Mineria. ¿Quién decide sobre nuestras vidas? La seguridad laboral no puede quedar en manos de las patronales
Frente a los accidentes y muertes de trabajadores en la minería y otras industrias, necesitamos abrir una discusión que vaya más allá de los procedimientos y las fiscalizaciones. ¿Quién controla realmente las condiciones de trabajo? ¿Podemos seguir delegando nuestra salud y seguridad en quienes dirigen la producción?
Martín LópezTrabajador del Litio
Jueves 22 de octubre 00:45
Cada vez que un trabajador muere o sufre un accidente grave, vuelven a escucharse las mismas palabras: investigación, protocolos, fiscalización y reforzamiento de la cultura preventiva. Sin embargo, mientras estas medidas se anuncian, los trabajadores continuamos enfrentándonos diariamente a condiciones laborales que no siempre podemos decidir ni modificar.
En la minería conocemos bien esta realidad. Charlas de seguridad, procedimientos de trabajo, evaluaciones de riesgos, permisos y controles forman parte de nuestra jornada. Muchas de estas herramientas son necesarias y pueden prevenir accidentes. Pero surge una contradicción y una pregunta, ¿de qué sirve identificar los peligros si las decisiones fundamentales sobre cómo se organiza el trabajo siguen estando en manos de las empresas?
Las dotaciones, los ritmos productivos, las jornadas, las mantenciones y la distribución de las tareas no son decisiones neutrales, influyen directamente en nuestra salud y seguridad. Cuando las exigencias de producción entran en contradicción con las condiciones necesarias para trabajar de forma segura, aparece una pregunta fundamental, ¿quién tiene el poder para resolver esa contradicción?
Los límites de la prevención de riesgos actual
En Chile existe un sistema de seguridad y salud laboral regulado por la Ley 16.744 y otras disposiciones. El Decreto Supremo N.º 44, vigente desde febrero de 2025, establece obligaciones preventivas, mecanismos de participación y herramientas como los comités paritarios y los mapas de riesgos. También existen mutualidades, departamentos de prevención y organismos estatales encargados de fiscalizar el cumplimiento de la legislación.
No se trata de desconocer estos instrumentos ni los derechos conquistados por los trabajadores. El problema es que la participación dentro del sistema de prevención no equivale necesariamente a tener poder sobre la organización del trabajo.
La prevención empresarial suele desarrollarse dentro de un proceso productivo cuyas principales decisiones ya han sido tomadas por la dirección de la empresa. Los trabajadores podemos ser consultados, informar condiciones peligrosas y participar en instancias preventivas, pero eso no significa que controlemos las metas de producción, las dotaciones o las decisiones de inversión que influyen sobre esos mismos riesgos.
Esta contradicción también aparece cuando los accidentes se explican principalmente por las conductas individuales, el incumplimiento de procedimientos o el llamado error humano, sin investigar suficientemente las condiciones organizativas que hicieron posible el daño.
Desde una perspectiva de clase, el problema no es simplemente si existen más o menos medidas preventivas, sino quién determina las condiciones de producción y qué intereses prevalecen cuando la seguridad entra en conflicto con la rentabilidad.
La salud no se vende, tampoco se delega
Durante las grandes luchas obreras italianas de los años sesenta y setenta surgió una experiencia que cuestionó profundamente la manera tradicional de abordar la salud laboral: el Modelo Obrero Italiano.
Desarrollado a partir de las luchas de trabajadores industriales y del trabajo conjunto con especialistas como Ivar Oddone, este modelo planteó dos principios fundamentales: la salud no se vende y la salud no se delega.
El primero rechazaba la idea de aceptar como inevitables las enfermedades y los daños laborales a cambio de compensaciones económicas. El segundo cuestionaba que la salud quedara exclusivamente bajo la autoridad de empresarios, médicos o técnicos.
Su propuesta era que los propios trabajadores, organizados colectivamente, investigaran sus condiciones laborales, identificaran los peligros, elaboraran mapas de riesgos y construyeran exigencias para transformar la organización del trabajo.
Estas ideas tuvieron expresión también en Argentina, en los astilleros ASTARSA durante los años setenta y, décadas después, en la experiencia de los ceramistas de Zanón, quienes conquistaron una comisión obrera de seguridad e higiene tras la muerte de Daniel Ferrás.
