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[Reportaje] Décadas de espera: cuando el recurso humanitario llega tarde
Pese a años de arraigo y aporte a su comunidad, la familia Muñoz Chaves afronta una orden de salida inminente de Canadá. Su caso, como tantos otros, refleja la crisis del recurso de residencia permanente por motivos humanitarios: una vía legal que no suspende las deportaciones y cuyos tiempos de espera se pueden traducir en más de cuatro décadas en Quebec.
De izquierda a derecha: Camilo y Juliana Chaves, Yina Muñoz y David Chaves, familia de origen colombiano que, de no haber un recurso extraordinario de último minuto, deberá abandonar Canadá el 31 de diciembre de 2026.
FOTO: CORTESÍA / YINA MUÑOZ
Con los pasajes de avión comprados para el 31 de diciembre de 2026, Yina Muñoz, su esposo, David Chaves, y sus dos hijos, Juliana y Camilo, cuentan los días que les quedan en Canadá, en su casa en Greenfield Park, un barrio de la Ribera Sur de Montreal. A menos que un recurso de última hora lo impida, tendrán que abandonar el país, pero no por voluntad propia, sino por una orden de salida emitida por las autoridades migratorias canadienses.
Esta familia llegó a Montreal en octubre de 2019 huyendo de Bogotá, Colombia. Muñoz, contadora pública con experiencia en auditorías en el sector público, contó a RCI que tuvo que salir de su país natal con pocas pruebas luego de destapar una red de corrupción en obras de infraestructura vial que derivó en amenazas de muerte en su contra.
Tras años de incertidumbre y el rechazo de su solicitud de asilo, la familia presentó en mayo de 2024 una petición de residencia permanente por motivos humanitarios.
Sin embargo, en octubre de 2026, los cuatro miembros de la familia recibieron una respuesta negativa a un recurso al que también aplicaron: el Examen de Riesgo Previo a la Remoción (comúnmente conocido como ERAR por sus siglas en francés), acompañada de una orden gubernamental de salir del territorio canadiense antes de finalizar el año.
Pese a que el recurso humanitario busca evaluar el arraigo, la integración y el aporte a la sociedad de acogida de los solicitantes, la legislación migratoria canadiense establece que la solicitud no suspende una orden de salida del país.
Ante esta situación, la familia Muñoz Chaves decidió acatar la orden para no cerrar las puertas a un eventual regreso a Canadá, pero la angustia ante la partida les resulta abrumadora.
Usted no sabe lo tenaz que es vivir sin ningún estatus aquí. Uno no es nadie en este momento. No somos nadie. No somos de aquí, no somos de allá. Eso es durísimo.
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Décadas de espera para una respuesta
¿Por qué tantas familias recurren al recurso humanitario para permanecer en Canadá? El abogado Yves Martineau, copresidente de la Asociación Quebequense de Abogados y Abogadas en Derecho de Inmigración (AQAADI), explicó que esta medida se fundamenta en el artículo 25, párrafo 1, de la Ley sobre la Inmigración y la Protección de los Refugiados de Canadá.
"El proceso humanitario es una opción de último recurso", señaló Martineau en entrevista con RCI.
Es una disposición abierta para evaluar a personas en incumplimiento de la ley o con prohibición de territorio, considerando factores como la integración social y laboral, las condiciones adversas en el país de origen y, de manera prioritaria, el interés superior de los niños directamente afectados.
El trámite se estructura formalmente en dos fases. En la primera etapa, las autoridades evalúan si el expediente reúne los méritos humanitarios suficientes. Si la respuesta es favorable, se otorga una aprobación preliminar que permite al solicitante tramitar un permiso de trabajo e instalarse en una relativa estabilidad jurídica mientras se procesa la segunda fase, correspondiente al otorgamiento de la residencia permanente.
No obstante, la brecha entre la norma legal y la gestión administrativa se ha ampliado drásticamente.
Hace tres años, el tiempo promedio de tramitación de este recurso rondaba los 48 meses. En la actualidad, el sitio oficial del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía advierte que la espera supera los 10 años, una cifra que, según los análisis cuantitativos de la AQAADI, queda corta frente a la realidad de los inventarios acumulados.
En Quebec, la planificación migratoria plurianual fijaba una meta general de 45.000 admisiones anuales, que podría ser reducida por el nuevo gobierno del Partido Quebequense a 35.000. Dentro de esa cifra, la categoría de "otros inmigrantes"— donde se agrupan los casos por razones humanitarias— cuenta con una cuota de 450 cupos al año.
En su sitio web, el gobierno canadiense informa que el tiempo estimado de espera en Quebec para los casos humanitarios y por compasión es "más de 10 años". También informa que hay unas 20.800 personas esperando una decisión.
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA / SITIO WEB DEL MINISTERIO DE INMIGRACIÓN, REFUGIADOS Y CIUDADANÍA DE CANADÁ
Con 20.800 solicitudes pendientes de evaluación en la provincia, los cálculos de Martineau revelan una situación compleja: "Si pusiéramos un domo encima de Quebec para que nadie más pudiera pedir este recurso, tomaría 46,2 años procesar los casos acumulados al ritmo actual de 450 cupos anuales", sentenció.
En el sitio web oficial también se muestra el tiempo de espera ("más de 10 años"), para los casos humanitarios y por compasión fuera de Quebec, mientras informa que hay unas 58.800 personas esperando por una decisión.
