Paz total y transformación territorial de la cuenca del Catatumbo
Introducción.
Este documento es una aproximación a las condiciones económicas, sociales y de violencia de la Cuenca del Rio Catatumbo. Se trata de un apoyo técnico a la gestión de la Delegación del gobierno del presidente Gustavo Petro en la Mesa de diálogos y negociaciones que se adelantan en la actualidad con el EMC de las Farc Ep.
La hipótesis central de esta reflexión sugiere que alcanzar la paz total en la Cuenca del Rio supone una profunda transformación del territorio como resultado de una amplia alianza entre el Estado y sus instituciones, en todos los niveles, con las distintas expresiones de la sociedad civil: empresarios, organizaciones sociales y otras formas corporativas en que se expresa el conjunto de la sociedad regional.
Esa mancomunidad debe trabajar en la dirección de promover cambios significativas en el ordenamiento del territorio que impliquen el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la protección de los derechos humanos fundamentales, la defensa de la mujer, de las comunidades indígenas, el desarrollo de un sistema político participativo local, el impulso de la economía regional, el desarrollo de las vías terciarias, la protección del medio ambiente y la vigencia de la convivencia y la resolución concertada de los conflictos.
Generalidades de la región del Catatumbo colombiano.
La Región del Catatumbo comprende el 50% del territorio del Departamento Norte de Santander (1.100.000 hectáreas) con 11 municipios: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Allí existen dos (2) resguardos del pueblo Motilón Barí: Catalaura – La Gabarra, que se encuentra en el municipio del El Tarra y Motilón – Barí que se encuentra en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama. De acuerdo con las cifras oficiales son cerca de 3.974 indígenas (1,4% del total de población de los 11 municipios), de los cuales el 81% habita en zonas rurales de los municipios. También residen 10.536 afrocolombianos quienes representan el 4% de la población total de la región y se ubican en su mayoría (94%) en las cabeceras municipales (DANE, REDATAM-SP-Censo Ampliado, 2019).
Mapa 1. Región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander
El Catatumbo es una región fronteriza con Venezuela caracterizada por la riqueza natural de su territorio. La cuenca del río Catatumbo posee dos categorías de conservación de orden nacional, el Área Natural Única “Los Estoraques” ubicada en el municipio de La Playa de Belén con una extensión de 640 hectáreas y el Parque Nacional Natural “Catatumbo-Barí”, que continua hacia el norte con el Parque Nacional Serranía de Perijá en la República de Venezuela y tiene un área aproximada de 158.125 hectáreas. Adicionalmente se encuentra la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de “Los Motilones” que comprende 539.215 hectáreas (Has.) en jurisdicción de los departamentos de Cesar y Norte de Santander, abarcando 18 municipios, seis correspondientes a la región del Catatumbo (Convención, El Carmen, El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú).
La Región cuenta con una población de 345.257 habitantes, de los cuales el 56% se localiza en las cabeceras municipales y algunos corregimientos con desarrollo urbano; sin embargo, es importante anotar que, con excepción de Ocaña, sus municipios tienen población mayoritariamente rural. La población del Catatumbo representa el 21% del total departamental, el 14% de la que habita en las cabeceras municipales y el 48% de la asentada en las zonas rurales. El porcentaje de población rural llega al 44% del total, frente a un promedio departamental de 22.3% y nacional de 24.2%.
Gráfica 1. Población del Catatumbo
Gráfica 2. Porcentaje de participación en la población total
Para el año 2019 los municipios con mayor número de habitantes de la región eran: Ocaña con un 40,3% de participación, Tibú participa con el 17,4%, Abrego que cuenta con 9.2% y Sardinata con 6,6%. Por su parte los municipios que cuenta con menor cantidad de población son el resto, encabezados por Hacarí y La Playa de Belén con porcentajes menores.
Según informes de Coyuntura Económica Regional del Departamento de Norte de Santander (Banco de República – 2019) la tendencia de los crecimientos en producción de esa región del país tiende a ser mayormente opuesta a la nacional. Mientras el PIB nacional mantuvo tasas de crecimiento positivas entre 2001 y 2019, en ese periodo Norte de Santander, aunque evidenció tasas positivas en 2006, la más alta (11,2%), en 2019 muestra un crecimiento menor en los últimos años presentando la tasa más baja en 2010 (0,5%), aunque con la apertura de la frontera con Venezuela, la tendencia empieza a mejorar.
En relación al empleo, entre 2008 y 2017, el departamento de Norte de Santander tuvo un aumento en la tasa de desempleo, pasando de 9,9% a 12,2%. Mientras que, en el país, para los mismos años de referencia ha pasado de 11,3% a 10,8%. Este crecimiento en la tasa de desempleo también se presentó en la capital del departamento, Cúcuta y su área metropolitana, pasando de 9,3% en 2008 a 15,4% en 2017, por lo que se evidenció una reducción en la dinámica del mercado laboral de esta región, que además es contraria a la dinámica del país.
