Países Bajos se rebela contra el ajuste social: una oleada de huelgas pone contra las cuerdas al Gobierno
Los sindicatos mantienen la presión contra un plan de recortes sociales de hasta 6.500 millones de euros mientras el Ejecutivo busca cuadrar las cuentas y aumentar el gasto en defensa. El transporte público ya quedó paralizado y las protestas se extienden a otros sectores.
Países Bajos afronta una semana decisiva con las calles en tensión y el Gobierno contra las cuerdas. Los sindicatos han puesto en marcha una campaña de movilizaciones contra los recortes previstos en el sistema de protección social, en un momento en el que el gobierno pretende reforzar el gasto en defensa y hacer frente a unas cuentas públicas difíciles de cuadrar.
El conflicto alcanzó uno de sus momentos más visibles el pasado 9 de septiembre, cuando una huelga nacional de 24 horas prácticamente paralizó el transporte público. Apenas circularon trenes, autobuses, tranvías o ferris en buena parte del país y también se vieron afectados los servicios ferroviarios internacionales con Bélgica, Alemania, Francia y Reino Unido.
La protesta fue convocada por las organizaciones sindicales para rechazar un paquete de medidas que, en su planteamiento inicial, contemplaba hasta 6.500 millones de euros de recortes anuales en prestaciones sociales. Entre las propuestas figuraban modificaciones de las prestaciones por desempleo y discapacidad, así como reducciones en otros derechos.
Los sindicatos no dan por cerrado el conflicto
El Gobierno ha intentado rebajar la tensión con varias concesiones. Entre ellas, retiró la propuesta de acelerar el incremento de la edad de jubilación y ha aplazado buena parte de los recortes inicialmente previstos.
Pero el movimiento sindical considera insuficientes estas medidas, ya que buena parte del ajuste no ha desaparecido, sino que simplemente se ha retrasado un año. Los sindicatos han advertido de que mantendrán las movilizaciones mientras los recortes sigan sobre la mesa.
La disputa afecta especialmente a las prestaciones por desempleo y discapacidad. El plan contemplaba reducir de dos años a uno la duración máxima de la prestación por desempleo, eliminar progresivamente una modalidad de prestación por incapacidad y recortar determinadas prestaciones.
Para las centrales sindicales, el problema no es únicamente el tamaño del ajuste, sino el cambio de prioridades presupuestarias: consideran que los trabajadores y sus derechos no deben asumir el coste de una política de mayor gasto militar.
Una protesta que va mucho más allá de los trenes
La huelga del transporte ha sido la movilización más visible, pero no constituye un episodio aislado.
Durante septiembre se han sucedido acciones en sectores como la construcción, los puertos, la sanidad, la educación, los servicios públicos y otras actividades. La principal organización sindical del país, FNV, había anunciado un calendario de movilizaciones que abarcaba distintos sectores y territorios.
Miles de trabajadores también participaron en una manifestación en La Haya contra los recortes en prestaciones como el desempleo, la incapacidad y las pensiones.
El mensaje de los sindicatos es cada vez más claro: no aceptarán que el refuerzo de la defensa se traduzca en un debilitamiento de la protección social.
El Gobierno necesita a la oposición para sacar adelante sus cuentas
La crisis social coincide además con una situación política especialmente delicada. El Ejecutivo de Rob Jetten gobierna en minoría y necesita apoyos de la oposición para aprobar sus principales iniciativas parlamentarias.
Las negociaciones con los partidos opositores no han permitido alcanzar un acuerdo previo a la presentación de los presupuestos. El Gobierno necesitará ahora buscar apoyos durante la tramitación parlamentaria para reunir los votos necesarios tanto en la Cámara Baja como en el Senado.
La principal fuerza de la oposición parlamentaria de izquierdas, Pro, ha convertido precisamente la retirada de los recortes sociales en una de sus principales condiciones para facilitar la aprobación de las cuentas.
La posición del Gobierno se ha complicado por el aumento de la polarización social. Mientras la izquierda exige preservar el Estado del bienestar, sectores de la derecha reclaman mayores recortes para poder financiar rebajas fiscales y el incremento del rearme militar.
El gasto militar se convierte en el otro gran frente
Detrás de la batalla presupuestaria aparece una cuestión que afecta a buena parte de Europa: el fuerte incremento del gasto en defensa.
Países Bajos está aumentando sus recursos destinados a defensa en un contexto de mayor presión sobre los países europeos de la OTAN para reforzar sus capacidades militares. El propio Gobierno ha defendido la necesidad de adaptar el presupuesto a las exigencias del rearme europeo.
Una batalla que llega a su punto decisivo
El próximo 15 de septiembre, con la presentación oficial del presupuesto, comenzará una nueva fase de la disputa.
El Gobierno ya ha suavizado buena parte de su propuesta inicial, pero las organizaciones sindicales no consideran que el conflicto esté resuelto. De hecho, han advertido de que las movilizaciones continuarán mientras el ajuste siga formando parte de las cuentas públicas.
La situación deja a Rob Jetten ante un doble desafío: necesita encontrar los votos suficientes para aprobar sus presupuestos y, al mismo tiempo, evitar que las concesiones a la oposición provoquen una ruptura dentro de su propia coalición.
Por ahora, los sindicatos mantienen la presión y el Gobierno gana tiempo aplazando parte de los recortes. Pero la cuestión de fondo permanece intacta: cómo financiar el aumento del gasto en defensa sin cargar el coste sobre un Estado del bienestar que los sindicatos consideran una línea roja.
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