Campamentos. Uno de cada cuatro niños no recibe alimentación escolar
El estudio de la Fundación Recrea arrojó un dato muy grave: El 24,8% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que residen en campamentos, no recibe alimentación en sus establecimientos educacionales. La desigualdad y la pobreza, empujan al hambre a muchas de las infancias. A esto se le suma la crisis habitacional, que empuja a miles de familias a vivir en la informalidad, donde la respuesta de los diversos gobiernos ha sido la represión, las políticas de desalojo como la ley anti tomas, y que mantienen la criminalización de la pobreza como una política de Estado.
Los datos del “Estudio de la niñez en campamentos: contexto de desigualdad para el ejercicio efectivo de derechos”, reflejan un problema que lleva décadas en el país, y que con el correr del tiempo se ha seguido profundizando. Según la investigación, el 55,5% de los hogares en estos asentamientos declaró haber tenido problemas económicos que le imposibilitaron la compra de alimentos durante el 2025.
A pesar de esta realidad, las políticas neoliberales en torno a la alimentación, dejan a los más vulnerables a la deriva, donde casi un 25% de los niños, niñas y adolescentes escolarizados que viven en campamentos, quedan por fuera del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Esto ocurre pese a que el 85% de las familias que viven en campamentos, se encuentran en el 40% de los sectores más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). Es decir, sabiendo de la situación de pobreza que se vive a diario en los campamentos, los “criterios de vulnerabilidad” de las escuelas, niegan la entrega de algo tan básico como un plato de comida, sin el cual es imposible el desarrollo pedagógico de un niño.
Este es solo una de las variantes a la que se ven arrojadas las infancias, dado que los problemas son múltiples, donde un 73% de los campamentos presenta un nivel de complejidad alta o extrema en términos de seguridad. Las familias de la clase trabajadora se ven obligadas a vivir en espacios con deficiencias críticas en el acceso al agua potable, electricidad y saneamiento básico.
La represión y el hambre como respuesta
Lejos de presentar un plan que busque resolver estas problemáticas como la falta de alcantarillado, sin electricidad, ni comida en las escuelas, el Estado mantiene una política de criminalización constante.
Mientras los dueños de inmobiliarias y los bancos, hacen del derecho a la vivienda un negocio especulando con el valor del suelo, el Estado ocupa las fuerzas represivas para echar a la calle a las y los pobladores. El caso del mega campamento en San Antonio es un ejemplo de esto, donde miles de familia que viven sobre terrenos ociosos, se ven enfrentadas a la politica de desalojo forzado, donde envian maquinaria pesada, Carabineros, que dejan en la intemperie a esos mismos niños que no reciben alimentación.
Una de las leyes aprobadas, como lo es la ley de usurpaciones, o más conocida como Ley Antitomas, no resuelven el problema, sino que lo profundizan.
Por un programa de alimentación universal en las escuelas bajo gestión de la comunidad educativa
Es inadmisible que exista hambre en los establecimientos educacionales, el Programa de Alimentación Escolar debe ser universal, gratuito y de calidad, y que permita asegurar que cada infancia reciba la alimentación necesaria para cualquier actividad educativa.
Por otro lado, el Estado en Chile, no cocina ni distribuye los alimentos de forma directa, sino que se basa en los consorcios y multinacionales de la alimentación, que solo ven el hambre infantil como un negocio. De hecho la concentración del mercado recae en grandes empresas como Consorcio Merkén del grupo Fedir Chile, Soser y multinacionales como Sodexo. Estas empresas tienen múltiples denuncias por la calidad de su comida, denunciada por apoderados, apoderadas, trabajadores de la educación y estudiantes. Además de estar vinculadas a diversos casos de corrupción denunciados tanto nacional como internacionalmente.
A esto se le suma la precarización de las manipuladoras de alimentos, que constantemente denuncian la falta de ingredientes, donde muchas veces deben salir de sus bolsillos para poder responder a las necesidades que existen en los establecimientos.
La necesidad de un sistema estatal de la alimentación, administrado de forma democrática por quienes realmente saben de esto, como las manipuladoras de alimentos, comités de apoderados, nutricionistas, trabajadores de la educación, es clave para acabar con el negocio de las concesionarias.
La lucha por el acceso a la vivienda, y el derecho a la alimentación, deben ir de la mano y deben ser tomadas por todos los integrantes de la comunidad educativa. Las topadoras, el desalojo y el hambre, deben enfrentarse con la unidad y la organización de las y los trabajadores, estudiantes y pobladores. La vida de las infancias valen mucho más que las ganancias empresariales.
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