De acuerdo al Banco de la República en el tercer trimestre de 2021, la tasa de desempleo (TD) de Cúcuta fue de 17,9%, bajando 6,7 frente al mismo trimestre del año anterior; un descenso levemente inferior al de las otras áreas. No obstante, debido a la falta de información de los indicadores de empleo a nivel municipal, la única fuente de información disponible para poder identificar algunos de los comportamientos clave del mercado laboral es el Censo General de 2023. Dado que la información corresponde a dicho año los indicadores deben tomarse con cierta precaución, no obstante, estos permiten tener una idea general de algunas de las tendencias de los 11 municipios que componen la región del Catatumbo.
Según diversas fuentes que deberán contrastarse en estudios más detallados, la Población Económicamente Activa (PEA) de los municipios del Catatumbo varió entre 33,0% y 46,5% durante los últimos 10 años, en contraste con el índice departamental, que registraba para ese año una participación de la PEA de 46%. Este bajo nivel de participación económica de las personas tiene consecuencias sobre la pobreza de los hogares dado que incide en la tasa de dependencia de estos. La región del Catatumbo tenía en 2019 una tasa de dependencia económica entre 1,15 y 2,03 personas dependientes por cada persona productiva, en tanto que el promedio departamental solo superaba al municipio de Ocaña con 1,17.
Lo que es evidente es que la mayoría de las posibilidades de empleo de las personas de la región del Catatumbo se encuentran en la agricultura y en menor medida en el comercio. En el caso de comercio, debido al tamaño promedio de este tipo de unidades, que fue de 1,4 personas por unidad, se evidencia que corresponden en su mayoría a pequeños comercios y las demás actividades, como la industrial y la de servicios, no tienen una participación significativa dentro del mercado laboral.
Vocación del suelo.
La vocación del suelo de la Región del Catatumbo se distribuye así: de conservación (57,6%), agroforestal (19%), agrícola (13,1%), ganadería (5%) y forestal (4,8%). En el mapa de análisis geográfico de la zona, se muestra la vocación de los suelos, como también los Resguardos Indígenas, la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones y los títulos mineros otorgados. En la siguiente gráfica se puede observar esa realidad productiva de la región.
Gráfica 3. Análisis geográfico del Catatumbo
Potencial productivo.
El potencial productivo del Catatumbo ha sido señalado reiteradamente por diversos expertos, siendo la agricultura el renglón que más jalona la economía rural de la región. De la totalidad del territorio que lo conforma (aproximadamente 1.136.137 hectáreas), el 14.7% cuenta con una vocación agrícola, el 1.7% con una vocación ganadera y el 0.4% es apta para producción forestal. El equivalente al 56.8% se encuentra en un estatus denominado de producción-protección: lugares donde se pueden llevar a cabo actividades productivas, pero con la condición de que se formulen planes estratégicos que tomen en cuenta la sostenibilidad del territorio.
La producción agrícola del Catatumbo se concentra en diez productos que comprenden cultivos permanentes y transitorios, además de los cultivos de hoja de coca que en los últimos años se han incrementado de manera significativa. Entre los primeros se destacan el café, la palma de aceite y el cacao, presentes en un quinto del total de la zona sembrada en la región. Los otros dos quintos correspondientes a cultivos transitorios, que se reparten entre yuca, plátano, frijol, maíz, cebolla, tomate y piña (DNP, 2019). Sin embargo, el uso del suelo del Catatumbo ha estado caracterizado por un distanciamiento entre la vocación y el uso, y un conflicto entre la distribución de la tenencia y la movilidad de la tierra como factor productivo. En lo referente a la producción agrícola, el 14,7% del territorio era apto para esta actividad.
Sin embargo, los mapas de cobertura del suelo muestran que para 2018 se utilizó el 17.5% del territorio para actividades agrícolas, a lo que se le suma el hecho de que la gran mayoría de hectáreas destinadas para la agricultura, no se encuentran en zonas aptas para ello. Es de destacar que, pese a que la producción agrícola en el Catatumbo no se encuentra en las zonas más aptas para el desarrollo de esta actividad, el sector agropecuario de la región cumple un rol central tanto a nivel local como nacional, pues la región presenta un índice muy alto de productividad. A manera de ejemplo, el 28% de la cebolla y el 22% del tomate que se producen en el país provienen del Catatumbo. Esta región cuenta además con ventajas comparativas y competitivas en materia agrícola, que podrían constituirse en la base de futuros proyectos productivos, especialmente en el caso del café, el cacao y la palma.
