Injerencia imperialista. Bolivia: detienen al fiscal general que investigaba a Cerimedo
Luego del anuncio del gobierno estadounidense del veto migratorio para una docena de altos funcionarios del gobierno de Paz y la fiscalía, en horas de la mañana, en un irregular operativo policial fue detenido el fiscal general, Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y una veintena de personas acusadas de relaciones con el narcotráfico y la corrupción.
Viernes 2 de octubre Edición del día
En la reunión anual de la ONU, Trump defendió el robo de los recursos venezolanos con la colaboración de los restos del chavismo gobernante y amenazó a Cuba. Su administración anunció el veto migratorio contra funcionarios bolivianos y de otros países de la región que investigan o forman parte de escandalosos procesos por narcotráfico y corrupción que involucran, en este caso directamente al gobierno de Paz y a su entorno íntimo.
El retiro de las visas, además de formar parte de una política injerencista sobre el país, condicionan las investigaciones judiciales por el caso Cerimedo que podrían terminar con el gobierno de Rodrigo Paz. Como es conocido, luego de que Nadia Beller revelara audios, mensajes, fotos y un sinúmero de hechos que comprometen seriamente a la esposa del presidente, ministros y asesores por la estrecha relación con el lumpen libertario Cerimedo, el conjunto de la derecha continental está montando un operativo político para evitar que estas investigaciones terminen de hundir a Rodrigo Paz, Milei y a varios derechistas comprometidos por su asesor.
Una operación que comienza con la presión de Washington
El lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones o retiro de visas para funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Washington los acusó de corrupción, de obstaculizar investigaciones y, en el caso de Mariaca, de favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó las acusaciones y sostuvo que la medida constituía una forma de presión política y vulneración de la soberanía nacional.
Dos días después, durante la noche del miércoles 30 de septiembre, Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando llegaban desde Sucre. La detención se produjo en medio de un amplio despliegue policial y mientras Mariaca debía cumplir una agenda institucional en Santa Cruz. El operativo llamó inmediatamente la atención porque ambos fiscales acababan de ser señalados y sancionados por Washington.
Pero la intervención no terminó en Viru Viru. Casi simultáneamente, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde los funcionarios se preparaban para realizar una conferencia de prensa para denunciar la detención de Mariaca.
La escena es particularmente grave: mientras la Fiscalía intentaba denunciar públicamente lo que consideraba una detención irregular de su máxima autoridad, la Policía ingresó a sus oficinas, impidió el desarrollo normal de la conferencia y terminó arrestando a un aproximado de 20 funcionarios que se encontraban en el lugar. La propia transmisión institucional registró las denuncias de los trabajadores, que afirmaban desconocer las razones del operativo y reclamaban por la vulneración de la institucionalidad del Ministerio Público. La Policía también intervino la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y se allanó el domicilio de Mariaca.
Detenidos, acusaciones gravísimas y vulneración de derechos
En las horas siguientes, el Gobierno presentó oficialmente el operativo como una gran acción contra una supuesta estructura criminal enquistada en la Fiscalía y otras instituciones del Estado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien según fuentes extraoficiales también habría recibido la información del retiro de visas de EEUU, informó que son 14 las personas detenidas, entre ellas Mariaca y Zeballos, y acusó al exfiscal general de encabezar desde el Ministerio Público una organización criminal destinada a proteger e incentivar actividades vinculadas al narcotráfico. Las acusaciones incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Entre los detenidos se encuentra el exministro de gobierno y excandidato presidencial, Eduardo del Castillo.
Entre los detenidos aparecen también el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, además de otros funcionarios y personas que, según la versión gubernamental, estarían vinculados con una estructura de protección al narcotráfico.
El Gobierno afirmó asimismo que cuatro personas fueron detenidas cuando presuntamente intentaban retirar dinero de la vivienda de Mariaca (entre ellos los medios de prensa informan que se encuentra una persona menor de edad, de 13 años) y que otros seis funcionarios de la Fiscalía fueron aprehendidos cuando intentaban retirar documentación del inmueble. Según la información oficial, en la ambulancia utilizada para trasladar el dinero se encontraron Bs 3,5 millones y 10.000 dólares.
Las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, sin elementos de pruebas y para colmo sin derecho a la defensa. De esta manera, los funcionarios judiciales y de la fiscalía que fueron detenidos reciben una parte de la misma medicina que han estado brindando a los detenidos por las movilizaciones de mayo y junio a quienes también se les vienen vulnerando sus derechos.
Mariaca, de héroe a villano del poder
Nada de esto convierte a Roger Mariaca en una figura que las y los trabajadores deban defender. Mariaca es parte de un aparato judicial profundamente cuestionado y una fiscalía sospechada de “armar” casos en función de las necesidades políticas de los gobiernos de turno, además que sobre él pesan ahora acusaciones gravísimas que deben ser esclarecidas. Los vínculos que han sido denunciados entre funcionarios de la Fiscalía, policías y organizaciones vinculadas al narcotráfico deben investigarse hasta las últimas consecuencias.
Pero una cosa es exigir que se investigue la corrupción, el narcotráfico y las relaciones entre funcionarios estatales y organizaciones criminales, y otra muy distinta aceptar que sea Washington quien establezca quién puede o no investigar en Bolivia, volver a utilizar la visa estadounidense como condicionamiento de la vida política nacional como en los años 90 y qué autoridades deben ser perseguidas.
Estados Unidos no tiene ninguna autoridad sobre las instituciones bolivianas, lo que significa que el cumplimiento de sus amenazas es por la cobardía y complicidad del gobierno de Paz. Cobardía ante la obscena injerencia imperialista en la política y en las instituciones nacionales, pero complicidad ya que, al hacerlo, puede dirigir la investigación hacia un nuevo pozo ciego que garantice la continuidad de la corrupción y de un gobierno que no tiene legitimidad alguna para continuar.
