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El plan de la ocupación Trump-Netanyahu para la esclavitud de Palestina
Mientras la ocupación sionista continúa su guerra de exterminio total en la Franja de Gaza, y el número de muertos asciende a más de 65.000 mártires, 168.000 heridos y miles de desaparecidos, otra batalla igualmente importante se libra detrás de escena: ¿Quién gobernará Gaza después de la guerra?
El plan del ex primer ministro británico Tony Blair para establecer la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA) parece ser más que una simple propuesta de reconstrucción, sino un proyecto político integral que propone la tutela internacional de la Franja bajo la protección legal y de las Naciones Unidas. Lo que revelan los documentos, así como un análisis de las estructuras y los presupuestos propuestos, plantea serias dudas sobre sus intenciones y posibles resultados.
¿Qué propone realmente el plan?
El plan de Blair prevé el establecimiento de una autoridad suprema que opere bajo el mandato del Consejo de Seguridad durante un período de transición específico de cinco años. Esta autoridad sería administrada por un consejo internacional de siete a diez miembros, que, según los documentos disponibles, incluiría un representante simbólico palestino, junto con personalidades internacionales y occidentales, y empresarios. Este organismo no sería simplemente un organismo técnico para la gestión del proyecto, sino una «autoridad política y jurídica suprema» que emitiría legislación vinculante y supervisaría todos los órganos de gobierno y administración de Gaza.
La secretaría ejecutiva propuesta supervisaría los ministerios a los que se asignan responsabilidades de servicio, pero esta autoridad ejecutiva palestina local estaría compuesta por tecnócratas designados y supervisados por el organismo internacional.
En materia de seguridad, el plan prevé una fuerza de seguridad multinacional para proteger las fronteras y los cruces, y una unidad de policía civil local «desmilitarizada».
En el plano económico, se creará una Autoridad de Inversiones y Desarrollo (GIPEDA) para dirigir las zonas económicas especiales y atraer capital extranjero para emprender la «reconstrucción» según una lógica de inversión.
El presupuesto revela prioridades
Seguridad antes de la reconstrucción y administración externa antes de la independencia. Este es un breve resumen de los detalles del presupuesto operativo, que demuestra una clara prioridad en materia de seguridad: se asignan importantes partidas a la policía civil y a los organismos de supervisión, mientras que los costos de la fuerza multinacional y la reconstrucción de capital (viviendas e infraestructuras importantes) se excluyen del presupuesto operativo y se dejan a cargo de las promesas de los donantes a través de un fondo financiero independiente.
También se asignaron fondos iniciales a oficinas en El Cairo, Arish y Ammán, lo que indica una gestión externa eficaz del expediente. Esta distribución financiera sugiere que el plan prioriza la seguridad y el control institucional sobre la construcción de viviendas seguras o la reactivación de la economía local.
Mantener los principales motores de la reconstrucción a merced de las condiciones de los donantes otorga a los actores financieros un poder sin precedentes para determinar las prioridades de reconstrucción y la forma de las futuras economías locales.
Graves implicaciones políticas
El plan, en su concepto, origen y detalles, no es una propuesta temporal para gestionar una crisis humanitaria, sino un intento de reproducir un modelo de tutela que sustituye la administración nacional por la hegemonía externa. Gestionar los archivos desde oficinas fuera de Gaza y proporcionar una representación simbólica palestina dentro de un consejo dominado por occidentales y empresarios reproduce una lógica que pone las decisiones políticas y económicas en manos de foráneos y demoniza la capacidad de los palestinos para determinar su propio destino.
Las disposiciones relativas a una fuerza policial local desmilitarizada y una fuerza multinacional en la frontera se interpretan en la práctica como un mecanismo para neutralizar al pueblo palestino y su resistencia, aislar a los componentes del pueblo palestino y sus facciones nacionales, incluida la propia Autoridad Palestina, del proceso de toma de decisiones y, de ese modo, asegurar un camino abierto para la seguridad y los intereses económicos de la ocupación israelí, bajo la bandera de la «estabilidad».
El aspecto económico, con el establecimiento de GIPEDA, establece una nueva dependencia económica, mediante la cual el proceso de reconstrucción se convierte en una plataforma de inversión que sirve más a las ganancias del sector privado internacional que a la reconstrucción de una comunidad local independiente.