Respecto a la ganadería, si bien de acuerdo con el IGAC, el Catatumbo solo cuenta con 1.7% del suelo apto para esta actividad, para 2015, el 25,1% se encontraba ocupado por pastos y herbazales. Esto puede ser interpretado en dos sentidos: Hay presencia de ganado en un porcentaje alto del territorio, o se está presentando un fenómeno de subutilización del suelo. Sea cual fuere la razón, se puede afirmar que la ganadería y/o la siembra de pastizales y herbazales, se presenta como uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier apuesta productiva que se quiera llevar a cabo en el Catatumbo. Hay que resaltar que uno de los datos más sobresalientes arrojados por el Mapa Nacional de Cobertura de la Tierra, es la de que es prácticamente nula la presencia de cultivos con vocación sostenible, lo que implica realizar un proceso integral de reordenamiento territorial con amplia visión ambiental.
Para finalizar, varias razones pueden explicar la brecha existente entre la vocación y el uso actual de la tierra: desde la ausencia de claridad en las reglas derivada de una complejidad particular en materia de ordenamiento territorial, pasando por el aislamiento de la región debido a la inexistencia o baja calidad de las vías terciarias hasta factores de riesgo en el mercado u otros, asociados a las dificultades para acceder a recursos de capital, la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra, la tecnología y la mano de obra. También puede responder a factores relacionados con el conflicto armado y la presencia de economías ilícitas que generan fenómenos socioeconómicos y culturales que distorsionan de una forma artificial las realidades en regiones como las del Catatumbo.
La red vial.
Uno de los temas más importantes para lograr el desarrollo integral de esta región tiene que ver con la red vial y la conectividad entre centros poblados y las comunidades rurales, y también, entre las diversas subregiones del Catatumbo entre sí y con el resto de las regiones que la rodean. La mala calidad de la infraestructura limita la accesibilidad dado que se encuentran deficiencias importantes originadas en una topografía variada y compleja, en la baja capacidad vial y difíciles condiciones de transitabilidad y seguridad vial, que son bastante limitadas debido a la presencia de grupos armados ilegales que interfieren de diversa forma con la movilidad de la población y los productos que se exportan e importan. Estas vías son de gran importancia para acceder hacia la frontera con Venezuela desde el interior del país y unen a la región con la Ruta del Sol, el río Magdalena y el Sistema Ferroviario Central, dándole salida hacia puertos en el Caribe y hacia el centro del país.
Gráfica 4. Mapa Red vial primaria y secundaria Región del Catatumbo
El Catatumbo tiene una red vial estimada de cerca de 2.000 km, de los cuales aproximadamente 320 km (16%) corresponden a vías primarias, 317 km (16%) a vías secundarias y 1.373 km (68%) de vías terciarias. Se puede afirmar de manera general, que en la región se identifican aproximadamente 68 puntos críticos que amenazan la transitabilidad, calidad de la infraestructura y seguridad en el tránsito por estos corredores, que tienen que ver con las condiciones topográficas, inestabilidad de los terrenos, permanentes derrumbes y avalanchas, y situaciones relacionadas con el orden público, así como con la corrupción político-administrativa que interfiere y afecta el ritmo de construcción de las diversas obras viales programadas en la región y su mantenimiento continuo.
La Frontera con Venezuela.
El Catatumbo conforma, una de las fronteras más importantes y complejas del territorio nacional. La frontera con Venezuela ha sido fundamental para la economía colombiana en tanto que ha sido el destino de un porcentaje significativo de la producción del país. Sin embargo, su porosidad y extensión la convierten en una conveniente retaguardia para que diferentes grupos armados ilegales utilicen la región para promover toda clase de economías “no lícitas” (narcotráfico, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, extorsión y otras). A lo anterior se suma la tensión que en los últimos años se ha presentado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, a partir de la cual se ha observado, por un lado, un aumento en el robo de hidrocarburos a través de la instalación de válvulas ilícitas en los oleoductos I-21 y Caño Limón Coveñas, y por otro, una considerable disminución en los niveles de contrabando.
Es importante tener en cuenta que, en materia de competitividad y productividad, los territorios fronterizos presentan un conjunto de características que ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar planes estratégicos diferenciados. En este sentido, el impulso a las dinámicas locales de los actores público-privados en estas zonas ha mostrado ser un mecanismo de desarrollo e integración territorial, que centra su acción en el territorio y luego se complementa con los esfuerzos institucionales adelantados por los diferentes gobiernos.
Modelos productivos lícitos.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar en el Catatumbo modelos productivos que provean alternativas a las economías “no lícitas”, esfuerzo que debe ser complementado con mayores capacidades institucionales y participación de las comunidades de la región. La mayor presencia y coordinación entre las autoridades gubernamentales resulta indispensable para garantizar condiciones de seguridad viables para el desarrollo de actividades productivas y para avanzar en la construcción de confianza de la población en las instituciones. El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el actual gobierno y la denominada “paz total”, están enfocadas en lograr el desarrollo territorial que quedó planteado en los acuerdos de paz que firmaron el Estado colombiano y las Farc-Ep en 2016, pero que no lograron mayor consolidación durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).
Condiciones de vida de la población.
Otras cifras que interesan para identificar los problemas que vive la población de la región tienen que ver con las condiciones de vida, en especial, los servicios de acueducto, alcantarillado, y disposición de residuos sólidos. Veamos la siguiente Tabla.