Mientras el gobierno estadounidense secuestra y exige extradiciones de fiscales, presidentes y otros y los gobiernos cipayos de América Latina ceden, son décadas que Estados Unidos se niega a extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y otros responsables de masacres del 2003.
Un operativo para controlar el caso Cerimedo
Las investigaciones desarrolladas en Bolivia alrededor de Fernando Cerimedo han colocado bajo presión al gobierno de Rodrigo Paz y a su entorno. Las denuncias y materiales difundidos por Nadia Beller —audios, mensajes, fotografías y otros elementos— revelaron los vínculos entre Cerimedo y personas del círculo más próximo al presidente, pero también se han difundido imágenes donde estaría presente junto a Cerimedo, Donald Trump Jr. y Brad Parscale. Se abre una crisis política que excede ampliamente el terreno judicial y que toca a Milei en Argentina, el eventual fraude electoral en Honduras, el resultado del referéndum constituyente en Chile y de conjunto a toda la llamada Nueva Derecha continental.
En este contexto debe entenderse la enorme importancia que tiene para el gobierno de Paz controlar el rumbo de estas investigaciones, cubriendo al gobierno con nuevas investigaciones sobre narcotráfico y corrupción.
¡Fuera el imperialismo de Bolivia! ¡Por una comisión investigadora independiente formada por organizaciones obreras, campesinas y populares!
Con la política Donroe, Estados Unidos tiene una intervención política y militar cada vez mayor en América Latina, en Bolivia, dentro del contexto del estado excepción, han llegado grupos tácticos estadounidenses para adiestrar a las Fuerzas Armadas y policiales de Bolivia, mientras se firman nuevos acuerdos de cooperación en el marco del Escudo de las Américas. Para el gobierno de Trump, garantizar la seguridad hemisférica implica su “derecho” a la injerencia política y militar sobre los países del sur. Rodrigo Paz, al integrar al país a este escudo, lo que hace es actuar como un verdadero Felipillo en las relaciones con el imperialismo yanqui.
Mientras en Bolivia el Gobierno presenta las detenciones como una acción soberana contra una estructura criminal, desde Washington el secretario de Estado Marco Rubio salió inmediatamente a felicitar a Rodrigo Paz. Rubio afirmó que la administración Trump respalda firmemente al presidente boliviano y presentó las detenciones como una muestra del tipo de liderazgo que, según Washington, necesita la región para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, Paz no puede presentarse como defensor de la soberanía nacional mientras recibe felicitaciones de Washington por detener a funcionarios previamente sancionados por Estados Unidos.
Lo sucedido en la madrugada de este jueves representa una vuelta de tuerca más en la sumisión del país al imperialismo. Es casi un retorno a los años 90 cuando los candidatos presidenciales, para ser elegibles, se deshacían en muestras de subordinación y donde las tan mentadas visas ocupaban el lugar central de la política nacional. La presión imperialista, no es solo para proteger a sus amigos en el gobierno, ni para garantizar la continuidad de las redes legales e ilegales de la derecha libertaria latinoamericana, sino que tienen que ver con la afirmación de la presencia norteamericana en el país para avanzar en saqueo de los recursos naturales, la destrucción de bosques y bienes comunes naturales y el endeudamiento del país al FMI.
Es urgente rechazar en las calles y mediante la huelga general no solo la creciente presencia imperialista en el país sino el ataque a las condiciones de vida de las y los trabajadores para ponerlo al servicio del enriquecimiento acelerado de los nuevos administradores del Estado, las transnacionales y el FMI.
La política imperialista de Donald Trump ha enarbolado como justificación de su intervencionismo, la supuesta lucha contra el “narcoterrorismo” y la “extrema izquierda”. Y ellos mismos han demostrado la falsedad de sus acusaciones, tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, terminaron reconociendo las propias autoridades estadounidenses que no existía el supuesto “Cartel de Los Soles”. Los años 90 y 2000, los gobiernos neoliberales con su política de erradicación de la hoja de coca, facilitaron el ingreso de la DEA estadounidense que hoy vuelve a operar en calidad de asesores. Esta presencia militar estadounidense es sinónimo de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales e impunidad. Buscan criminalizar la hoja de coca, y a la par mantener blindados las estructuras del poder económico que utiliza los negocios ilegales para blanquear y fugar sus capitales.
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Es urgente que se investiguen todas las redes del narcotráfico, el blanqueo de capitales, la fuga de capitales, la corrupción y el tráfico de influencias. Que se investigue a Mariaca, a Zeballos y a todos los funcionarios que correspondan, que se investigue a las autoridades gubernamentales ligados al caso narcomaderas y a las maletas de oro. Pero también que se investigue a Cerimedo, sus vínculos políticos y empresariales y todas las relaciones con el gobierno de Paz. Sabemos que esta investigación es imposible en las condiciones actuales. Las organizaciones obreras, campesinas y populares debemos incluir en nuestros pliegos de demandas la urgente conformación de una Comisión Investigadora Independiente, formada por personalidades propuestas por las organizaciones en lucha y movilizadas, única manera de garantizar una investigación independiente que llegue hasta el hueso y de con todos y cada uno de los responsables de todos los casos abiertos por el escándalo Cerimedo.
¡Fuera el imperialismo de Bolivia y América Latina!¡Fuera la DEA!
¡Por una comisión independiente para investigar todas las denuncias!
¡Abajo el estado de excepción!
¡Preparar la huelga general contra el ajuste del FMI y el gobierno empresarial de Paz!
¡Por una salida obrera campesina y del pueblo pobre!
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