domingo, 6 de julio de 2025

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Suspendido el desalojo en Vallcarca (Barcelona): el barrio se ha convertido en un foco de resistencia popular frente a las políticas del PSC

En el barrio barcelonés de Vallcarca, las movilizaciones de las vecinas y activistas han detenido momentáneamente un desalojo previsto por el Ayuntamiento de Barcelona. Bajo el paraguas del proyecto de transformación urbanística conocido como «rambla verda», se habían comunicado órdenes administrativas para desalojar tres inmuebles municipales ocupados por decenas de personas, entre las que se encontraban al menos una docena de menores.

El desalojo tenía previsto realizarse el 2 de julio de 2025, pero fue suspendido tras presentar medidas cautelares ante el juzgado contencioso-administrativo .

Para justificar el desalojo el Ayuntamiento argumentó que los edificios se encontraban en una situación de infra-vivienda, con problemas de salubridad y seguridad, y que su demolición permitiría abrir paso a un nuevo parque y futuras viviendas, tanto públicas como privadas, dentro del proyecto de la «Rambla Verda», afirmando que la reubicación de las familias afectadas está siendo evaluada por los Servicios Sociales.

Si embargo, unos 500 vecinos se concentraron en la zona en protesta, denunciando que la medida responde a un plan urbanístico pensado en “intereses económicosLa asociación vecinal Som Barri criticó al PSC por ejercer “chantaje político” y priorizar la especulación sobre el bienestar de las familias, acusándolos de un sesgo «racista» al tratar de expulsar a residentes vulnerables con promesas de reurbanización.

Como parte de la protesta, decenas de vecinos ocuparon temporalmente la sede del PSC en la calle Consell de Cent, en pleno centro de Barcelona. Reclamaban además la suspensión de los desalojos y la convocatoria de un diálogo con el alcalde Jaume Collboni.

El hecho de que el desalojo del 2 de julio haya sido suspendido supone una primera victoria para el vecindario. En ese sentido activistas y vecinos critican las excusas técnicas y exigen un plan urbanístico debatido y participativo, que garantice realojos dignos.

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