Tabla 1. Indicadores de servicio de agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural de la Región del Catatumbo
Breve caracterización de la región del Catatumbo.
En forma sintética se presenta la caracterización de la región del Catatumbo colombiano. Es un territorio con una gran diversidad biológica y riqueza natural, atravesado por numerosos ríos, quebradas y caños. El río Catatumbo recorre toda la región, desde su nacimiento en las montañas de Ábrego, hasta su desembocadura en el Lago de Maracaibo en Venezuela.
Mapa 2. Ilustración de la región del Catatumbo colombiano
El hecho de ser una región de frontera aumenta el grado de complejidad de la región. Desde tiempos de la conquista y colonización española, esta región era un lugar de encuentro de pueblos y etnias indígenas, un corredor estratégico para acceder a las montañas neogranadinas y bajar al lago de Maracaibo. Tal hecho caracterizó la resistencia “motilona” que desde entonces se convirtió en un verdadero mito.
Catatumbo, “casa del trueno” en lengua Barí, es una región caracterizada en lo fundamental por la cuenca del río Catatumbo, que históricamente ha sido fuente de alimentación, trabajo y un medio de transporte. Es también un símbolo de identidad para los habitantes de la región. Se caracteriza por ser predominantemente campesina, con pasado indígena pero habitada por cultivadores de la tierra, pescadores y cazadores, que han defendido su territorio y liderado diversas expresiones de resistencia y organización campesina de carácter comunitario.
Por ser un lugar de frontera el Catatumbo ha sido un territorio en permanente disputa. Sus habitantes narran cómo distintos actores han buscado el control económico, armado y político del territorio, en conflictos que se han agudizado desde los inicios del siglo XX, con las explotaciones de petróleo y carbón.
A pesar de toda esa historia de luchas y resistencias, violencias e injusticias, se puede afirmar que el Catatumbo está en proceso de renacimiento y redescubrimiento por parte de sus habitantes. Han surgido y se fortalece iniciativas comunitarias, organizaciones, movimientos sociales y liderazgos que tratan de crear condiciones para habitar el territorio dignamente, en paz y con justicia social.
Impacto del Acuerdo de paz con las Farc en el 2016 y el posconflicto
El acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep) se constituyó –en su momento– en una oportunidad histórica para superar los problemas estructurales que están asociados y son factores que explican el conflicto armado que ha azotado a este país por más de 7 décadas desde los años 40 y 50 del siglo pasado (XX).
En el caso del Catatumbo colombiano quedaron incluidos los 11 municipios dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tenían como principal objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren esos municipios afectados gravemente por el conflicto armado.
Sin embargo, como lo ha venido demostrando la experiencia práctica en todo el territorio nacional, con algunas excepciones que confirman la regla, el diseño estratégico del proceso de desmovilización y reintegración de los combatientes guerrilleros a la vida civil, no contempló que, al retirarse las fuerzas insurgentes de esas áreas y territorios, el Estado colombiano no iba a ser capaz de ejercer un control pleno y efectivo, y que al mantenerse la lógica de las economías “no lícitas”, otros grupos armados ilegales iban a reemplazar a las guerrillas desmovilizadas para ejercer el control territorial y aprovechar el vacío generado en ese proceso.
Es así como, 16 meses después de que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc firmaran el Acuerdo Final en Bogotá, anunciando el inicio de una época de “posconflicto” en Colombia, la promesa de “paz” está lejos de concretarse en territorios caracterizados por escenarios de conflictividad social, política y armada. Es el caso de la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, en donde desde marzo de 2018 por desacuerdos entre el Eln y el Epl se presentó un enfrentamiento armado sin precedentes en la historia de ambas organizaciones, que puso en alerta máxima al movimiento social y a las comunidades.
Los impactos que esta confrontación ha causado en la población civil han sido documentados por la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), que en un primer comunicado declaró que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) afectaron a los pobladores de los municipios San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú, donde se habían presentado desplazamientos masivos; “retención temporal de civiles, incluyendo personal de misión médica”; dos civiles heridos; restricciones a la movilidad; cierre del comercio; y parálisis de las instituciones educativas, con afectaciones a 11.836 estudiantes y 553 docentes, todo lo cual constituye “infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (OCHA, 2018).
De acuerdo con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) denominado “Entre la espada y la pared: conflicto y coca en el Catatumbo” (2022) en promedio en el Catatumbo ocurrieron 23 hechos de violencia por mes en este primer cuatrimestre del año. Los enfrentamientos, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos no cesaron y en el horizonte las economías ilegales se mantienen como la fuente de financiación de los actores armados. De esta manera, rentas ilícitas tales como el impuesto a la gasolina, a la cerveza, a los insumos químicos, al contrabando o a la producción de pasta base de coca, se perpetuaron como las fuentes de ingreso que sostienen la guerra en el Catatumbo (Pares, 2022).
