Derechos humanos. Kast avanza con indultos a represores del estallido: militar condenado por matar a Romario Veloz podría ser el primero
El gobierno evalúa otorgar indultos a uniformados condenados por crímenes cometidos durante la represión del estallido social. Entre los posibles beneficiados aparece el militar condenado por la muerte de Romario Veloz y también el excarabinero responsable de dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai.
El gobierno del presidente José Antonio Kast continúa avanzando en su anuncio de utilizar la facultad presidencial de indulto para beneficiar a uniformados condenados por delitos cometidos durante el Estallido social de Chile de 2019.
Entre los casos que se evalúan aparece el del capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de prisión por la muerte del joven ecuatoriano Romario Wladimir Veloz Cortés ocurrida el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.
El oficial castrense ordenó a sus subordinados disparar municiones reales contra manifestantes que intentaron ingresar al mall. Según informaciones difundidas en la prensa, el militar podría convertirse en el primer beneficiado por la política de indultos impulsada por el Ejecutivo.
Pero no es el único caso que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Desde el propio gobierno también se ha señalado que no se descarta evaluar un eventual indulto para el excarabinero condenado por el ataque contra la actual senadora Fabiola Campillai.
Campillai fue gravemente herida en noviembre de 2019 cuando el entonces capitán de Carabineros de Chile, Patricio Maturana, disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en su rostro, dejándola ciega y con graves secuelas físicas.
El anuncio de estos posibles indultos ha generado una fuerte controversia política y social, ya que implicaría beneficiar a agentes del Estado condenados por violaciones graves cometidas durante la represión del estallido. Para organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, estas medidas apuntan a instalar impunidad frente a crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado.
A más de seis años de las protestas que sacudieron al país, numerosas víctimas continúan exigiendo verdad, justicia y reparación. Sin embargo, la posibilidad de que el gobierno indulte a responsables de estos hechos vuelve a tensionar el escenario político y reabre el debate sobre las responsabilidades del Estado en la represión de 2019.
Frente a estos intentos de relativizar o borrar las responsabilidades por la represión, se vuelve más urgente que nunca retomar la organización desde abajo. Es necesario fortalecer la organización en los lugares de trabajo, estudio y en los territorios; impulsar sindicatos combativos, centros de estudiantes y organismos de lucha independientes que permitan enfrentar los ataques contra las y los trabajadores y el pueblo.
No se puede esperar pasivamente a que avancen las medidas del gobierno ni a que la extrema derecha siga ganando terreno. Solo la movilización y la organización desde abajo pueden frenar estos intentos de imponer impunidad.
Debemos retomar la organización en los lugares de trabajo, estudio y territorios, fortalecer los sindicatos, centros de estudiantes y organismos de lucha, sin esperar a que pasen los ataques ni del gobierno ni de la extrema derecha, que sólo los envalentonará más.
¡Los ataques de la extrema derecha no pasarán!
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