Washington despliega buques de guerra para consolidar al empresario Alix Didier Fils-Aimé tras disolver el Consejo que intentó destituirlo. Las elecciones prometidas quedan subordinadas al esquema de ocupación militar que avanza sobre el Caribe. La flotilla militar reforzó el ultimátum: quien controla Puerto Príncipe lo hace bajo supervisión directa de Estados Unidos.
Por Daniel Ruiz Bracamonte
Tres buques de guerra estadounidenses anclados frente a Puerto Príncipe marcaron el fin del último vestigio de autonomía gubernamental en Haití. El 7 de febrero, tras semanas de presión diplomática y amenazas directas, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disolvió según lo exigido por Washington, consolidando el poder absoluto del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un empresario cuestionado que jamás ha sido electo.
La operación comenzó el 1 de febrero, cuando el USS Stockdale —destructor de misiles guiados diseñado para operaciones multimisión— arribó a la bahía capitalina junto a las patrulleras USCGC Stone y USCGC Diligence. El Comando Sur justificó la presencia militar como «firme compromiso con la seguridad», mientras la embajada prometía un «Haití más seguro y próspero».
El 23 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio transmitió directamente a Fils-Aimé la orden de disolver el CPT «sin interferencias provocadas por divisiones internas». El mensaje llegó en momento crítico: cinco de los siete miembros del Consejo con derecho a voto habían exigido la renuncia del primer ministro apenas dos semanas antes, acusándolo de fracasar en su gestión justo cuando el país preparaba sus primeras elecciones en una década.
«El secretario añadió que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero, sin que actores corruptos busquen interferir», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. La ironía no pasó desapercibida: Washington hablaba de «actores corruptos» mientras defendía a un funcionario acusado de desviar fondos públicos y entregar soberanía nacional.
Rubio reafirmó que Fils-Aimé debía permanecer como primer ministro para combatir a las pandillas «terroristas» y «estabilizar» el país, ignorando que la mayoría de los haitianos no lo reconoce como autoridad legítima. La embajada estadounidense calificó cualquier intento de modificar la composición gubernamental como «amenaza a la estabilidad regional», advirtiendo que tomaría «las medidas adecuadas». La flotilla militar reforzó el ultimátum.
Primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un hombre que concentra poder absoluto sin legitimidad popular.
Fils-Aimé, empresario del sector comunicacional graduado en la Universidad de Boston, jamás ganó elección alguna. Su único intento fracasó en 2016, cuando buscó un escaño senatorial. Su primer discurso como máxima autoridad reveló sus lealtades: habló en francés durante la primera mitad, idioma que solo domina la élite, mientras que la inmensa mayoría habla crioulo. «Estaba dirigiéndose a extranjeros y sectores privilegiados, no al pueblo», señala una publicación de Brasil de Fato.
La emisora popular Radyo Rezistans denunció que el premier desvía 35.000 dólares mensuales del erario público para pagar cabilderos en el Departamento de Estado. Firmó además un contrato de 10 años por cientos de millones de dólares con la empresa de seguridad privada de Eric Prince, exdirector de Blackwater.
Este acuerdo entrega a mercenarios extranjeros el control de aduanas y fronteras haitianas bajo el pretexto de «modernización». Los documentos están bajo revisión del Tribunal Superior de Cuentas, mientras organizaciones sociales exigen frenar lo que consideran entrega sistemática de soberanía.
El periodista haitiano Reyneld Sanon afirma que el premier «no gobierna el país, es un servidor del plan imperialista estadounidense». Tanto Fils-Aimé como el secretario de Estado Mario Andresol y el director policial Vladimir Paraison mantienen, según Sanon, vínculos con bandas criminales y cuentan con respaldo de embajadas extranjeras.
Caribe sitiado: el patrón de la intervención
La Organización de Estados Americanos (OEA) legitimó el golpe institucional el 10 de febrero. «Considerando que el 7 de febrero de 2026 concluyó el mandato del Consejo Presidencial de Transición, la Secretaría General reconoce que el primer ministro Didier Fils-Aimé y su gabinete encabezarán el período interino», declaró el organismo, repitiendo el discurso de Washington sin cuestionar la legitimidad del proceso consolidado mediante presión militar.
Los tres destructores que forzaron la disolución del gobierno de transición haitiano forman parte de un patrón de militarización que Washington mantuvo desplegado sobre el Caribe a lo largo de 2025, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de la administración Trump. La crisis política y económica que arrastra Haití desde hace décadas se agravó en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuyo magnicidio sigue en investigación. Tras el homicidio asumió el entonces primer ministro Ariel Henry, pero su falta de legitimidad llevó a que fuera sustituido en 2024 por el CPT. El vacío de poder fue aprovechado por pandillas criminales que, en alianza con políticos y empresarios, lograron controlar el 90 por ciento de la capital. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que más de 1,4 millones de personas abandonaron sus casas en 2025 producto de la violencia.