Entre todas estas economías “no lícitas” sobresale la producción, procesamiento y comercialización de la hoja coca. Según el último monitoreo que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2020 Norte de Santander fue el departamento con las cifras más altas de hectáreas de coca cultivadas en el país, registrando 40.084 hectáreas. De estas, 39.504 fueron sembradas en el Catatumbo, es decir, el 98.5% del total departamental.
Se encuentra además que Tibú es el municipio con mayor presencia de estos cultivos (a nivel departamental y nacional), pues registra 19.334 hectáreas de coca cultivadas para 2020. El aumento de este cultivo en Tibú ha sido exponencial: 12.787 hectáreas en 2016, 13.685 en 2017 y 16.096 en 2018; se pueden señalar como participantes directos de este fenómeno a los actores armados que controlan la zona que son cinco (5) estructuras del ELN, y las llamadas disidencias de las FARC (Frente 33), quienes utilizan este municipio como un fortín para sus actividades militares y económicas.
A esto cabe añadir que municipios como Teorama, Convención y El Tarra presentan dinámicas parecidas a las de Tibú en cuanto al incremento anual de cultivos de hoja de coca y fuerte presencia de actores armados ilegales con, mínimo, tres estructuras en cada uno de estos municipios. El siguiente mapa, que debe ser actualizado en cuanto a la presencia de otros grupos armados de origen delincuencial, nos ilustra sobre esta realidad conflictiva en la región del Catatumbo.
De acuerdo con diferentes informes tanto de ONGs como del gobierno y de la Defensoría del Pueblo, el inventario de grupos armados ilegales que en la actualidad tienen presencia activa en la región del Catatumbo debe tener en cuenta las siguientes estructuras armadas que compiten por el control del territorio y de las rentas que se obtienen de las economías “no lícitas”:
Por el Ejército de Liberación Nacional ELN, frentes o estructuras: Frente Camilo Torres, compañía capitán Francisco Bossio; Frente Carlos Armando Cacúa Guerrero; compañía comandante Diego; campaña Caribe; Frente Juan Fernando Porras Martínez; campaña Félix.
Clan del Golfo o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Ejército Popular de Liberación EPL (o “Pelusos”)
Disidencias de las FARC: antiguo Frente 33, que hoy hace parte del llamado “Estado Mayor Central de las Farc-Ep” EMC, y se coordina con el Bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte (BMM).
Mapa 3. Presencia de estructuras armadas ilegales y cultivos de uso ilícito en el Catatumbo 2022
En ese sentido es importante tener en cuenta las conclusiones elaboradas por una comisión especial del Congreso de la República que visitó la región del Catatumbo en agosto de 2023 para construir el Informe Preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Catatumbo. Entre ellas se destacan:
Sobre la implementación de la Reforma Rural Integral RRI en el Catatumbo se afirma que “La inseguridad y la falta de garantías para la participación afectan la implementación de la RRI. La RRI en la subregión Catatumbo se ha caracterizado por los obstáculos en términos de seguridad y las falencias para garantizar la participación efectiva de todos los liderazgos de los distintos territorios de la subregión. Estos dos factores han generado demoras en los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos PDET y además han debilitado la confianza en las entidades encargadas de la implementación” (Informe Preliminar Catatumbo, agosto 2023).
Así mismo, en el informe se plantea que existen numerosas barreras para el acceso efectivo a la propiedad rural. “El acceso efectivo a la propiedad rural se enfrenta a dificultades relacionadas con un alto nivel de informalidad en la propiedad, conflictos interétnicos y la ocupación indebida de áreas protegidas”. Igualmente, “las obras PDET no han cumplido con las expectativas de las comunidades, debido al inicio tardío de la implementación de las obras, y por ello los resultados de las Obras PDET no han sido satisfactorios para las comunidades, además, tras la inactividad en los últimos años, se pensó que el mecanismo había desaparecido” (Informe Preliminar Catatumbo, agosto 2023).
Además de señalar una serie falencias administrativas y jurídicas que se han presentado durante todo ese tiempo desde la firma del acuerdo de paz (2016) se enfrenta un reto mayor en razón a los conflictos étnicos y a la disputa por los predios de distintos sujetos. Sobre este punto, se señala el conflicto que existe entre la solicitud para crear la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (ZRCC) –respaldada por habitantes de siete municipios y que ha sido una solicitud de más de 10 años en la subregión– y la pretensión de ampliación del territorio Barí.
A este conflicto, se le suma la existencia de predios que están dentro de zonas protegidas por la Ley Segunda de 1959, que tiene como soporte la Sentencia T–052 de 2017 de la Corte Constitucional que reconoció los derechos territoriales del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas representadas en ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura – La Gabarra; así mismo, de la constitución de la ZRCC. En dicha providencia se ordenó la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, la cual debía realizarse a través de una mesa consultiva entre los actores. Sin embargo, las comunidades continúan a la espera del cumplimiento de lo ordenado por la Corte.