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA / SITIO WEB DEL MINISTERIO DE INMIGRACIÓN, REFUGIADOS Y CIUDADANÍA DE CANADÁ
El panorama fuera de Quebec no ofrece una alternativa más rápida. A nivel federal, existen aproximadamente 58.000 expedientes de recurso humanitario acumulados frente a una cuota de procesamiento de 1.100 casos por año.
"Si dividimos esas cifras, hablamos de casi 53 años de espera. El pasto no es más verde fuera de Quebec", agregó el jurista, aprovechando para reiterar la postura legal de la AQAADI ante los tribunales: el gobierno federal no debería restringir administrativamente las cuotas humanitarias en Quebec en función de los topes provinciales, al tratarse de una competencia de jurisdicción federal.
En un reportaje de Radio-Canada publicado en febrero de este año, el Ministerio de Inmigración federal explicó que resulta imposible mostrar un plazo más preciso, cuando los cálculos superan la década. Según la dependencia federal, una proyección superior a 10 años imposibilita prever los cambios que puedan registrarse en las políticas migratorias, las prioridades del gobierno o el contexto internacional a lo largo de las próximas décadas.
Las raíces que crecen en suelo canadiense
Más allá de las proyecciones cuantitativas sobre los plazos de espera, la acumulación de expedientes afecta a familias establecidas desde hace años en Quebec. El caso de la familia Chaves expone la brecha entre las metas de admisión fijadas por las autoridades de inmigración y la realidad de los solicitantes en proceso de regularización.
Juliana, la hija menor de Yina Muñoz y David Chaves, llegó a Canadá a los 11 años. Hoy tiene 18. Realizó toda su educación secundaria en francés dentro de un programa internacional y actualmente estudia Psicología en el College Dawson, con miras a especializarse en neuropsicología.
Aunque el gobierno canadiense le otorgó un permiso de estudio válido hasta agosto de 2027, la orden de salida la obliga a interrumpir su formación a solo un semestre de graduarse, habiendo pagado precios de estudiante internacional que suman 28.000 dólares canadienses, de acuerdo con lo que contó su madre, Yina Muñoz.
Para Juliana, el retorno a Colombia carece de referentes, señaló Muñoz, ya que en 2021 perdió a su mejor amiga de la infancia en un caso investigado como homicidio-suicidio a manos del padre de la niña, hecho que significó "perder el único vínculo afectivo" que mantenía en su país natal.
Ante la inminencia del plazo para salir de Canadá, Juliana impulsó una movilización ciudadana mediante una petición pública en la plataforma Change.org bajo el título "Deportación injusta", la cual ha reunido más de 5.300 firmas de respaldo.
En su llamado a la comunidad quebequense, la joven apela a la reconsideración del gobierno para suspender la medida de deportación o extender el plazo al menos hasta agosto de 2027, lo que le permitiría obtener su diploma de estudios colegiales (DEC) por el que su familia ha realizado un sacrificio financiero.
Deseo quedarme en Quebec más que nada; mis pertenencias y mi identidad están íntimamente ligadas a mi comunidad y a mi entorno.
La petición está respaldada por mensajes de compañeros, amigos y vecinos que destacan la integración francófona y el compromiso social de la familia.
Por su parte, los padres, Yina Muñoz y David Chaves, se han integrado profesionalmente en la provincia de Quebec.
Muñoz validó sus credenciales ante las agencias fiscales provincial y federal (Revenu Québec y Revenu Canada), estableció su propia firma con un centenar de clientes y organiza clínicas gratuitas de impuestos para apoyar a inmigrantes de bajos recursos, colaborando además con la Casa de la Mujer Inmigrante Latina.
Chaves trabajó como camionero durante los meses más severos de la pandemia de COVID-19 y actualmente se desempeña como supervisor de Recursos Humanos en una empresa de producción agrícola de la provincia, gestionando a más de 200 trabajadores temporales.
Camilo, el hijo mayor (29 años), ejerce como ingeniero en una mina de litio, considerada como una de las más grandes de Norteamérica.
Toda la familia se ha esforzado por aportar a este país. Juliana no tiene ningún vínculo allá; su vida social, sus estudios y sus sueños van a ser cortados nuevamente por razones ajenas a su voluntad.
Más allá de las cifras
Para el abogado Yves Martineau, el estancamiento de los expedientes humanitarios no responde a un accidente burocrático ni a un incremento exponencial de solicitantes.
"No es tanto el aumento de las personas [sino] una cuestión de políticas migratorias", aseveró Martineau cuando se le preguntó sobre las razones del aumento considerable en los tiempos de espera para una respuesta de la medida humanitaria.
El abogado Yves Martineau, copresidente de la Asociación Quebequense de Abogados y Abogadas en Derecho de Inmigración.
FOTO: RADIO-CANADA / CAPTURE D'ÉCRAN
En su opinión, algunas narrativas de conveniencia política y mediáticas han promovido una demonización de la población migrante como un recurso retórico frente a tensiones sociales y económicas que son estructurales.
"Si tenemos demasiadas personas en los hospitales o nos hace falta vivienda, [se le echa la culpa a] los inmigrantes. Los inmigrantes que no votan, que no van a ir a la Asamblea a protestar y que no afectan los resultados electorales", sostuvo Martineau.
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El jurista concluyó con una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones y la sociedad de acogida.
Cada familia que viene aquí son seres humanos antes que cualquier otra cosa. Tienen situaciones que deben ser consideradas por los lazos que han construido con la comunidad, con sus vecinos y con sus empleadores.
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