Lo más importante de estas experiencias no fue solamente la participación de los trabajadores, sino que comenzaron a disputar la autoridad patronal sobre las condiciones en que se realizaba la producción.
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De participar en la prevención a controlar las condiciones de trabajo
Aquí aparece una diferencia central. Mientras la prevención organizada por la empresa parte de una estructura donde la patronal conserva la dirección de la producción, el control obrero de la salud, la seguridad y la higiene, busca que quienes realizamos el trabajo tengamos capacidad colectiva y efectiva para investigar, cuestionar e intervenir sobre esas decisiones.
No significa rechazar la ciencia, desconocer a los especialistas o sustituir los conocimientos técnicos por opiniones individuales. Por el contrario, significa poner esos conocimientos al servicio de los trabajadores, combinándolos con nuestra experiencia cotidiana y sometiendo las condiciones laborales a la discusión colectiva.
¿Por qué no avanzar hacia comisiones independientes de seguridad e higiene, integradas por trabajadores de planta y contratistas, con delegados elegidos democráticamente en asambleas y revocables por sus compañeros?
Comisiones con acceso a información técnica, registros de accidentes e incidentes, programas de mantención y evaluaciones de riesgos; que puedan apoyarse en especialistas independientes de la patronal y elaborar sus propios diagnósticos y exigencias. Que tengan capacidad efectiva para cuestionar ritmos de producción, dotaciones insuficientes y condiciones peligrosas.
En Chile, el artículo 184 bis del Código del Trabajo reconoce el derecho a interrumpir las labores ante riesgos graves e inminentes, bajo las condiciones establecidas por la ley. Pero sabemos que entre tener un derecho escrito y poder ejercerlo libremente existe una gran distancia.
En muchos lugares de trabajo existen mecanismos como la tarjeta roja, el derecho a levantar la mano o a detener una tarea insegura. Sin embargo, ejercerlos puede significar enfrentar presiones de las jefaturas, temor a represalias o quedar señalado como un trabajador conflictivo. Cuando denunciar un peligro depende de la decisión individual de un trabajador frente a la autoridad patronal, incluso un derecho legalmente reconocido puede resultar difícil de ejercer.Por eso la organización colectiva es fundamental, ningún trabajador debería tener que enfrentar solo las presiones de una empresa por defender su vida o la de sus compañeros.
Esto tampoco significa liberar a las empresas de sus responsabilidades ni renunciar a exigir fiscalización y sanciones al Estado, esas obligaciones deben cumplirse. Pero el control obrero representa algo superior, ya que no se limita a esperar que las instituciones o las patronales actúen, sino que busca que los propios trabajadores tengamos poder efectivo para intervenir sobre las condiciones que ponen en peligro nuestras vidas.
Nuestra vida vale más que sus ganancias
Cada accidente grave debería abrir una discusión colectiva sobre las condiciones que lo hicieron posible, las responsabilidades involucradas y las medidas necesarias para impedir que vuelva a ocurrir. Pero no podemos esperar a que otro compañero pierda la vida para comenzar a organizarnos.
Es necesario que los grandes sindicatos mineros, las federaciones y confederaciones de trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no se limiten a declaraciones de preocupación o condolencias frente a cada nueva muerte. Necesitamos que impulsen asambleas en los lugares de trabajo y un verdadero plan de lucha, que coordine a trabajadores de planta y contratistas para conquistar comisiones obreras independientes de higiene y seguridad, elegidas democráticamente por las bases, con atribuciones reales para intervenir sobre las condiciones laborales.
Recuperar la experiencia histórica del movimiento obrero nos permite cuestionar la idea de que la seguridad es solamente un asunto técnico, reservado a especialistas y administradores. Es también una cuestión profundamente política, quién manda, quién decide y quién soporta las consecuencias de esas decisiones.
No basta con ser escuchados cuando advertimos un peligro. Necesitamos organizarnos para tener el poder de transformar las condiciones que lo producen.
Porque nuestra salud no se vende, nuestra vida no es un costo de producción y nuestra seguridad no puede seguir siendo una decisión ajena a quienes diariamente ponemos el cuerpo para producir la riqueza.
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