Mapa 4. Resguardos indígenas, zonas de reserva campesina y áreas naturales protegidas en el Catatumbo
La inseguridad.
En cuanto a la situación de seguridad en 2023, diferentes informes muestran que en el Catatumbo el ELN y el EMC son los grupos dominantes en la región. Estos grupos muestran una dinámica de coexistencia, que ha llevado a la disminución de la violencia letal en la región, pero han fortalecido otras formas de violencia y de control territorial y social. De acuerdo con dichos informes se puede concluir que la región del Catatumbo era uno de los territorios del país en los que más se presentaban ataques contra la Fuerza Pública, antes de que se concertaran los actuales “cese de fuegos” con dichos grupos armados.
Lo anterior ha derivado en una disminución de las acciones de la Fuerza Pública, pues se sienten “maniatados” y “acorralados” por las comunidades que, de una u otra forma, rechazan la presencia del ejército oficial, lo cual ha permitido el control social de los grupos armados y su accionar político. Dicho control social de los grupos armados tiene consecuencias para la población y para las instituciones, especialmente las locales (alcaldías). Esto se materializa en casos de extorsión y secuestro, restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta, así como obstáculos para el actuar de las entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz en el territorio.
No obstante, se puede afirmar que existen altas expectativas por la implementación de la política de Paz Total que impulsa el actual gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, se alertan posibles riesgos para la población civil, debido a tensiones que puedan surgir como parte de las negociaciones y falta de garantías de seguridad para los liderazgos que participarán en la verificación de los ceses al fuego.
En cuanto a la política de Paz Total en el Catatumbo está marcada por tres aspectos importantes: el cese al fuego bilateral con el ELN y con el EMC, y algunos obstáculos para la participación de la sociedad civil en ambos procesos de diálogo que han sido denunciados por algunos líderes de organizaciones sociales y otros sectores productivos de la región. En tercer lugar, hay muchas inquietudes sobre la forma en la que tendrán lugar los diferentes mecanismos de participación de la sociedad civil en el marco de la Paz Total. Es importante identificar el origen de las tensiones entre los distintos procesos sociales para evitar que puedan convertirse en un obstáculo para que los procesos de participación se articulen a nivel regional.
Paz territorial y la transformación de los territorios en la perspectiva de la Paz total
El concepto de “paz territorial” ha ido evolucionando en los últimos tiempos en Colombia por efecto, tanto de la evaluación de la experiencia del acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano por parte de diferentes instituciones gubernamentales y ONGs, como por la participación de numerosas organizaciones sociales y políticas de los diversos territorios del país, que han asumido la tarea de construir paz desde los territorios, lo que evidencia la existencia de una rica variedad de epistemologías locales de paz, las cuales discrepan y se complementan con las nociones de paz que circulan en la academia y en el debate sobre la paz y la paz territorial.
En la apuesta de la “paz territorial” uno de los aspectos más importantes es el reconocimiento de que en las regiones y localidades existe un mundo poblado de saberes y prácticas diversas surgidas de las realidades e historias de las comunidades. Por ello, el concepto de paz territorial tiene que ser elaborado desde lo que hacen y dicen esas comunidades y sus propias organizaciones. Así, el concepto de paz territorial exige un nuevo enfoque en donde la imaginación de la gente confluye con las realidades geográficas, lo que genera nuevas visiones que narran con nuevas lógicas las lecciones aprendidas de las prácticas de paz.
Esta comprensión de la paz en general y de la paz territorial, se puede lograr gracias a que las comunidades y los movimientos sociales constructores de paz han ido mostrado que la paz es un anhelo que no se limita a desactivar la guerra, a “callar los fusiles”, sino que debe ir mucho más allá y avanzar hacia la construcción y reconstrucción de relaciones sociales cooperativas, de reciprocidad y de colaboración, y en medio de ese proceso, promover “planes de vida para la paz” que serían la concreción de una nueva ontología de la paz, en donde las relaciones con la naturaleza deben ser recompuestas y rediseñadas.
Así, los sentidos de lugar (“sitio de vida”) y de la naturaleza de las territorialidades que han sido dañadas o negadas por el conflicto armado, deben encontrarse en uno de los ejes centrales de la paz territorial como resultado de nuevos ejercicios de imaginación comunitaria y de ubicación geográfica-espacial, en donde las relaciones armónicas entre los seres humanos se correspondan con un nuevo reencuentro con la naturaleza del entorno. En ese sentido, las metas de reordenamiento del territorio alrededor del agua planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia: potencia mundial de la vida”, deben ser concretadas por la paz territorial, en donde la imaginación y la participación de las comunidades es un factor fundamental para avanzar por nuevos caminos de transformación económica, social y cultural.
