No más policías en los colegios. De Quellón a las “Escuelas Protegidas”: Denuncian a Carabineros por desnudar y humillar a estudiantes
Dos estudiantes del Liceo Rayen Mapu de Quellón habrían sido sometidos a un procedimiento policial que incluyó desnudamiento y, en uno de los casos, la realización de sentadillas frente a compañeros, funcionarios policiales y trabajadoras del establecimiento. La naturalización de la presencia policial en las escuelas abre la puerta a abusos que luego pretenden presentarse como simples “excesos”.Lo ocurrido vuelve a poner en el centro la violencia policial y la urgente necesidad de terminar con la impunidad policial amparada por el Estado y sacar a los policías de nuestros espacios de estudio y trabajo.
Teresa MelipalSantiago de Chile
Viernes 21 de agosto 08:31
Una grave denuncia fue dada a conocer por la comunidad educativa del Liceo Rayen Mapu, en la comuna de Quellón, establecimiento perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé.
El Centro de Estudiantes denunció que funcionarios de Carabineros habrían vulnerado gravemente la integridad de dos estudiantes al interior del establecimiento, luego de que se reportara la pérdida de un teléfono celular perteneciente a una estudiante de segundo medio.
Según el comunicado difundido por la organización estudiantil, dos alumnos fueron sindicados como sospechosos y se solicitó la presencia de personal policial. Durante el procedimiento, a uno de ellos se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas y levantar su polera frente a sus compañeros. Al segundo estudiante se le habría solicitado quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas para posteriormente realizar sentadillas.
Todo esto, según la denuncia, habría ocurrido frente a compañeros, funcionarios policiales y funcionarias del establecimiento.
Se trata de una acción profundamente invasiva y humillante, que puede constituir una grave vulneración de derechos a la integridad física y psíquica de la niñez y adolescencia. Los hechos deben ser investigados y las responsabilidades determinadas por las instituciones correspondientes. Pero existe una pregunta que no podemos evitar: ¿desde cuándo la pérdida de un celular dentro de un liceo se transforma en motivo para llamar a Carabineros y someter a estudiantes a procedimientos policiales?
¿Desde cuándo la policía es la respuesta dentro de las escuelas?
Según los protocolos en los establecimientos educativos si existen antecedentes de la comisión de un delito, los establecimientos educacionales tienen obligaciones legales de denuncia. Pero eso no significa que cualquier conflicto escolar deba transformarse automáticamente en una intervención policial.
Cuando se trata de una pérdida o sospecha dentro de la comunidad educativa, existen mecanismos de convivencia, protocolos institucionales y responsabilidades que deben activarse, además de la comunicación con las familias y el resguardo de los estudiantes. La escuela no puede transformarse en una extensión de la comisaría.
Debemos discutir por qué se naturaliza que la policía sea convocada para intervenir ante conflictos que pueden y deben ser abordados por las propias comunidades educativas, salvo que existan antecedentes que hagan necesaria una intervención penal.
Porque una vez que se instala la idea de que ante cualquier problema la respuesta es llamar a Carabineros, también se abre la puerta a que estudiantes sean tratados como sospechosos y sometidos a procedimientos que pueden vulnerar sus derechos.
¿Qué tipo de escuela queremos construir? ¿Una comunidad educativa organizada o una escuela vigilada y disciplinada por la policía?
El equipo directivo del Liceo Rayen Mapu emitió un comunicado señalando que los hechos habrían ocurrido el lunes 17 de agosto y calificándolos como una “falta gravísima” hacia dos estudiantes. La dirección sostuvo que funcionarios de Carabineros habrían excedido sus atribuciones durante la revisión de mochilas y que se habría vulnerado gravemente la integridad de los estudiantes, exponiéndolos a un “vejamen frente a compañeros y funcionarios de la unidad educativa”.
