado de un sueldo que no baje de los gastos reales para una familia de 3 personas que esté arrendando, es decir, 850 mil pesos. Esto es lo que proponemos desde el Partido de los Trabajadores Revolucionarios - PTR.
Sin embargo, para poder llevar adelante un programa como este y otros, es necesario afectar las ganancias empresariales. El financiamiento de medidas como esta no puede partir sin temas tan importantes como la nacionalización de los recursos naturales y energéticos bajo gestión de los trabajadores, o el impuesto a las grandes fortunas y las grandes corporaciones.
Ninguna de estas medidas serán aprobadas de buena manera por la burguesía ni por gobiernos como el de Kast. Por esto es tan importante la activación de los movimientos estudiantiles, sindicales, medioambientales y de mujeres, entre otros. El camino debe orientarse en la coordinación de distintos sectores para preparar un Paro Nacional que enfrente las medidas que ya está imponiendo Kast, Quiroz y los grupos empresariales que tienen detrás.
Por eso es muy importante poner atención a la juventud, que fue capaz de levantarse el pasado 3 de septiembre en Santiago y en otras ciudades para marchar contra las políticas del nuevo gobierno, sus medidas represivas y el avance de una agenda que golpea particularmente a la educación pública. La activación de la juventud rompe el relato de una ultraderecha que avanza sin resistencia, justo cuando empezaba el Foro Madrid con la derecha latinoamericana jurando lealtad a los designios del trumpismo.
A lo anterior se suman ejemplos, como los docentes de la Universidad Austral de Chile amenazando a la institución con una huelga por aumento salarial, asignación de antigüedad, permisos con goce de remuneración, sede sindical, entre otros. Con lo que la institución se vio forzada a negociar. La movilización de hace algunos meses de los placeros de Pacific Green también vienen a mostrar que hay sectores precarizados que están dispuestos a enfrentar los planes de ajuste.
Estas son muestras de que existe materia y energía dispuesta a enfrentar los planes de la derecha reaccionaria de republicanos y sus aliados.