En ese sentido, el reto en la región del Catatumbo es enorme. La complejidad y diversidad de ese territorio, las diferencias entre los municipios y las mismas comunidades, las historias acumuladas y las experiencias diversas, así como las realidades concretas que tienen que ver con la producción y la pervivencia, van a requerir una gran imaginación y participación comunitaria, no sólo de los sectores populares (campesinos, indígenas, afros, colonos, etc.) sino también de los actores económicos (petróleo, carbón, palmeros, comerciantes, etc.) y del Estado, que tendrán que diseñar una estrategia conjunta y unos tiempos concertados con todos y todas, para poder concretar ese tipo de paz territorial que es un reencuentro entre seres humanos y comunidades de carne y hueso, y también, un reencuentro con la naturaleza.
Por ello, los verdaderos protagonistas de la paz territorial tienen que ser las personas que desean la paz, y los actores armados deben ser subordinados por esa nueva dinámica de construcción de nuevas relaciones entre las personas y comunidades, y entre éstas, y la naturaleza. Imaginación y creatividad en medio de nuevas epistemologías y ontologías es lo que exige el momento para avanzar por esa paz territorial.
Las organizaciones sociales y populares del Catatumbo colombiano
Los procesos de organización social y comunitaria tienen un antecedente remoto en la constitución (años 30) de sindicatos ligados a la industria petrolera que se implantó allí desde principios del siglo XX, fruto de las concesiones otorgadas al general conservador Virgilio Barco por la hegemonía conservadora, luego de la derrota de los liberales en la Guerra de los Mil días. El Sindicato de trabajadores del Catatumbo SIDELCA es un reflejo de esta tradición obrera en la región.
Con posterioridad, después de la adopción de la Ley 19 de 1958, expedida por el gobierno liberal de Alberto Lleras y bajo la influencia de Orlando Fals Borda, se organizan las Juntas de Acción Comunal con amplio arraigo en municipios y veredas en los años 60 cuando la población era reducida. En el Catatumbo hay tres asociaciones de juntas comunales, ASOJUNTAS, cobijadas por la Confederación Comunal que lidera Guillermo Cardona. Al lado de las juntas comunales se organizan las Tiendas comunitarias y la Asociación de tenderos. Igualmente se desarrolla un amplio sector asociativo con importantes cooperativas como Coomultar, Coomulsan y otras con amplio arraigo social.
En las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI surgen distintas organizaciones como Asociaciones de vivienda, la Anuc, Comunidades eclesiales de base, Asociaciones de trapiches paneleros, de Molinos de Arroz, procesadores de yuca, Sindicato de Madres comunitarias, Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Bari, Asociaciones de víctimas y desplazados por la violencia, organizaciones de derechos humanos, sindicato de educadores (ASINOR), Veedurías ciudadanas y asociaciones de Personeros. También existen asociaciones empresariales, de pequeña y mediana empresa como los palmeros, ganaderos, las empresas petroleras y carboneras, el comercio y las redes financieras de bancos y cooperativas financieras.
En este proceso de organización hay que resaltar el papel de la Diócesis del Catatumbo, representada hoy por Monseñor Israel Bravo Cortes (2021) y el papel contradictorio de órdenes religiosas como los Capuchinos y las monjas misioneras consolatas. Hay que registrar los procesos de organización política regional relacionados con los procesos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Farc, la adopción de la elección popular de alcaldes y la Constituyente de 1991. Varias son las organizaciones de este nivel como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular.
Los movimientos y procesos sociales constitutivos de la regionalidad y de las subalternidades del Catatumbo y la cuenca del Rio Catatumbo surgen con la constitución de diversas subjetividades sociopolíticas. Ello se materializó en un movimiento social que ha registrado varios episodios de huelgas, bloqueos y paros comunitarios como el Paro del Nororiente de junio de 1987, el paro campesino del 2013 y las movilizaciones sociales del 2016, con amplio impacto regional y nacional.
En estas movilizaciones sociales han jugado un papel clave la Coordinadora Popular del Nororiente, Ascamcat (2005), el Cisca (2004), el Movimiento por la Constituyente Popular y la Cumbre Agraria, Campesina, étnica y popular. En años recientes (2019) se organizó Asuncat (Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo), relacionada con los procesos de paz, la implementación de los Acuerdos con las Farc (2016) y la configuración de las denominadas disidencias del Frente 33. Existe también una Zona de Reserva Campesina impulsada por Ascamcat que ha presentado conflictos con las zonas de reserva forestal defendidas por los indígenas Bari. Hay dos Guardias Campesinas (ver Anexo 1).
Conclusión
Es indudable que la región del Catatumbo colombiano es de una alta complejidad y diversidad económica, social, política y ambiental, tanto por su ubicación geográfica (frontera) como por su historia de conflictos étnicos y sociales como por la persistencia del conflicto armado.
Dicha complejidad será un reto mayor para la política de “paz total” pero, a la vez, ofrece una serie de condiciones especiales para que el concepto y la práctica de “paz territorial” que vienen construyendo las comunidades organizadas en Colombia, tenga un terreno de realización efectiva y plena.