Asimismo, manifestó su rechazo al procedimiento e informó que se encontraba desarrollando una investigación administrativa para establecer las circunstancias y responsabilidades correspondientes.
Desde el Centro de Estudiantes, en tanto, exigieron una investigación formal y que se determine la legalidad del actuar policial. Y esa investigación debe realizarse con garantías para los estudiantes involucrados, sin revictimizarlos y sin permitir que una investigación interna termine convirtiéndose en una forma de encubrimiento a los policías.
Porque el desnudamiento forzado y la realización de sentadillas no son una forma neutra de revisión. Son prácticas invasivas y humillantes que, pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso revestir caracteres de tortura.
Cabe recordad que Chile tiene antecedentes de denuncias similares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha documentado casos de personas obligadas a desnudarse y realizar sentadillas durante procedimientos policiales y ha recurrido a tribunales ante hechos que podrían revestir caracteres de tortura.
Y es que se trata de la impunidad policial que se alimenta de una estructura que permite que la policía acumule atribuciones, recursos y poder mientras las comunidades tienen cada vez menos herramientas para controlar sus actuaciones. Un ejemplo de ello es la Ley Naín Retamal, conocida como Ley Gatillo Fácil.
¿“Escuelas Protegidas” para quién?
El caso de Quellón ocurre, además, en medio de una política que busca instalar una mayor lógica de seguridad, control y disciplina dentro de los establecimientos educacionales. La denominada Ley “Escuelas Protegidas” es presentada por el Gobierno como una respuesta frente a la violencia y los problemas de seguridad en los establecimientos. Entre sus medidas se encuentran herramientas de revisión de mochilas y pertenencias y un reforzamiento de las facultades disciplinarias.
La ley no autoriza los hechos denunciados en Quellón. Sin embargo, da pie para ello bajo la idea de que los problemas de las escuelas deben resolverse desde la lógica policial donde estudiantes sean tratados permanentemente como potenciales sospechosos y donde la policía aparezca como respuesta frente a conflictos cotidianos.
Una escuela protegida es aquella donde existen recursos para convivencia escolar, profesionales suficientes, condiciones laborales dignas, espacios seguros y comunidades capaces de resolver sus conflictos respetando los derechos de quienes estudian. No necesitamos convertir los liceos en espacios de control policial.
¡Basta de impunidad policial!
No podemos esperar a que cada nuevo caso de abuso policial se convierta en noticia para recién preguntarnos qué está ocurriendo. Durante años hemos visto cómo se amplían las facultades de las policías, se destinan millones de pesos a su fortalecimiento y se presenta la represión como sinónimo de seguridad.
Mientras tanto, en las escuelas faltan recursos para infraestructura, convivencia, salud mental y condiciones dignas para trabajadores y estudiantes.
Por eso debemos rechazar el aumento del financiamiento destinado al fortalecimiento represivo de las policías y exigir que los recursos públicos se orienten a garantizar derechos: educación, salud, vivienda, salarios y condiciones de vida dignas.
Y frente a la violencia policial, tampoco podemos confiar únicamente en las instituciones que históricamente han permitido su impunidad. Las comunidades educativas tienen fuerza para ejercer un control educativo con sus trabajadores, apoderados y estudiantes.
Necesitamos construir una respuesta desde abajo, que una a quienes estudian y trabajan y que enfrente tanto los abusos policiales como las políticas de precarización, disciplinamiento y ataque a nuestros derechos. Un paro nacional efectivo de trabajadores y estudiantes puede poner en movimiento esa fuerza. No una jornada simbólica ni una movilización aislada, sino una paralización construida desde las bases, desde los lugares de trabajo y estudio, capaz de unir las distintas luchas y poner un freno a las políticas represivas.
¡Basta de impunidad policial!
¡Fuera la policía de nuestras comunidades educativas y espacios de trabajo!
¡No al fortalecimiento del aparato represivo!
¡Por un paro nacional efectivo de trabajadores y estudiantes!
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