La provincia tiene una historia de saqueo extractivista y contaminación ambiental que se inició con la dictadura genocida en 1976. Hoy, a 50 años del golpe genocida, el gobierno nacional y provincial impulsan nuevamente la megaminería de uranio en Chubut. Luchar por los 30.000 hoy es unir la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy a la lucha ambiental en defensa de los bienes comunes naturales con la pelea contra la reforma laboral de Milei, los gobernadores y el FMI.
La extracción de uranio que impulsa el gobernador Ignacio Torres no es una iniciativa nueva. La provincia tiene historia de saqueo extractivista que se inició con la dictadura genocida en 1976.
Ignacio Torres, el gobernador de Chubut que habla con entusiasmo sobre la extracción de uranio y aprobó recientemente la exploración del proyecto Laguna Salada cerca de la localidad de Las Plumas retoma con esta iniciativa lo que impulsó la última dictadura militar argentina (1976-1983) en la provincia con el proyecto Los Adobes.
La dictadura genocida sentó las bases del modelo extractivista actual, priorizando la primarización de la economía, el endeudamiento externo y la apertura a capitales multinacionales. Este plan, que continúo Menem en los ’90 y que quiere profundizar Milei, intentó desmantelar la industria nacional, concentrar la propiedad de la tierra y sentar precedentes legales, como el «Plan Houston» para hidrocarburos, que iniciaron el saqueo de los bienes comunes naturales y profundizaron la dependencia financiera.
Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), bajo la dirección del vicealmirante Carlos Castro Madero en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se impulsó un ambicioso plan nuclear que incluía la búsqueda y explotación de uranio en Chubut, dejando un legado de pasivos ambientales. Este proyecto formaba parte del ciclo atómico nacional, enfocándose en la soberanía energética, pero con escasos controles ambientales, dejando toneladas de desechos radioactivos. Casi cincuenta años después queda un 70% de la radioactividad original en la zona y hasta el día de hoy en Cerro Cóndor los habitantes padecen enfermedades extrañas y nunca recibieron explicaciones al respecto.
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La minería del uranio en Chubut
El uranio de Chubut se extrajo en los primeros años de la dictadura militar de los yacimientos Los Adobes (1977-1978), a 40 kilómetros de Paso de Indios y Cerro Cóndor (1978-1979), utilizándose el proceso de lixiviación de mineral en pilas. Ambos ubicados en plena meseta patagónica y próximos entre sí. La posterior concentración de óxido de uranio se hizo en la planta denominada Pichiñán, ubicada a 40 kilómetros de Los Adobes y a escasos 500 metros del río Chubut. El complejo lleva el apellido Pichiñán, de la comunidad mapuche que habita el lugar.
El diario El Día publicó la noticia de que el propio general genocida Jorge Videla inauguró la primera planta de concentración de uranio el 5 de agosto de 1977.
Estos trabajos permitieron a la Comisión Nacional de Energía Atómica extraer 120 toneladas de uranio destinado a abastecer a la entonces flamante central de energía Atucha. El 80% del mineral provenía de los Adobes y el 20% restante de Cerro Cóndor.
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El nuevo Plan Nuclear Argentino que impulsan el presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres quiere reabrir la explotación de uranio en Chubut
La minería de uranio que se inició con la dictadura genocida en la provincia implica procesos químicos como la lixiviación in situ o minas a cielo abierto, lo que genera riesgos de contaminación en suelo, aire y agua, especialmente cerca del río Chubut.
La dictadura genocida que llevó adelante el golpe el 24 de marzo de 1976 quiso imponer a sangre y fuego un ataque que disciplinara a la insurgencia obrera que había en el país y aumentara la explotación de la clase trabajadora para maximizar las ganancias de la clases dominantes nativas y extranjeras, aumentando la subordinación al imperialismo yanqui y a su vez, reformatear la estructura económica de Argentina, abriendo paso a una ofensiva extractivista, con una primarización de la economía, haciéndola más dependiente de las exportaciones de los commoditties provenientes del agro, la ganadería, el petróleo y en perspectiva la minería.
Esta orientación permitió el surgimiento o afianzamiento (según el caso) de una élite de grupos económicos locales diversificados –Macri, Pérez Companc, Bemberg, Astra, Bulgheroni, Arcor, Roggio, Techint, Bunge & Born, Fortabath, Braun Menéndez, Soldati, Garovaglio y Zorraquín– que se expandió bajo la protección estatal en sectores como las finanzas (bancos, seguros), la especulación inmobiliaria, la infraestructura y el transporte, la industria (electrónica, automotriz, petroquímica) y la actividad primario-extractiva (agropecuaria, hidrocarburífera, minera, pesquera y forestal), ejerciendo un papel protagónico en la economía que, lejos de disminuir con el paso del tiempo, iría acentuándose hasta llegar a nuestros días.
Este genocidio de clase, que parafraseando a Karl Marx en El Capital, se impuso “chorreando sangre y barro por todos los poros”, se continuó desde 1983 a la fecha. El resultado abrió paso a una ofensiva extractivista que pegó un nuevo salto en los 90 con Menen, luego con los Kirchner desde 2003 a 2015 y ahora con Milei con el RIGI y la ley Bases quieren terminar de poner los bienes comunes naturales en remate de las multinacionales imperialistas.
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Asi vemos como los mismos integrantes del capital extranjero –Chase Manhattan Bank, Renault, Ericsson, National Lead– y doméstico –Bulgheroni, Bunge & Born, Braun, Acindar, Garovaglio y Zorraquín, Astra– hoy festejan la reforma laboral y se disputan el saqueo de los territorios, y del agua, como vemos con el intento de modificación de la ley de glaciares.
Por eso, para seguir luchando por los 30.000 es necesario unir la lucha ambiental en defensa de los bienes comunes naturales con la pelea contra la reforma laboral de Milei, los gobernadores y el FMI. Una manera de frenar el saqueo, la devastación ambiental y romper las cadenas que nos atan al FMI y al imperialismo.


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