Por ello, como conclusión central hay que reiterar la idea de que serán las poblaciones, sociedades y comunidades de los 11 municipios del Catatumbo las que tendrán que ser las protagonistas para lograr un proceso de reconciliación que debe ir más allá de “acabar la guerra” y que debe tener como meta principal la construcción de nuevas relaciones entre las gentes de la región y entre ellas y la rica naturaleza de ese territorio.
Lo anterior requiere una gran imaginación y creatividad que deberá surgir de un proceso de amplia participación de todos los sectores sociales que habitan el Catatumbo, sin perder de vista los territorios vecinos (entre ellos Venezuela) que de una u otra manera influyen en la vida de esa región del nororiente colombiano.
Referencias bibliográficas
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Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander.
Centro de Memoria Histórica (2018). “Catatumbo: memorias de vida y dignidad
Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo.
Congreso de la República (2023). Del capitolio al territorio. Informe Preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Catatumbo.
DANE, REDATAM-SP (2019). Censo Ampliado
Fundación Cultura Democrática y la Fundación Progresar (2005). Paz, te han vestido de negro. Estudio sobre los Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander
Fundación Ideas para la Paz (2023). El proyecto “Estado Mayor Central”: un intento de unificación disidente.
Fundación Paz y Reconciliación PARES (2022). Entre la espada y la pared: conflicto y coca en el Catatumbo.
Javier Osuna (2015). Me hablarás del fuego. Los hornos de la infamia.
Human Rigths Wacht (2019). La guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020.
OCHA Colombia: Situación Humanitaria, Enero 2018 – Marzo 2019
Planes de Desarrollo de los 11 municipios 2019-2023
Unal Periódico (2023). La paz total: una visión desde los liderazgos sociales.
Verdad Abierta (2018). La nueva guerra que se desató en el Catatumbo.
Anexo 1
Organizaciones sociales y comunitarias de la Región del Catatumbo.
Organización social y comunitaria. | Tipo de organización. | Antecedentes sociales e históricos. | Área de influencia. |
| Es una organización campesina con amplio arraigo en el territorio. En sus convocatorias de movilización ha logrado reunir hasta diez mil campesinos. Esta Asociación juega un papel mucho más mediático que las otras organizaciones del Catatumbo. Tienen sus propios medios de comunicación, lo que genera mayor visibilidad de sus dirigentes. | Fundada en el segundo semestre del 2005, fue actor central y protagónico de las movilizaciones campesinas del 2013. Esta vinculada con el partido Comunes creado por los reincorporados de las Farc. | Su área de influencia es el territorio de los municipios de Convención, Teorama, el Tarra y el Carmen. |
| Organización campesina de reciente constitución con líderes que se separaron de Ascamcat. | Fundada en el año 2019; la vinculan con el EMC. | Su área de influencia es Tibú, el Tarra, Abrego, Teorama, Ocaña y en los municipios venezolanos fronterizos. |
| Hay dos guardias campesinas. Una ligada a Ascamcat y otra a Asuncat; están integradas por campesinos de la región del Catatumbo. | La Guardia Campesina de Ascamcat fue creada en el año 2014. La de Asuncat en el 2020 y esta relacionadas con las Guardias campesinas promovidas por el EMC | El área de influencia de la Zona de Reserva Campesina son los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú. |
| Esta organización social está ligada al Poder de Unidad Popular (PUP) y se le relación con el ELN. | El Cisca fue fundado en el año 2004, sus raíces se remontan a la década del setenta. Sus bases son las juntas de Acción Comunal y las asociaciones de Juntas, propendiendo por su fortalecimiento para que exijan y gestionen ante el Estado. | |
| La Zona de Reserva Campesina es una organización agraria institucional, que comprende casi 400 mil hectáreas. | Fundada en el año 2012 en los términos de la Ley 160 de 1994. | El área de influencia de la Zona de Reserva Campesina son los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú. |
| Integrada por 3.100 indígenas, agrupados en 25 comunidades y dos resguardos: Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. | Se trata de una comunidad binacional. | Ubicados en el norte de los municipios de Teorama, el Tarra, el Carmen y Tibú, en zona fronteriza Venezuela. |
| Organización de índole popular, social y político. Participa de la Cumbre Agraria a través de la Asociación Nacional Campesina-Asonalcam. El MCP se plantea constituir constituyentes populares proponiendo que las comunidades tengan procesos autónomos a través de asambleas donde decidan su propio destino. El Movimiento por la Constituyente Popular se le relaciona con reductos del EPL del Catatumbo. | Tiene injerencia en municipios como Hacarí y La Playa de Belén. | |
| Movimiento social y comunitario con amplia aceptación. | Creadas desde 1960 | Tiene presencia en todos los municipios del Catatumbo. |
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| Aunque su sede es Cúcuta, tiene influencia en los municipios del Catatumbo. Su principal líder es Rafael Jaimes Figueroa, quien organiza periódicamente un Congreso fronterizo de Derechos Humanos. | ||
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Asesor OACP.
Marzo del 2024
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