Justicia y verdad. A más de un año: ¡justicia por Maite y todas las mujeres víctimas de femicidio!
Antes de convertirse en expediente, en cifra o en debate público, Maite era una hija, una hermana, una adolescente de 15 años con una vida en desarrollo. Su ausencia no es solo un caso en investigación: es un vacío irreparable en una familia que, desde esa madrugada, vive entre el dolor y la espera. Cualquier análisis político pierde sentido si olvida que detrás de esta exigencia hay una madre y hermanos que siguen preguntando qué ocurrió realmente.
El crimen de Maite Arce, transcurre durante la madrugada del 20 de diciembre de 2024 , debe entenderse en el marco de un avance en los casos de violencia de género, donde más allá de la promulgación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres, demostrando que el problema es estructural y no puede limitarse el rol del Estado, desde la normativa testimonial. Según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (2024), el 23,1% de las mujeres entre 15 y 65 años declaró haber sufrido violencia física, sexual o psicológica en el último año, mientras que un 37,7% señaló haberla enfrentado en algún momento de su vida. Asimismo, cuando se habla de femicidio, datos oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, muestran que durante el 2025 han ocurrido más de 40 femicidios consumados, 283 femicidios frustrados y 58 femicidios tentados.
Sin embargo, estas cifras no reflejan la totalidad de los casos, que siguen sin catalogarse como tal, por la desidia y encubrimiento de una justicia patriarcal y machista. Este 8 de marzo, debe ser una de las banderas de la movilización y actos, ad portas de un gobierno que se declara públicamente enemigo de las demandas históricas de las mujeres y disidencias. El próximo presidente Kast, por caso, niega la existencia de la figura femicida nombrandolos como “homicidios”, esto no hace otra cosa, que abrir las puertas a la reproducción y encubrimiento de los mismos. Sin ir más lejos, en las estadísticas del gobierno Argentina, con el ultraderechista de Milei, los casos aumentaron junto con los crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ+.
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Interrogante es en caso de Maite que el proceso judicial encubre
Maite Dianela tenía 15 años. Era una adolescente que, como tantas otras, salió un día a la piscina con sus amigas. No había planes de fiesta ni decisiones extraordinarias. Era una salida común, parte de la cotidianidad de cualquier joven. Sin embargo, esa fue la última vez que su familia supo de ella con normalidad.Con el paso de las horas, Maite dejó de comunicarse con su madre. Los mensajes enviados por Instagram aparecían como “vistos”, pero no había respuesta. La preocupación creció durante la noche y la madrugada. Al día siguiente, no fue una autoridad ni una institución la que informó lo ocurrido, sino una de las amigas con las que había salido, quien contactó a la madre por redes sociales para decirle que su hija “se había ido al cielo”. Desde ese momento comenzó un proceso doloroso, atravesado no sólo por la pérdida irreparable, sino también por una serie de interrogantes que hasta hoy no encuentran respuesta.
Existen antecedentes que debieron ser abordados con máxima rigurosidad desde el inicio. Maite era menor de edad y esa noche se encontraba en un contexto donde había personas adultas, incluidos hombres mayores de edad. No hubo comunicación previa con su madre para informar dónde estaría ni con quiénes. Esa situación, por sí sola, exigía una investigación exhaustiva con perspectiva de género y enfoque de protección de la niñez. Además, una de las jóvenes que estaba con ella se llevó sus pertenencias, incluyendo su mochila y su teléfono celular. Esos objetos nunca reaparecieron. Posteriormente, la joven señaló que se habían “perdido”. Sin embargo, estos elementos constituían material investigativo clave. La ausencia de una explicación clara sobre qué ocurrió con estos, profundiza las dudas.
Desde el comienzo, la familia sostuvo que había aspectos que no cerraban, que existían vacíos y omisiones. Y el tiempo no ha hecho más que ampliar esa sensación de abandono institucional.