Más peligroso aún es que los mecanismos de «protección de la propiedad» y la unidad para documentar la propiedad de las personas desplazadas constituyen una puerta de entrada potencial a una ingeniería demográfica encubierta: el registro de la propiedad y procedimientos legales complejos podrían legitimar el éxodo de un número significativo de ciudadanos o hacer virtualmente imposible su regreso, imponiendo así un nuevo carácter demográfico a la Franja de Gaza.
En este contexto, el escritor británico David Hearst describió los planes de Blair como «condenados al fracaso y a negarse a reconocer a Gaza como patria palestina», afirmando que el ex primer ministro se había unido a «los depredadores que se alimentan del holocausto palestino». Mientras tanto, el periodista británico Ash Sarkar observó que «el diablo no estaba disponible, así que Blair estaba presente», argumentando que su presencia en las conversaciones de la Casa Blanca no buscaba la paz, sino pulir una política de limpieza étnica sin rendición de cuentas.
Ambigüedad en los tribunales y los marcos jurídicos
El plan presenta el mandato de la ONU como una fachada de legitimidad, pero su legitimidad práctica es cuestionable. El Consejo de Seguridad, que se supone debe otorgar el mandato, hasta la fecha no ha podido emitir resoluciones efectivas para un alto el fuego ni para garantizar la protección de los civiles. ¿Puede otorgar un mandato para gobernar a toda una población? Desde la perspectiva del derecho internacional, el plan parece contradecir principios fundamentales: Gaza es territorio ocupado, y la potencia ocupante —Israel— tiene responsabilidades directas, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, en todos los asuntos relacionados con la protección de la población y la reconstrucción de lo que ha destruido. Imponer una tutela internacional mediante una decisión de arriba hacia abajo reduce las responsabilidades de la ocupación e incluso le proporciona un clima político carente de rendición de cuentas.
De igual manera, el derecho internacional estipula el derecho de los pueblos ocupados a la autodeterminación y reconoce el derecho a la resistencia como respuesta a la ocupación. Condenar este derecho y tipificarlo como delito mediante mecanismos serios de desarme constituiría una flagrante contradicción con estas normas.
Tesis que consumen mucho tiempo e imponen hechos
El plan ha recibido apoyo de círculos estadounidenses, y sus nombres se han vinculado a Jared Kushner y a círculos influyentes. Sin embargo, la ocupación israelí ve el plan con una lógica pragmática: podría contribuir a crear nuevas realidades que le brinden un alivio en materia de seguridad, pero se muestra cautelosa respecto a quién recibirá poderes efectivos y a la cuestión de permitir que la Autoridad Nacional Palestina opere libremente dentro de la Franja de Gaza. Mientras tanto, las capitales europeas y árabes expresan reservas sobre la legitimidad de cualquier administración que margine a los palestinos.
La corresponsal de Haaretz en Nueva York, Lisa Rozovsky, dijo que una fuente israelí le confirmó que la Casa Blanca había presentado detalles del plan a Netanyahu y otros líderes israelíes, y que éste «goza del pleno apoyo de Trump».
La fuente indicó que los funcionarios israelíes aún no lo han rechazado, pero señaló que existe «sensibilidad» en cuanto a otorgar a la Autoridad Palestina un papel directo, mientras se mantiene la puerta abierta a un papel para una fuerza internacional liderada por Blair.
El ministro de Finanzas israelí, Smotrich, ha hablado públicamente de una «riqueza inmobiliaria» en Gaza, mientras que Netanyahu sigue recibiendo llamadas de Blair sin comprometerse con su plan. Los observadores creen que la ocupación está utilizando las conversaciones del «día después» para ganar tiempo e imponer nuevos hechos sobre el terreno.
The Independent citó a Omar Awadallah, viceministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, quien dijo que aún no habían visto el borrador del plan de Blair, pero agregó: «Estamos dispuestos a participar de buena fe, pero Gaza es una parte integral del Estado de Palestina, y no aceptaremos ningún plan que la trate como una inversión inmobiliaria o financiera para empresas extranjeras sin la presencia de palestinos».
Mientras Hamás afirmó que Blair era una figura indeseable, describiéndolo como una figura negativa que podría merecer ser juzgada en tribunales internacionales por su papel en la guerra de Irak, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, negó la existencia de tal plan oficial, diciendo: «No existe tal cosa como un plan Tony Blair», enfatizando que la discusión se limitó a establecer una administración palestina financiera y administrativamente independiente, y que Gaza permanecería en manos palestinas.