Haití no celebra elecciones desde 2016. Las presidenciales y legislativas están previstas para el 30 de agosto, con eventual balotaje el 6 de diciembre. Pero la promesa de organizar comicios quedó subordinada al esquema de dominación militar. «Desde que las tropas estadounidenses se retiraron en 1934, solo en 1990 hubo elecciones libres y democráticas», explica Sanon. «El imperialismo controla los procesos electorales, decide los resultados».
En agosto de 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en la región. The New York Times reveló entonces que Trump había autorizado en secreto al Pentágono usar la fuerza militar contra cárteles de droga extranjeros, sentando las bases para operaciones militares directas en territorios extranjeros. Los movimientos militares fueron creciendo: buques de guerra, sobrevuelos intimidantes, trasiego de personal militar y arsenal bélico en bases de Puerto Rico.
El punto culminante de esta escalada ocurrió en la madrugada del 2 de enero de 2026, con la operación «Resolución Total» que derivó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Fue el desenlace de una larga campaña de asedio que Washington desplegó desde la toma de posesión de Trump.
La nueva fuerza de intervención
El 8 de diciembre, Fils-Aimé viajó a Estados Unidos para participar en una cumbre de países que contribuirán al despliegue de una Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) en la nación caribeña. La cita reunió a socios considerados clave: el embajador de Canadá ante la ONU, David Lametti, y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.
La embajada estadounidense en la capital haitiana calificó cualquier cambio gubernamental como «amenaza a la estabilidad regional».
La FRG surge como respuesta a la ineficacia de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, y busca acelerar operaciones más robustas contra las bandas criminales. El Grupo Permanente de Socios, que supervisa la FRG, incluye a Estados Unidos, Canadá, Kenia, Bahamas, Jamaica, Guatemala y El Salvador. Ruanda ha expresado interés en enviar tropas, mientras que la Unión Europea ha aportado recursos iniciales.
El liderazgo recae en Jack Christofides, representante especial de la ONU designado el 1 de diciembre, y Godfrey Otunge, oficial keniano que actúa como comandante interino. La FRG es una misión no dependiente de la ONU, pero respaldada por esta organización, con un mandato de 12 meses enfocado en operaciones de inteligencia dirigidas a neutralizar, aislar y disuadir mediante el uso de fuerza letal cuando sea necesario.
Los ecos del siglo XIX
El intelectual mexicano Fernando Buen-Abad analiza esta doctrina desde la semiótica crítica: «Este documento no puede leerse meramente como plan militar o diplomático, es una Guerra Cognitiva o Batalla Cultural burguesa sobre el orden económico y simbólico mundial, es una nueva gramática de dominación, un reordenamiento de sentidos sobre patria, soberanía, amenaza, identidad, poder».
Buen-Abad subraya que se trata de «una operación de hegemonía simbólica: redefine lo que es normal, deseable, legítimo; lo que es amenaza, inseguridad, decadencia; lo que merece protección, intervención, coerción. Hay una apuesta por la domesticación del miedo, por la militarización del imaginario social, por la naturalización de la xenofobia, por la resemantización del nacionalismo como escudo contra el caos».
Se instituye así «una nueva semiótica del Estado gendarme, de la frontera fortificada, del antagonismo perpetuo, de la soberanía cerrada, de la identidad homogénea. Es un escenario irrenunciable para la disputa por el sentido».
El pensador cubano Raúl Capote traza paralelismos históricos. El bloqueo naval más severo del siglo XIX contra Venezuela ocurrió en 1829-1830, tras la disolución de la Gran Colombia. El gobierno español equipó entonces una expedición para reconquistar territorios en América. La flota, al mando del almirante Ángel Laborde y Navarro, zarpó de Cuba hacia costas venezolanas.
«La flota española interceptó y capturó numerosos buques mercantes, tanto venezolanos como de otras naciones, causando graves daños al comercio. España, aislada internacionalmente, no se atrevió a sostener una costosa invasión terrestre y finalmente cedió», explica Capote.
También existen paralelismos con el bloqueo impuesto por potencias europeas entre 1902 y 1903, que implicó confiscación de buques. «Bombardearon fortificaciones, apresaron y hundieron buques de la armada venezolana. Estuvieron involucrados el Imperio Británico, el Imperio Alemán, el Reino de Italia y Estados Unidos», señala.
La historia de Haití registra así un capítulo más de intervención extranjera: un gobierno de transición fracasado es reemplazado por un hombre que concentra poder absoluto sin legitimidad popular, respaldado por destructores de misiles y el aval de organismos regionales que normalizan la imposición mediante presión armada. La misma flota que ancló frente a Puerto Príncipe en febrero es la misma fuerza que asedió meses antes frente a La Guaira. Los mismos buques, la misma doctrina, el mismo libreto imperial que desde el siglo XIX recorre el Caribe como un fantasma armado hasta los dientes.
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