Antecedentes periciales que refuerzan la hipótesis de femicidio
Recientemente se conocieron avances en los resultados del estudio histopatológico realizado por el Servicio Médico Legal. Sin entrar en detalles que solo revictimizan y exponen innecesariamente, el informe consigna la existencia de múltiples focos de hemorragias de carácter vital y reciente, así como lesiones en distintas zonas del cuerpo. El carácter “vital” de estas lesiones -según el propio lenguaje técnico-, indica que se produjeron cuando Maite aún estaba con vida. Estos antecedentes son profundamente relevantes y refuerzan la necesidad de esclarecer si hubo intervención de terceros.
Lejos de cerrar el caso, estos resultados abren nuevas preguntas. ¿Por qué estos elementos no marcaron desde el principio un rumbo investigativo claro? ¿Por qué, a más de un año de los hechos, la familia continúa esperando respuestas concretas?
La lentitud del Estado también es violencia
La familia de Maite lleva más de un año enfrentando la espera. Para las familias trabajadoras, que no cuentan con recursos económicos ni redes de poder para presionar al sistema judicial, la justicia depende casi exclusivamente de la voluntad institucional. Y cuando esa voluntad es lenta, insuficiente o indiferente, la impunidad se convierte en una forma más de violencia.
El gobierno de Gabriel Boric, que llegó al poder autodenominándose feminista y prometiendo transformaciones estructurales, hoy administra un aparato estatal que reproduce la burocracia, la desidia y la falta de urgencia en casos de violencia contra mujeres y niñas. La responsabilidad no es abstracta: cuando las instituciones dependen del Ejecutivo y la investigación se dilata por más de un año sin resultados concluyentes, el gobierno no puede desentenderse.
No bastan discursos cada 8 de marzo ni declaraciones simbólicas. Cuando el Estado no actúa con perspectiva de género real, con recursos suficientes y con plazos claros, la promesa de un “gobierno feminista” queda reducida a consigna. Y la consigna no devuelve la vida ni garantiza justicia.
Ni retrocesos reaccionarios ni confianza ciega en las instituciones
Al mismo tiempo, el avance de sectores abiertamente conservadores y reaccionarios representa una amenaza aún mayor para los derechos conquistados. El proyecto político encabezado por José Antonio Kast ha sostenido posiciones contrarias a derechos sexuales y reproductivos, a la educación no sexista y a las demandas históricas del movimiento de mujeres. La eventual designación de autoridades con ese carácter al frente del Ministerio de la Mujer no implicaría protección, sino retroceso.
Pero la advertencia frente a la ultraderecha no puede transformarse en excusa para justificar la inacción del presente. Ni la administración actual ni un eventual gobierno reaccionario garantizarán por sí mismos justicia para Maite ni para las miles de víctimas de violencia de género. La experiencia histórica demuestra que ningún derecho fue regalo: todos fueron producto de la organización y la lucha.
Organizarse para romper la impunidad
El caso de Maite, se inscribe en una estructura donde la violencia machista encuentra amparo en la lentitud judicial, en la falta de recursos y en una institucionalidad que actúa con tibieza cuando se trata de la vida de niñas y mujeres. Exigir su justicia, es exigir una investigación transparente, con perspectiva de género y con responsabilidades políticas claras, es denunciar la negligencia estatal y rechazar cualquier intento de cerrar el caso sin esclarecer todas las aristas.
A más de un año, su familia, no solo exige responsabilidades institucionales. Exige algo más básico y más humano: verdad. El derecho a saber qué pasó con su hija. El derecho a que su muerte no sea administrada por la burocracia ni absorbida por la rutina judicial. El derecho a que su nombre no sea reducido a una estadística.
Este 8 de marzo, la movilización tiene también el nombre de Maite. Tiene el nombre de todas aquellas cuyos casos esperan justicia en medio de la indiferencia institucional. Porque cuando una niña muere en circunstancias que presentan indicios de intervención de terceros y el Estado no responde con la urgencia debida, la responsabilidad es política.
Frente a la violencia patriarcal y la impunidad estatal, la respuesta no puede ser la espera pasiva. Los derechos no se mendigan ni se administran desde arriba: se conquistan en las calles. Y solo la organización amplia, combativa y feminista puede romper el silencio y arrancar verdad y justicia..
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