Al comentar sobre el plan, el periodista de Al Jazeera Jamal Rayyan afirmó: «Blair no está satisfecho con sus crímenes en Irak, Siria, Líbano, Sudán, Somalia y Afganistán. Ahora respalda proyectos económicos diseñados con Trump para la posguerra, con financiación árabe, que contribuyen a la seguridad de Israel».
Posibles escenarios
Si las cosas siguen como sugieren los documentos, un escenario posible es que Gaza se convierta efectivamente en un fideicomiso dirigido por extranjeros, y la mayoría de las decisiones económicas y de seguridad se transfieran a organismos y empresarios internacionales, mientras que el lado local se transforma en una administración orientada al servicio con poderes limitados.
Este escenario refuerza la visión del ocupante israelí de que controla y domina fronteras y zonas estratégicas sin asumir la responsabilidad del genocidio que lleva dos años perpetrando ininterrumpidamente. Esto es lo que desea un segmento de la élite política de la entidad ocupante.
Lo que es aún más peligroso es que las promesas de financiación podrían convertirse en mecanismos de chantaje político, y la población de Gaza solo recibiría una reconstrucción real a cambio de difíciles concesiones demográficas y políticas. Por lo tanto, todos los escenarios indican que imponer tal «tutela» exacerbará las crisis de la Franja en lugar de resolverlas, profundizará las divisiones palestinas y prolongará el sufrimiento.
En consecuencia, imponer esta fórmula podría provocar una resistencia popular interna generalizada y el aislamiento político de sus partidarios. Esto, en última instancia, podría conducir al fracaso de la implementación y a un estancamiento prolongado. Por otro lado, no es improbable que surjan oportunidades más adelante para modificar la forma y el contenido del plan, haciéndolo viable sin ignorar ni menospreciar los derechos y la existencia de los palestinos.
Alternativa palestina
La lógica política, jurídica y moral dicta que cualquier camino hacia una solución justa y sostenible no puede pasar por la tutela internacional impuesta a Gaza ni por el control externo. Más bien, debe avanzar por un camino claro que comience con el estricto apego al derecho internacional y los principios de derechos humanos.
Aquí surge la pregunta fundamental: ¿Quién es Tony Blair para ser nombrado gobernante de Gaza? ¿Quién, en primer lugar, posee la legitimidad que le da derecho a este cargo? ¿Y dónde encaja el palestino, dueño de la tierra y de la causa, en toda esta ecuación? ¿No es la exclusión del pueblo palestino de la autodeterminación una extensión directa de la visión sionista religiosa, que niega la existencia misma de los palestinos y los trata como un vacío que puede ser superado?
En este contexto, el director británico Mark Adderley se pregunta: ¿Cómo se puede permitir que alguien que desató el caos en Oriente Medio decida el futuro de Palestina? Argumenta que su presencia en la Casa Blanca simplemente «encubre la limpieza étnica perpetrada por Israel».
Por lo tanto, las alternativas a este plan deben ser claras, empezando por dar absoluta prioridad al cese inmediato de la agresión y al levantamiento incondicional del bloqueo a la Franja de Gaza. Cualquier discurso sobre reconstrucción o administración pierde sentido si el bloqueo persiste. Israel también debe retirarse completamente de Gaza, Cisjordania y Jerusalén para que el proceso político pueda recuperar una base jurídica sólida.
A cambio, es necesario empoderar a una auténtica administración palestina, que surja de un consenso interno genuino, con la participación de las fuerzas locales y de la sociedad civil, libre de cualquier tutela externa que pueda marginar la voluntad popular.
En cuanto a la reconstrucción, no puede llevarse a cabo considerando que el sector se transforma en un proyecto de inversión al servicio de los intereses de entidades extranjeras. Más bien, debe ser liderada por instituciones palestinas con apoyo internacional incondicional.
Además, la rendición de cuentas internacional por los crímenes de guerra y los posibles crímenes contra la humanidad sigue siendo una perspectiva inevitable, ya sea a través de la Corte Penal Internacional u otros mecanismos judiciales internacionales, porque la rendición de cuentas sigue siendo un requisito previo para lograr la justicia y la estabilidad.
Diario Al-Quds Libération صحيفة القدس ليبراسيون –
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