Cataldo contra los profesores: infantilización e ignorancia sobre el trabajo docente
Los dichos del ministro de educación NIcolas Cataldo (PC) generaron amplio rechazo en las y los profesores y trabajadores de la educación, ya que se les infantiliza de parte del gobierno al establecer una prohibición extensible de igual forma a las y los estudiantes como a las y los docentes, sin considerar que somos profesionales de la educación que nos dedicamos a guiar los procesos educativos junto al resto de los y las trabajadoras de la educación. Es necesario que se establezcan espacios deliberativos en las escuelas donde toda la comunidad educativa participe de forma vinculante en las modificaciones reglamentarias que se deberán implementar hasta junio.
La vocería de gobierno donde Cataldo, ministro de educación y militante del Partido Comunista, presentó la ley fue lo que desencadenó la polémica y desató una ola de memes y reels en redes sociales de manera inmediata. Muchos trabajadores de la educación aluden al hecho de que el celular en cualquier establecimiento es en ocasiones indispensable. A veces, porque durante la agitada jornada escolar se requiere a veces de forma urgente la colaboración entre los distintos estamentos dentro de la institución, para lo cual se requiere escribirnos o llamarnos. Incluso las jefaturas utilizan los whatsapp para transmitirnos informaciones.
Muchas otras veces, por falta de condiciones, debemos usar los celulares para dar internet, para llenar libros o asistencias virtuales y que de fondo son cuestiones básicas que la mayoría de las escuelas no aseguran por tanto cada trabajador/a lo suple como puede. Por eso la presentación de la ley también entregó la imagen vívida de cómo las autoridades muchas veces hablan sin siquiera considerar cómo es la realidad cotidiana de la mayoría de las escuelas, aunque irónicamente el ministro también sea profesor.
Otro de los argumentos que han aparecido contra el ministro y contra la ley del gobierno del Frente Amplio, tiene que ver con los problemas de salud mental o la ansiedad y adicción que genera actualmente el uso de diversos aparatos electrónicos en exceso. Pero la prohibición legal de su uso en las escuelas, no es ningún aporte al fondo del problema. Muchos niños y niñas pasan largas jornadas después de la escuela solos en casa porque sus familias tienen a veces más de un trabajo y más de 12 horas fuera de casa. Niñeces y adolescentes que pasan encerrados o en hacinamiento, además de llegar a las salas de clases cargando la ansiedad de sus hogares, las tensiones económicas, la incertidumbre.
Sin embargo, la imposición legal y prohibitiva que se implementará desde marzo, no asegura por ejemplo la entrega de materiales didácticos y juegos de aprendizaje, adecuados a los diversos cohortes etarios de cada establecimiento, de manera de implementar una diversificación de las actividades en los recreos. Tampoco se aseguran salas de computación para todos los establecimientos, computadores para cada trabajador de la educación, proyectores empotrados en cada sala de clases. Que además no son “lujos” sino que necesidades básicas para el desarrollo de nuestras labores y la atención a las necesidades educativas de NNyA.
La ministra Vallejos (PC) quien acompañó al ministro Cataldo en el anuncio y que se refirió a los problemas de salud mental relacionados al uso de aparatos electrónicos, claramente no se refiere a los problemas de fondo, porque tampoco fueron importantes ni se jugaron cambios sustanciales en ese terreno. MIentras con una mano prohíben celulares y lo muestran como una mejora sustancial a la educación, con la otra mano fueron el gobierno que más política ha hecho en el último tiempo, a raíz de los operativos de desalojos en los campamentos, sin entregar soluciones habitacionales a las familias y niñeces, y encima abriendo este 2026 con la reducción en un 50% de los subsidios DF 49. Es coherente con esto que no se refieran ni busquen atacar ningún problema de raíz.
Y para sumar y seguir, la superintendencia fiscalizará que de aquí a junio se implemente en toda la enseñanza parvularia, básica y media la modificación de los reglamentos internos para implementar la ley. Sin embargo, no se establece ningún mecanismo para realizar estas modificaciones, y de hecho ante la superintendencia de educación, es el sostenedor el responsable de que esto se haga.
En la mayoría de las escuelas, los sostenedores son individuos que ni siquiera trabajan en los colegios, que además toman decisiones muchas veces arbitrarias respecto al funcionamiento de las escuelas. Por tanto la prohibición que establece la ley, al aplicarse también a las y los trabajadores de la educación, se prestará para ser potencialmente una nueva herramienta de persecución.
Es necesario que exijamos en todos los establecimientos educativos que haya espacios deliberativos y que vinculen a toda la comunidad educativa para ser parte de aquellas modificaciones reglamentarias que se realicen. Además, el Colegio de Profesores que no se ha pronunciado en absoluto respecto a esta implementación, debería cumplir un rol activo para movilizar esos espacios que vinculen y den poder de decisión a los distintos estamentos de las instituciones para la realización de las modificaciones necesarias a los reglamentos internos.
La prohibición legislada además abre diversos debates de los cuales también hay que hacerse cargo. Por ejemplo, respecto a la tecnología, ya que los grandes consorcios tecnológicos diseñan plataformas hechas para captar la atención de manera enfermiza, vender datos personales y biométricos o generar dependencia. Además, para poder llegar al producto final, deben pasar por toda una cadena logística y de producción que implica por ejemplo la extracción a destajo de litio para baterías electrónicas, o de tierras raras para microchips, que además utiliza mano de obra casi esclava en America y Africa para su extraccion. Tampoco estos problemas son prioridad del gobierno ni de la derecha, que por el contrario propician e incentivan el modelo extractivista en Chile.
La soledad y el abandono en las niñeces y adolescentes pobres son claramente un factor de dependencia de aparatos electrónicos, que suplen muchas veces necesidad de atención, de cercanía, de empatía o de aprendizaje de modelos a seguir. Sin embargo, también ellos y ellas han sido un factor en utilizar creativamente plataformas como Roblox donde denuncian los violentos allanamientos del ICE, o que frente a las prohibiciones y censuras de los consorcios tecnológicos como Google, inventaron creativas formas de denunciar igualmente la masacre en Gaza. Asi que tampoco las tecnologías condenan al individualismo a las infancias y adolescencias, ya que ellos y ellas también nos muestran constantemente formas de resistir y denunciar.
En marzo se deberá implementar la ley y debemos exigir que las escuelas implementen instancias deliberativas para la modificación de los reglamentos internos donde participe toda la comunidad educativa de manera vinculante, y donde el Colegio de Profesores cumpla un rol de asegurar que aquello suceda y denunciar donde no ocurra. Y también debemos estar atentos y atentas, y propiciar la organización por abajo de cada establecimiento educativo, ya que la agenda política se verá marcada por esta nueva prohibición, y querrán olvidar y dejar en segundo plano nuestras demandas históricas, de mayor financiamiento, de mejores salarios, menos estudiantes por sala y mejor infraestructura. Por tanto las trabajadoras y trabajadores de la educación también seremos responsables de organizarnos para instalar nuestra propia agenda ante el nuevo gobierno de la extrema derecha, y de exigir que nuestros organismos sindicales y comunales y dirigentes del Colegio de Profesores también asuman un rol activo en luchar por aquellas demandas de fondo y salir de la pasividad que han estado durante años.
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