Valparaíso. Hasta 350 profesores desvinculados y cursos fusionados: el posible resultado del plan de ajuste que quiere aplicar el SLEP
El Comunal Valparaíso del Colegio de Profesoras y Profesores denunció la posible desvinculación de cerca de 350 docentes a contrata, la fusión forzada de cursos y la dilación en la titularidad docente para fin de año, por parte del Servicio Local de Educación Pública. De aplicarse las medidas, dictadas bajo una lógica de puro ajuste presupuestario desde el inicio del gobierno de Kast, hacinan las aulas y precarizan a quienes sostienen la escuela pública. El gremio llama a organizarse y coordinar la movilización: la misma respuesta que ya ensayan los trabajadores de los colegios privados de la región en conflicto.
Miércoles 16 de septiembre 23:06
El Comunal Valparaíso del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile denunció públicamente la grave crisis que atraviesa la educación pública de la comuna, producto —según el gremio— del abandono permanente y de las prácticas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). En el centro de la denuncia está en la posible desvinculación arbitraria de aproximadamente 350 profesoras y profesores a contrata, una medida que el Magisterio califica de desproporcionada y que suma en la incertidumbre laboral a cientos de familias porteñas, en una región cuyo desempleo bordea el 10%, uno de los más altos del país.
A los posibles despidos se suma la fusión y combinación forzada de cursos en escuelas y liceos de la comuna. El gremio advierte que la unificación de aulas provoca hacinamiento, merma la atención personalizada que requieren las y los estudiantes y deteriora la convivencia escolar. No se trata de un ajuste administrativo menor, sino de una intervención que altera de raíz las condiciones en que se enseña y se aprende.
El tercer eje de la denuncia es la vulneración de la titularidad docente. El SLEP dilata —sostiene el Colegio de Profesores— la asignación de la titularidad que corresponde por derecho a las y los colegas, incumpliendo lo consagrado en las leyes 21.176 y 21.803. Esta última, publicada en febrero de 2026 como fruto de la movilización del Magisterio, convierte en indefinidas las contrataciones a contrata de los docentes con años de antigüedad; su aplicación tardía o restrictiva, bajo interpretaciones legales y "asuntos de patrimonio", perpetúa la precarización y la inestabilidad laboral en las aulas.
Ajuste presupuestario, no criterio pedagógico
Para el Magisterio porteño, estas decisiones no responden a criterios pedagógicos ni a las necesidades reales del territorio, sino a una lógica puramente economicista de ajuste presupuestario, dictada desde el inicio del actual gobierno. Es el mismo diagnóstico que el Colegio de Profesores viene planteando a nivel nacional: la presión de la Dirección de Presupuestos sobre los Servicios Locales para recortar dotación se traduce en despidos, cursos de hasta 45 estudiantes y cierre de establecimientos. Casos como el de la Escuela América de Playa Ancha, cuya comunidad declaró alerta ante la fusión de los cursos de primero a cuarto básico o la alerta que planteó desde comienzos de año la emblemática escuela Ramón Barros Luco, anticipaban lo que el gremio denuncia ahora como un plan de conjunto.
La misma pelea, dentro y fuera del sistema público
La ofensiva no se limita a la educación pública. En la misma Región de Valparaíso, los trabajadores del Colegio Altazor de Concón se movilizan desde el 1 de septiembre contra una rebaja unilateral de sueldos de hasta un 26%, y los de la Fundación Almirante Carlos Condell mantienen una huelga legal frente a un sostenedor que ofrece reajustes que no superan los $5.000. Cambian el empleador y la figura legal; se repite el mecanismo de descargar la crisis sobre los trabajadores de la educación, sean estos del sistema público o de colegios administrados por fundaciones y corporaciones privadas.
El propio Comunal Valparaíso apunta en esa dirección al llamar a los consejos gremiales, docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes a organizarse, articularse en los territorios y sumarse activamente a la movilización. Esa es, en los hechos, la única vía para frenar el desmantelamiento: coordinar las luchas hoy dispersas —las de las escuelas públicas amenazadas por el SLEP y las de los colegios privados en conflicto— en un mismo frente, sostenido desde las bases y capaz de exigir a las conducciones gremiales que pasen de la denuncia a un plan de lucha común. Como sintetiza el gremio en su consigna, en Valparaíso no sobran profesoras ni profesores. Lo que sobra es una política que trata la educación pública como una simple variable de ajuste.
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